Las entregas de dinero que podrían hundir a Andrés Hurtado: el lunes se decide su futuro legal

El futuro legal de Andrés Hurtado Grados se define este lunes 30 de setiembre. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, decidió reprogramar la audiencia de prisión preventiva contra el presentador televisivo conocido como Chibolin, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Javier Miu Lei para el próximo lunes 30 de setiembre, a las 9 de la mañana. Esto, luego de que los abogados de los implicados indicaran que fueron notificados con muy poco tiempo de antelación respecto a solicitud de la Fiscalía, por lo que no han tenido el tiempo para preparar una defensa adecuada.

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Cabe precisar que el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de Hurtado y los demás implicados fue presentado la noche del jueves, a las 22:00 horas, por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en referencia a los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Asimismo, mediante un comunicado, el Ministerio Público también informó que se dispuso la formalización de la investigación preparatoria en contra de todos ellos, incluido Iván Siucho Neira.

Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones a su salud, según refirió. Desde aquel momento, Hurtado pasó estar detenido de manera preliminar en la Prefectura de Lima, por un periodo de 7 días. Dicho plazo venció el último jueves 26.

“A la Dra. Peralta le han notificado el requerimiento de prisión preventiva y todos sus anexos aproximadamente al mediodía (de ayer viernes), y la audiencia la estamos llevando a cabo a las 3 de la tarde. No han pasado ni tres horas. Estamos frente a documentación voluminosa, imputaciones de coautoría de tres hechos. Todo esto grafica un cuadro objetivo de complejidad. Solicito que no se instale la audiencia en garantía al derecho de contar con un tiempo razonable para poder estructurar una defensa eficaz”, manifestó Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, al pedir una intervención.

Del mismo modo, Luis Castillo Berrocal, abogado del señor Mui Lei, sostuvo que entre martes y miércoles la carpeta fiscal estaba comprendida por cerca de 6 tomos, mientras que al día de ayer ya bordeaba los 14. Además, dijo que hay información a la que la defensa accedió recién la mañana de ayer, y que aun la está procesando. “Recién fuimos notificados del requerimiento de prisión preventiva a las 12 y 30. Vamos a solicitar que nos habilite más días calendario para poder organizar correctamente la defesa y aportar elementos de convicción que acrediten nuestra posición, así como el tema de los arraigos”, agregó.

Por su parte, Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, también hizo referencia a que las defensas fueron notificadas alrededor del mediodía; además, que en su caso, ha requerido al Ministerio Público la copia de la carpeta fiscal a efectos de “poder atender todos los actos de investigación que han sido propuestos durante el desarrollo de la misma, pero que hasta el momento ha sido atendido parcialmente”. “Me tengo que adherir a los pedidos señalados en atención al ejercicio del derecho del plazo razonable y la defensa eficaz”, dijo.

Tras escuchar los argumentos de las defensas de los implicados, así como la posición de la fiscal Alejandra Cárdenas, el juez Juan Carlos Checkley decidió reprogramar la audiencia para el siguiente lunes.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos le atribuye a los involucrados la comisión de los siguientes ilícitos, por lo cual presentó el requerimiento de prisión preventiva en su contra:

• Devolución de oro a empresa de Augusto Mui Lei: Se imputa a la fiscal Elizabeth Peralta, que ofreció interceder influencias reales ante el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas para que Augusto Javier Mui Lei pague la cantidad de un millón de dólares, ventaja adinerada que fue entregada por intermedio de la familia Siucho Neira, en efectivo. La primera entrega fue de 500 mil dólares. Para ello, el señor Martin Siucho Neira (hermano de Iván Siucho Neira) acudió a recoger este dinero a casa de Augusto Javier Mui Lei y quien se lo entregó fue Diego Mui Lei (hermano de Augusto Mui Lei) en una bolsa negra, en la cual estaban los 500 mil dólares solicitados, que luego fue entregada en la casa de Andrés Hurtado y recibida por su empleado.
• 80 mil dólares para investigar a Jimmy Pflucker: En los años 2020-2021 la fiscal Peralta habría, por intermedio de Andrés Hurtado, hecho prometer, solicitado y/o recibido montos de dinero (aprox. 80 mil dólares) a Augusto Javier Mui Lei con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas de este ilícito, en contra de la persona jurídica Paltarumi SAC, que tiene como accionista y/o representante a Jimmy Pflucker Pinillos; dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Mui Lei, debido a que la empresa era su competencia directa en las actividades comerciales mineras a las que se dedicaba.
• 100 mil dólares para no seguir con investigación a Quantico: Se imputa que Andrés Hurtado en coautoría con la fiscal Elizabeth Peralta habrían hecho prometer, solicitado y/o recibido montos de dinero (aprox. 100 mil dólares) para que no se continúe con una investigación en contra de la persona jurídica Quantico Servicios Integrados SAC e Iván Siucho Neira, sin embargo, a pesar del pago de 20 mil dólares que habría entregado Iván Siucho Neira, la investigación por lavado de activos continuó.

Sobre Jimmy Pflucker Pinillos, cabe mencionar que se trata de un empresario peruano-estadounidense accionista mayoritario de Paltarumi, una moderna planta procesadora de oro que opera en Barranca. Él es investigado por la fiscalía anticorrupción, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) y la División de Investigación de Lavado Procedente del Tráfico Ilícito de Drogas (Divila).

Desde junio del 2023, la Fecor analiza una denuncia contra Pflucker por supuestamente integrar o promover una organización criminal. En otra denuncia presentada ese mismo año en la Cuarta Fiscalía de la Fecor, lo acusan de apropiarse de terrenos en la zona industrial de Lurín. En tanto, la Primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos tiene una denuncia contra él por actos de conversión y transferencia abierta a pedido de un equipo PNP de la Divila.

En tanto, a los hechos tomados en cuenta por la fiscalía para requerir prisión preventiva contra los involucrados, se suma las recientes dos grabaciones de audios y video contenidas en un USB durante la intervención de la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta, durante el proceso de allanamiento. Las conversaciones contenidas en las grabaciones revelarían actos de corrupción en los exámenes de ascenso en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y en las investigaciones por lavado de activos que la fiscalía realiza a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al exsecretario general de dicho partido y actual gobernador de Cajamarca, Joaquín Ramírez.

El material fue transcrito por los fiscales, que han identificado con claridad la voz de la fiscal Peralta, como el interlocutor femenino. La Fiscalía no da detalles sobre el tipo y características de las imágenes que contendría el material audiovisual. En ambos casos, las segundases voces pertenecen a dos hombres, uno diferente en cada ocasión.

En tanto, la Fiscalía solicitó el pasado miércoles, el impedimento de salida del país por el plazo de 15 días en contra de Roxana del Águila, la exsuperintendente nacional de Migraciones, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.

La solicitud fue hecha por la fiscal Mónica Silva Escudero, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Lima Centro.

El último martes, como parte de las diligencias que se realizan en el marco del caso que involucra a Andrés Hurtado, el Poder Judicial ordenó el allanamiento (con descerraje de ser el caso) a propiedades del presentador de televisión, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei. Todos ellos enfrentan investigación por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La medida fue declarada fundada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley.

Los bienes allanados fueron los siguientes: domicilio de Andrés Hurtado en Malecón Cisneros (Miraflores); domicilio de Elizabeth Peralta en calle Las Orquídeas en Lince, otra vivienda en calle Las Campanilla, urbanización Parque de Monterrico, en Ate, así como su oficina del jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima; y domicilios de Augusto Miu Lei en Surco y Piura.

Respecto al proceso de allanamiento de la vivienda de Hurtado, en Miraflores, representantes del Ministerio Público llegaron hasta el edificio ubicado en la cuadra 5 de Malecón Cisneros, sin embargo, durante las primeras horas no pudieron ingresar. Fiscalía solicitó a la Defensoría Pública que envíe un representante para proceder al allanamiento, ya que que el abogado del investigado no se hacía presente en el lugar.

Percy Sampén, quien dijo ser parte del estudio Riera, llegó luego de algunas horas para participar como abogado defensor en el acto de allanamiento. El Poder Judicial también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presentador a fin de que se “visualice y/o extraiga la información de los teléfonos móviles, memorias telefónicas (chips), memorias USB, discos duros externos, tablets, cámaras fotográficas, ordenadores incautados en los inmuebles allanados”.

Como parte de las citaciones para que los tres investigados en mención (Hurtado, Peralta Santur y Miu Lei) acudan a la sede del Ministerio Público para declarar, se conoció que el pasado martes, la fiscal de lavado de activos, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, una vez en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se acogió al derecho de guardar silencio.

Su abogado Benji Espinoza indicó que su cliente tenía “la mejor voluntad de declarar”, pero que él mismo le aconsejó que no lo hiciera ya que considera que por parte de la fiscalía no existe la más mínima intención de escucharla, pues dicha instancia solicitó la detención preliminar de la magistrada “sin ningún tipo de argumento”.

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“Mi cliente quería decir la verdad, pero resulta que la fiscalía, sin ningún tipo de argumento, requiere la detención preliminar judicial. El juez, para proteger su derecho, ha dicho que no se cumplen los requisitos del artículo 261, en consecuencia, no hay peligro procesal porque (Peralta) entregó sus pasaportes, se allanó a las investigaciones y estamos dispuestos a que se abran sus cuentas, sus teléfonos. La pregunta es ¿a qué está jugando la fiscalía? Es claro que la fiscalía no quiere escuchar a mi cliente”, señaló.

Espinoza agregó que la fiscalía refiere que la fiscal Peralta tiene grandes signos de poder económico, sin embargo, sostuvo que en una visita inopinada del Ministerio Público a sus despachos solo se le encontró 35 dólares y 2.200 soles, cantidad que afirma no es mucha. También precisó que Peralta está en libertad porque desde el día uno la defensa ha presentado todos sus arraigos.

“Tiene un solo domicilio en Salamanca, que además el juez ha verificado que la propia policía, cuando ha ejecutado las acciones de vigilancia, la ha encontrado adentro. (Durante audiencia) la doctora ha permanecido en silencio, bajo mi recomendación. El silencio es un derecho”, resaltó.