Justicia penal eficaz y oportuna, por Gino Costa
Justicia penal eficaz y oportuna, por Gino Costa
Gino Costa

No hay seguridad ciudadana sin una justicia penal eficaz y oportuna. Si fracasa la prevención, es preciso investigar el delito para dar con sus autores y someterlos a la justicia. A esta, le corresponde imponerles una sanción, que represente no solo un castigo para los infractores, sino también una advertencia para potenciales transgresores. Cuando la justicia penal no existe o funciona mal, impera la impunidad, que alienta el delito.

Es lo que ocurre en el Perú, donde una fracción muy pequeña de las infracciones es efectivamente castigada. Según el INEI, solo el 14% se denuncia y, de ellas, no más de una décima parte son sancionadas. Por ello, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el 92% de limeños cree que la justicia no castiga correctamente y el 98% opina que no es expedita. Esto explica que ocupemos el último lugar en satisfacción con la justicia en el ránking continental del Barómetro de las Américas.

Es, pues, urgente remediar esta situación, lo que obliga a involucrar a todos los actores judiciales concernidos, a la sociedad civil y a los partidos políticos en un acuerdo nacional por la justicia. Tres de los aspectos más importantes del acuerdo son los siguientes.

Primero, descentralizar la justicia penal y adecuarla al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) para garantizar su presencia en los principales distritos del país y permitir su rápida e inmediata acción. Los juzgados de flagrancia son un ejemplo por seguir, pero se debe revisar la legislación para evitar la desproporción de penas y favorecer medidas alternativas como la multa, los trabajos comunitarios u otras. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo universidades del crimen y, al paso que vamos, estallarán.

En relación con los adolescentes, la justicia restaurativa, aplicable a infracciones no graves y no violentas, ha demostrado dar muy buenos resultados y ser mucho más barata que el encierro. Su extensión a la justicia penal de adultos debe ser evaluada.
Segundo, implementar la Sala Penal Nacional, para procesar y sentenciar a los integrantes de estructuras dedicadas al narcotráfico, las extorsiones, el sicariato y otras formas de delito complejo. Mientras que la descentralización de la justicia penal debería ayudar a reducir el delito callejero y las altas tasas de victimización por delincuencia que nos caracteriza, el fortalecimiento centralizado del sistema contra el crimen organizado debería permitir frenar el crimen violento y su penetración en el sistema institucional.

Tercero, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargado de seleccionar, evaluar, investigar y sancionar a jueces y fiscales. La actual configuración constitucional del CNM ha hecho de él un mercado de intereses, no ha impedido la influencia política, ni lo ha blindado de la corrupción.

La reforma del sistema de justicia es una prioridad para el desarrollo institucional del país. Debe serlo también para el próximo gobierno, al que le corresponde comprometer a jueces y fiscales, así como a la sociedad civil, en esta impostergable tarea.