Contraloría detectó irregularidades en compra millonaria de semáforos en gestión de Luis Castañeda | #NoTePases

Semáforos que no funcionaban, personal que no contaba con la experiencia técnica exigida, equipos y cámaras que debían estar interconectados pero no lo estaban, bienes alojados en un local sin las condiciones de seguridad idóneas. Todo ello fue detectado en el reciente y más grande proyecto de semaforización inteligente de la capital; sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya ha pagado más de S/65 millones (de un total de S/118’628.151,10) al consorcio que ganó la instalación. Se trata de una de las obras más costosas que se licitaron durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Lo dicho en el párrafo anterior es un resumen de las conclusiones a las que llegó el Órgano de Control Institucional (OCI) que tiene la Contraloría General de la República en la MML. Estas fueron publicadas a fines del año pasado en un informe que este Diario revisó.

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La supervisión del OCI se hizo de octubre a diciembre del 2019. Ahí advierten que se ha incumplido lo estipulado en el contrato, del 2 de julio del 2018, entre la MML y el consorcio Gestión Movilidad Lima, integrado por la multinacional española Indra, la austríaca Kapsch Trafficcom Transportation y la peruana Yachay Telecomunicaciones.

Según el acuerdo, el consorcio debía instalar semáforos en 289 intersecciones en la capital (un promedio de cuatro o cinco semáforos por intersección), tanto vehiculares como peatonales, y para ello tenía un plazo de junio del 2018 a febrero del 2019. Estos tenían que estar integrados en un nuevo centro de control y gestión de tránsito manejado por el área usuaria Protránsito de la MML. Pero los tiempos de los resultados 1, 2, 3 y 4 (de un total de 7) no se cumplieron. Según el contrato, debieron entregarse como máximo en noviembre del 2018. A la fecha el proyecto está en un 89,53%, dice el informe.

Lo más grave para el OCI es que la municipalidad autorizó pagar S/65’245.482,30 (S/47’451.259,63 dados en la gestión de Castañeda y S/17’794.222,67 en la administración de Jorge Muñoz), a pesar de “los retrasos injustificados en los que incurrió el contratista”. Estas tardanzas eran de al menos 31 días en la entrega de los semáforos y 159 días en la instalación y puesta en marcha de los mismos, lo que, a criterio del ente de control, pone en riesgo el cobro de una penalidad de unos S/11 millones.

— Más de una deficiencia —

Pero eso no es todo. Para ganar la buena pro (esta fue dada por unanimidad el 5 de junio del 2018), Gestión Movilidad Lima aseguró que contaba con el personal con la experiencia adecuada para llevar a cabo el proyecto.

Sin embargo, el OCI señaló que el jefe de la obra y cinco especialistas presentados por el consorcio no tenían ingresos al país al momento de ejecutar el contrato. De igual modo, advirtieron que el contratista presentó como sus reemplazos a trabajadores “sin acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos: perfil, experiencia, colegiatura y habilitación”.

La entidad también identificó que “se incumplieron especificaciones técnicas establecidas en las bases” cuando realizaron la inspección in situ. Por ejemplo, detectaron semáforos peatonales, en al menos siete intersecciones, que no funcionaban; así como contadores no operativos en 41 lugares. De igual forma, no se habían instalado cámaras domo y las puestas no estaban activas en 4 intersecciones. No existían sensores Bluetooth y los cables de suministros de energía en 27 intersecciones estaban expuestos a la intemperie. El informe concluye con dos observaciones más: la primera es que la gestión de Castañeda y la de Muñoz designaron para la supervisión del proyecto a funcionarios que no cumplían “con el perfil mínimo requerido” y, además, no se convocó un nuevo proceso para seleccionar a una supervisora externa.

Por último, dijeron que, en agosto del 2019, constataron que los semáforos y sus equipos auxiliares estaban alojados en un local elegido por el contratista en la cuadra 8 de la Av. Tingo María (Cercado de Lima), sin las medidas de seguridad idóneas que les permita diferenciar el producto de otros ya almacenados. El informe de OCI fue recibido por la MML el 26 de diciembre para que la comuna tome acciones, pues el contrato sigue vigente.

— Investigación —

Fernando Perera, jefe de Protránsito de la MML, afirmó a El Comercio que cada una de las observaciones presentadas por la contraloría será investigada y, de ser el caso, refutada. Indicó que ya se le envió un plan de acción al organismo de control el pasado 24 de enero para corregir los señalamientos que hicieron en su informe de fines del 2019.

El funcionario dijo que si bien el contrato de licitación del proyecto de semaforización de Lima tiene algunas debilidades, la mayoría de las razones por las que no cumplió con los plazos establecidos se debe a razones ajenas al contratista. Por ejemplo, obras como las de los Panamericanos o permisos municipales o gubernamentales, y el cambio de gobierno hicieron demorar la instalación de los diferentes semáforos.

“De todas maneras vamos a investigar y eso es lo que le hemos informado a la contraloría. [...] Lo más importante es que las observaciones se levanten para que el proyecto no se caiga”, indicó.

El jefe de Protránsito dijo que para fines de febrero esperan que el proyecto esté completo. Es decir, entrará en funcionamiento al 100% la nueva red semafórica de la capital: más de 10 mil semáforos en 704 intersecciones de 26 distritos de Lima.