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Hace un mes el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, en Independencia, era noticia luego de que una escolar muriera tras consumir pastillas de clonazepam como parte de un supuesto reto viral. La última semana, dos alumnos del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho fueron intervenidos dentro de la institución educativa con armas de fuego dentro de sus mochilas. Los casos espigados no solo elevan la preocupación que se vive dentro de las aulas escolares, también revelan la ausencia de un acompañamiento integral dentro de los colegios y problemas que no fueron abordados de manera oportuna.
Una muestra de ello es que en 2011 se publicó la ley 29719, la cual promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Un año después la norma se reglamentaría y en ella se declara la necesidad de designar al menos un profesional en psicología en cada institución educativa. Sin embargo, de ello poco o nada se cumple. Según información proporcionada por el Ministerio de Educación (Minedu) a El Comercio solo hay 2.291 psicólogos para un total de 82.734 mil colegios públicos de educación básica en todo el Perú. Es decir, solo se cubre el 2.7% de las plazas que se necesitan.
Además, los psicólogos contratados actualmente por el Minedu no están adjudicados a un centro educativo, tal como indica la ley, sino que tienen un grupo de escuelas a su cargo, lo cual, según precisa el Colegio de Psicólogos del Perú (CPP), no termina siendo eficiente.
“La ley no se cumple. Los pocos psicólogos contratados por la Dirección Regional de Educación no están asignados a un solo colegio, sino que van a visitar instituciones y eso hace que se pierda la continuidad. No se garantiza una continuidad ni el conocimiento en detalle del entorno”, señala a El Comercio, Miguel Vallejos Flores, el decano de este colegio profesional.
En lo que va del 2023, solo en Lima -una de las regiones con mayor número de colegios- solo se contrataron 399 psicólogos, la misma cantidad registrada en el 2022.
Según señaló el Minedu en un comunicado a este diario “los psicólogos están destinados a las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC), los Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y la Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada”.
Si bien la mencionada ley 29719 nace para erradicar la violencia escolar y el bullying dentro de los colegios, para la doctora July Caballero, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), la norma es mucho más profunda, “porque permite acompañar de manera integral a los jóvenes, abordar otros problemas de comportamiento y mejorar la convivencia escolar”.
“El tema de la salud mental depende mucho de los entornos, del contexto, de la misma comunidad. Y la comunidad educativa la conforman varios actores sociales, los mismos estudiantes, los padres de familia, los tutores, los docentes y el personal que está en la institución educativa. Y si hay un personal de psicología, creemos, que ayuda, contribuye”, señaló en declaraciones a El Comercio.
La adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, coincide también en que “la ley no solo previene el bullying. Un psicólogo puede hacer otras cosas y la prevención de la violencia escolar no es un tema solamente de un profesional”, detallo a El Comercio.
Demora e Implementación progresiva
En 2018, a través de la ley 30797 se modifica la Ley General de Educación en lo concerniente a la incorporación del personal de psicología a la comunidad educativa. En esta se detalla que la integración de los psicólogos “será implementada de forma progresiva, conforme a la programación y disponibilidad presupuestal del pliego del Ministerio de Educación”.
El Minedu se basa precisamente en esta modificación para señalar que con este cambio no se obliga a la contratación inmediata de psicólogos. Algo que es criticado no solo por los colegios profesionales, sino también por la Asociación de Padres de Familia (Apafas).
“Es lamentable la falta de sensibilidad por parte del Minedu y de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de esta norma. Vemos dese hace años como en los colegios se siguen presentando episodios de violencia y bullying y no se hace nada. Los profesores no se dan abasto para cumplir esa tarea de acompañar a los alumnos, por eso la contratación de psicólogos en los colegios es una obligación”, señaló Edgar Trejo Cuentas, presidente de la Coordinadora nacional de padres y Apafas del Perú.
Trejo señala que han enviado diversos documentos al Minedu para tratar precisamente el tema de la contratación de psicólogos en los colegios. Sin embargo, por parte del ministerio “no hay apertura al diálogo”. La misma exhortación fue realizada por el CPP. La respuesta desde el la cartera de Educación, señalan, es siempre la misma: “el presupuesto es limitado”.
De hecho, el Minedu justificó a través de un comunicado enviado a la redacción de este diario, porqué se han contratado tan pocos psicólogos. “A pesar de los esfuerzos para seguir integrando a psicólogos como personal en las instituciones educativas, el presupuesto con el que se cuenta es limitado; y la oferta de profesionales de la psicología especialistas en Educación o con formación para trabajar en las escuelas no es suficiente para cubrir el total de instituciones educativas a nivel nacional”.
Mientras ello ocurre, los episodios de violencia se siguen registrando. Un informe de EC DATA, publicado hace unas semanas, reveló que en ocho años se han registrado 44.338 denuncias por violencia física y psicológica en los colegios en el portal SíSeve. Igual de preocupante es que aún se tienen más de 2.000 casos no resueltos desde el 2015, pese a que la norma indica que deben atenderse y cerrarse en un máximo de 75 días.
Falta de psicólogos
Según datos del Colegio de Psicólogos del Perú, actualmente son 55 mil profesionales colegiados en todo el país y se estima que hay alrededor de 15 mil no están colegiados. “Si la norma pide un psicólogo por colegio, el número de profesionales en la actualidad es insuficiente. Hay una brecha, que se puede apreciar mucho más en regiones, en donde no hay la cantidad de psicólogos necesarios”, señala July Caballero, directora de Salud Mental del Minsa.
La Defensoría del Pueblo, en esa misma línea, señala que “la realidad supera la norma y es evidente que en nuestro país no existe la cantidad de psicólogos y eso hace que esa disposición normativa de la ley no se cumpla. En nuestro país es humanamente imposible conseguir tantos psicólogos para todas las escuelas”, indicó la adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña.
No obstante, Cobeñas resaltó que “la tensión, la prevención de la violencia escolar y la gestión de la convivencia escolar no se soluciona solo con la participación de un psicólogo... Es importante, sí, pero no determinante. Es un trabajo muy disciplinario, porque estamos hablando de problemas de un ser humano que está en proceso de crecimiento, de formación y necesita el acompañamiento, la visión de diferentes disciplinas”, dijo a este diario.
Respecto a ello, el Colegio de Psicólogos del Perú le propuso al Minedu que los estudiantes de psicología de los últimos ciclos puedan realizar intervenciones en los colegios. “Se puede generar un espacio donde, por ejemplo, los 110 mil estudiantes que hay en universidades puedan incorporarse a la comunidad educativa y que esta se convierta en su centro de prácticas y hacer toda una red”, señaló Miguel Vallejos.
Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos de Lima, precisa que si bien la ley señala la necesidad de tener un psicólogo por cada escuela, hay instituciones educativas que tienen mil alumnos o dos mil alumnos. “Entonces uno solo para esa cantidad de alumnos, no es suficiente. Entonces creemos que el plano ideal es un psicólogo cada 300 o 500 alumnos. Esa debería ser la medida”, señaló a El Comercio.
En el colegio Dora Mayer de Bellavista (Callao), que fue noticia hace un mes por la supuesta amenaza de un alumno de atacar a su compañeros con un arma de fuego, la visita de los psicólogos es muy esporádica, señala Ana Rojas, madre de un alumno de 14 años. “Han venido alguna vez a dar charlas a los chicos, pero no están con ellos en el día a día. Hay cosas que los jóvenes no cuentan a sus padres, sino que buscan a alguien de confianza y que tenga estrategias para llegar a ellos”, cuenta a El Comercio.
Docentes sobrepasados
“Si bien el primer eslabón en la cadena educativa es el docente, estos muchas vece s se ven superados por el día a día y no advierten algunos problemas de conducta o bulliyng”, señala Edgar Trejo Cuentas, presidente de la Coordinadora nacional de padres y Apafas del Perú.
El decano del CPP señala que puede haber buena voluntad y empatía por parte de los docentes, pero estos no tienen las herramientas profesionales que un psicólogo posee para advertir comportamientos de inusuales. “En una comunidad educativa hay entre 30 a 60 docentes y que se incorpore un psicólogo, es una buena inversión para la comunidad, para la institución educativa, para la familia, para los profesores y los alumnos. Desde todo ámbito es provechoso”.
Desde el Minsa, “se han establecido estrategias para fortalecer capacidades de docentes en relación a la promoción de habilidades socioemocionales e identificación de riesgos en niños y niñas para la atención oportuna en los servicios de salud”, señala la doctora Caballero. Una vez advertidos estos casos, son derivados a los Centros de Salud Comunitarios, donde se presta el primer nivel de atención en temas de salud mental.
La Defensoría del Pueblo según el reglamento de la ley 29719 es una de la instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa. De hecho en uno de sus últimos informes referidos a la prevención de la violencia escolar en el entorno escolar, comprobó que las Direcciones Regionales de Educación cumplían con tener un psicólogo profesional para atender la supervisión de las instituciones educativas sobre la gestión de la convivencia escolar.
“No hay un psicólogo por colegio. Las autoridades educativas han tratado de solucionar este problema contratando un psicólogo para varias escuelas, para un grupo de escuelas”, indica Cobeñas.
Colegios privados
Respecto a los colegios privados, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició 359 fiscalizaciones a nivel nacional, en el marco de la campaña escolar ‘De vuelta al Cole 2023′, con la finalidad de verificar si los colegios privados cuentan con un psicólogo titulado, colegiado y habilitado. Como resultado, se tiene a la fecha 196 fiscalizaciones en trámite y 163 culminadas. De las culminadas, se determinó que 140 colegios sí cuentan con un psicólogo, lo cual representa el 86% de cumplimiento.
Indecopi, señaló, que en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, realiza acciones de fiscalización de forma permanente para garantizar que los colegios privados, además de brindar un servicio idóneo, aseguren las condiciones mínimas de calidad a los estudiantes, lo que incluye la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la convivencia sin violencia (Ley 29179) entre los alumnos en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Dentro de las obligaciones fiscalizadas se encuentra la de verificar que los colegios privados cuenten con el apoyo de un profesional en Psicología titulado, colegiado y habilitado, además “Conformar el Consejo Educativo Institucional o el Equipo encargado de la promoción e implementación de Convivencia sin Violencia, tener un Plan de Convivencia Democrática, establecer las normas de convivencia consensuada a nivel institucional y a nivel de aulas, contar con el Libro de Registro de Incidencias, estar afiliado al sistema SíseVe, verificar el cumplimiento efectivo de las normas de sana convivencia durante la prestación del servicio educativo.
Si se detectan conductas infractoras, el colegio podrían recibir una sanción por parte de las áreas resolutivas del Indecopi, en el marco de un procedimiento sancionador. Dicha sanción puede ser una amonestación o una multa de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2´227,500.00.
