Augusto Cáceres: las razones de la fiscalía para acusarlo de corrupción y el vínculo con el nuevo alcalde de San Borja

Al alcalde elegido por Acción Popular, quien hace poco más de un mes declaraba persona “non grata” al presidente Pedro Castillo debido a las investigaciones que se le sigue por presunta corrupción, se le atribuye los delitos de colusión, negociación incompatible y organización criminal para favorecer la contratación del Consorcio San Isidro Verde por un monto de más de S/ 44 millones y con ello obtener ingresos ilícitos.

LEE TAMBIÉN: Alcalde de San Isidro denunciará y buscará declarar a Aníbal Torres “persona no grata” en su distrito

Junto a él fueron detenidos otros seis funcionarios de San Isidro y se allanaron 14 inmuebles y cuatro oficinas de la municipalidad y de la empresa consorciada. Para todos los involucrados la orden de detención preliminar rige por siete días

“Hemos detenido a los principales funcionarios que tienen que ver con la suscripción del contrato y la fiscalización de la ejecución del trabajo que viene realizando el consorcio, que no está acorde a las bases integradas del contrato”, explicó Freddy López, director contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El abogado del alcalde y exministro del gobierno aprista Aurelio Pastor señaló que Augusto Cáceres está colaborando con la investigación. “Hay una orden judicial para allanar el domicilio y detener a un grupo de funcionarios. Esto se aclarará en los próximos días. No hay nada relevante que se haya encontrado acá, solo el Ministerio Público decidió llevar una laptop y una computadora como parte de las diligencias”, dijo a la prensa.

LEE TAMBIÉN: San Isidro: sujeto disparó a empresario, lo capturaron, pero fue dejado en libertad

Más de un año de investigación

De acuerdo con el documento de ampliación de diligencias preliminares, con fecha 17 de noviembre de 2022, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al que El Comercio tuvo acceso, los hechos irregulares habrían iniciado con la convocación del concurso público para la adjudicación del servicio de mantenimiento de áreas verdes en el año 2021, cuando Cáceres tenía dos años como alcalde de San Isidro.

Tras un previo otorgamiento de buena pro al Consorcio San Isidro Ecológico, anulado por el Poder Judicial, el 13 de mayo de ese año la municipalidad convocó a un segundo concurso público en el que postuló dicha sociedad y el Consorcio San Isidro Verde (C & E Corporation S.A.C. y Terra World Corporation S.A.C.), que finalmente se hizo de la buena pro por un monto de por S/48′189,341.20 soles tras una evaluación de apenas siete días.

LEE TAMBIÉN: “Queremos que vuelva el patrullaje permanente extraordinario a San Isidro” | Entrevista

Dos de los hechos relevantes para la fiscalía es que antes del otorgamiento de la buena pro, uno de los miembros del comité seleccionador fue reemplazado por Luis Alberto Ramírez Alvarado, quien luego pasaría a trabajar en el consorcio ganador. También se señala que, pese a la existencia de dicho comité, la revisión de toda la documentación de los postores fuera realizada por una sola persona: la operadora de la subgerencia de Logística, Denisse Rubio.

También se cuestiona que uno de los miembros del comité, Ramírez Alvarado, no quisiera solicitar la subsanación de documentos del Consorcio San Isidro Ecológico, que finalmente no ganó la buena pro. Luego él pasaría trabajar para el consorcio ganador: San Isidro Verde. Calero Ríos, otro de los investigados trabajó como supervisor de Terra World Corporation S.A.C. luego de ser integrante del comité de selección.

LEE TAMBIÉN: El nuevo Mercado Municipal de San Isidro abre sus puertas tras ser cerrado en 2020

Advertencias

La primera advertencia llegó a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio que el 19 de julio informó al alcalde Augusto Cáceres sobre “presuntas irregularidades en la admisión, calificación y otorgamiento de la buena pro al Consorcio San Isidro Verde” reseñadas en el informe N° 021-2021-OCI/2165-SCC.

Dicho documento advertía que el postor no acreditaba en su integridad documentación ni requisitos de calificación y que contaba con documentación inexacta, “afectando la transparencia e integridad del procedimiento de selección y poniendo en riesgo el servicio de áreas verdes en beneficio de la ciudadanía”.

LEE TAMBIÉN: Lanzan nuevo proyecto inmobiliario smart en San Isidro con inversión de S/62,5 millones

Entre los requisitos incompletos se advertía que el equipamiento para el servicio, como motos y camiones cisterna, no tenían la antigüedad requerida y el personal tampoco contaba con la experiencia solicitada. De igual forma, se pedía un postor con monto facturado de 53 millones por servicios iguales o similares durante ocho años anteriores a la presentación de ofertas. Las empresas de Consorcio San Isidro Verde, sin embargo, llegaban a los 39 millones en 5 años.

Según la fiscalía, Consorcio San Isidro Verde también “habría presentado dos contratos falsos con montos millonarias para acreditar experiencia del postor, por cuanto pesaban sobre estas deudas coactivas con Sunat y no contaba con personal en planilla”.

Con las advertencias, el mismo comité de selección solicitó declarar nula la buena pro al no haberse absuelto algunas observaciones claves de la OCI.

LEE TAMBIÉN: ¿Qué precios alcanzan los departamentos de lujo y en qué distritos se ubican los más caros de Lima?

Reunión clave

Pese a todo, tres días antes de la firma del contrato, realizada el 3 de agosto del 2021, hubo una reunión entre el alcalde de San Isidro y sus principales funcionarios – hoy todos detenidos – en los que se ignoran las recomendaciones.

Según la investigación de la fiscalía, en dicha reunión Ninapaitán Delgado “habría señalado que no podía caerse la suscripción del contrato” porque el servicio se venía dando por órdenes de servicio. “Sin embargo dicha preocupación habría estado motivada -en realidad- por una suma de dinero que le habría entregado el investigado Félix Aznarán Infantes en su condición de asesor ‘en la sombra’ del consorcio San Isidro Verde, con quien además habría tenido vinculación anteriormente así como con la investigada Loayza Pinedo por cuanto todos laboraban en la Municipalidad de San Borja”, indica la carpeta fiscal. La tesis de fiscalía es que Cáceres habría tenido la misma motivación “por la existencia y/o entrega de una suma de dinero de por medio”.

LEE TAMBIÉN: San Isidro: personas con discapacidad podrán llevar talleres y cursos en local de la Omaped

De precios excesivos a viajes a Tarapoto

De acuerdo con las investigaciones preliminares, se cuestiona que el precio unitario que ofertó Consorcio San Isidro Verde fue de 45,50 soles por metro cuadrado. Lo que en un solo mes significaba el pago de S/49′875.847,84 por el total del área verde a atender (1′096.172,48 m²). Es decir, en solo un mes de servicio se cubría el total del monto contractual. Con el plazo de prestación de servicio (1.095 días calendario), los pagos alcanzarían a S/1.795′530.522,24. Es decir, más de 36 veces el pago contratado.

Se cuestiona además que la ejecución del servicio se inició parcialmente una semana después de lo estipulado en el contrato y con maquinaria incompleta. También se mencionan supuestos arreglos consensuados entre los funcionarios claves del municipio para “cuadrar” informes presuntamente inflados sobre el servicio para el pago y para no penalizar incumplimientos en temas de riego, sembrado de plantas, tamaño de las plantas solicitadas, cobrar por deshierbo como si fuera sembrado de Grass (el primero costaba S/0,00475 por m² y el segundo, S/31) entre otros.

La fiscalía advierte que dos funcionarios de gestión ambiental habrían sido retribuidos por la empresa con pasajes a Tarapoto para enero del 2022. El documento fiscal que solicita la ampliación de diligencias preliminares incluye chats de Whatsapp donde presuntamente se coordinaba pasajes aéreos para los funcionarios pagados por el consorcio ganador, así como transcripciones de audio sobre ofrecimientos de dinero.

LEE TAMBIÉN: San Isidro: Cae banda de narcotraficantes que pretendían enviar droga a España

Dos políticos involucrados

Según las investigaciones de la fiscalía, los presuntos favorecimientos al Consorcio San Isidro tenían como finalidad aportar a las campañas políticas de Manuel Alejandro Masías Oyanguren, candidato a la alcaldía de Miraflores por Alianza para el Progreso, y Marco Antonio Álvarez Vargas, candidato para la alcaldía de San Borja por Renovación Popular. El segundo fue elegido.

“La presunta forma de obtener aportes ilícitos para las referidas campañas políticas sería mediante las ganancias obtenidas por la inaplicación de penalidades, la inflación de las valorizaciones y con las órdenes de servicio emitidas a favor de la empresa J &M Ingenieros, la cual pertenecería al investigado Rojas Robles”, señala el documento.

Según la fiscalía, Etni Abihail Flores Barriga, representante del consorcio, tenía “pleno conocimiento” de dichos aportes ilícitos a las campañas incluyendo otra modalidad mediante el pago de adicionales al contrato por concepto de “dotaciones extra de césped”.

LEE TAMBIÉN: Viviendas en Lince frente a San Isidro: Precio representa un 70% del valor en el distrito top

El Comercio se intentó comunicar por teléfono en reiteradas ocasiones conÁlvarez para conocer sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no contestó las llamadas. El área de Prensa de Renovación Popular, partido por el cual fue electo Álvarez, indicó que tampoco podía comunicarse con el virtual burgomaestre de San Borja.

Por su parte, Manual Masías dijo mostrarse sorprendido y que no tenía declaración que ofrecer “toda vez que sobre el caso que les ocupa carezco de cualquier vínculo o relación que se me pueda imputar”.

En total, son 29 personas naturales y jurídicas involucrados en la investigación fiscal por la presunta comisión de delitos de colusión, negociación incompatible, encubrimiento real y organización criminal en agravio del Estado.

Hoy finalmente fueron detenidos, además de Cáceres, Nancy Mercedes Ninapaitán Delgado (Gerente Municipal), Manuel Raúl Enríquez Anaya (Gerente de Ética e Integridad), Mariella Emilia Hidalgo Carrera (Gerente de Administración y Finanzas), Esther Genoveva Baylon Salvador (Sub Gerente he Logística), Etni Abihail Flores Barriga (representante del consorcio) Y Eliab Lozano Mozombite (representante del consorcio).

Además…

Otras investigaciones

En octubre del 2020, este Diario reveló que la gestión de Augusto Cáceres gastó casi S/ 22 mil para plantar 55 árboles de quina que no pueden crecer en Lima. Cada planta cuesta entre S/20 y S/60, pero la comuna pagó casi S/400.

Ese mes, también denunció el desembolso de S/34.200 para el alquiler de 12 cortadoras de césped, de las cuales solo llegaron cinco que ni siquiera funcionaban. En noviembre de ese año, los vecinos del distrito iniciaron el proceso para la revocatoria del y seis de los nueve regidores del concejo denunciando deficiencias, escasa fiscalización y falta de diálogo con las juntas vecinales