“Esta es la chacra del jefe: uno como policía de tránsito no puede chocar con su chacra. El efectivo que se mete con sus paraderos y multa a las combis que le pagan al día siguiente lo sacan”. La historia que contaremos a continuación permite explicar cómo funciona la cadena de sobornos entre autoridades policiales y el transporte informal, con base en testimonios de agentes de tránsito removidos de sus cargos por no querer “adaptarse al servicio”.
Si ya nos quejábamos del tráfico, el ruido y la contaminación, lo que viene ahora va a ser aún peor. El escuadrón de policías de tránsito encargado de erradicar paraderos informales de Lima fue removido por órdenes “que vienen de arriba”, según los propios agentes que lo integraban. La división de tránsito de la PNP deja así el terreno libre a las combis piratas y taxis colectivos que tantas muertes han ocasionado.
LEE TAMBIÉN: El WhatsApp de los colectiveros informales que ahora tienen el respaldo del MTC
El motivo de esta decisión es alarmante. Este grupo de policías de la división de tránsito, cuya labor era multar y evitar las enormes colas de combis piratas que se forman bajo los principales puentes de Lima, fue retirado “por no colaborar con los jefes”, según testimonios a los que accedió El Comercio.
“Yo trabajaba en la Policía de Tránsito Lima en toda la Panamericana Sur, cono norte, Centro de Lima. Éramos un grupo de cinco a seis y nos sacaron a todos. Cuando ponía la papeleta me llamaba un jefe, me llamaba otro jefe, ‘que déjalo’, ‘que es mi amigo’. Resulta que en octubre pasado me hacen un informe y me sacan de Tránsito a mí, aduciendo que yo no me adaptaba al servicio. Me lo dijeron: ‘A ti te están sacando porque mucho jodes a los paraderos de los jefes’”, dice el primer policía de este escuadrón entrevistado.
Este Diario recorrió durante días los paraderos donde él y otros agentes trabajaban y constató que ya son zonas liberadas. Incluso, pudimos ver que la propia Autoridad del Transporte Urbano (ATU), que suele trabajar junto con policías, ahora fiscalizaba sin su apoyo. Dos de estos inspectores, además, nos dijeron que “se ha reducido” la presencia policial.
“Ellos [los policías] cobran 2 mil, 3 mil, hasta 5 mil por paradero. Por ejemplo, en el puente Atocongo hay un sujeto que tiene 90 colectivos informales, ellos pagan hasta S/5 mil por paradero, en un solo sentido. A ellos no se les puede ni tocar, son intocables. Al de Atocongo le dicen Jesuco. El policía que se acerque a ellos el otro día está cambiado”, sostiene.
El caos ahora es total. Carriles completos ocupados por minivanes en Puente Nuevo, Alipio Ponce, Primavera y Caquetá. No hay un solo policía de tránsito que lo impida. Según nuestra fuente, antes de que lo removieran de la unidad, durante años se imponían papeletas, pero desaparecían del sistema. “Yo le ponía a un carro tres multas, por ejemplo, y desaparecían dos. ‘¿Oye y esto?’. ‘Es orden del jefe’, me decían. Como el jefe recibía su billete mensual, el ‘propietario’ del paradero lo llamaba directamente: ‘Oye, le han puesto papeleta a tal carro’. ‘Ok, no te preocupes: ya no hay papeleta’”, cuenta.
Según otros dos testimonios de agentes de este escuadrón, las minivanes de Puente Nuevo pagan entre S/10 y S/15 semanales cada una, es decir, un promedio de S/50 al mes cada vehículo. Por las 90 minivanes, se estarían juntando unos S/4.500. Y solo por un paradero, en un sentido, por ejemplo de este a oeste. La foto aérea que abre este reportaje es de esa zona.
Lo mismo ocurre en los puentes de la jurisdicción policial de Sagitario (Atocongo, Alipio, Primavera) y en el puente Caquetá. Los sujetos que coordinan con la policía no están en los paraderos: todo lo coordinan por grupos de WhatsApp.
Una cuarta fuente policial removida del escuadrón asegura que los policías que no se “adaptaban al servicio” eran obligados a pagar cupos para no ser removidos. “Lamentablemente, en la Policía de Tránsito se trabaja así. Cuando a uno lo quieren sacar, el jefe le dice: ‘Arréglame’. Cinco mil o seis mil soles tienen que darle al jefe para que no lo saquen’”, explica.
Para Lino de la Barrera, abogado experto en temas de transporte y extitular de la Dirección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la delincuencia ha ganado terreno debido a que existe una red que soborna a las autoridades encargadas de fiscalizarla.
“Ahora se ha mezclado la informalidad y su protección a través de gente organizada que cobra cupos para pagar autoridades, o los protege con violencia. Esta mezcla no se ha visto en el pasado ni en los niveles de ahora”, dijo. Considera que el empadronamiento de taxis colectivos sin requisitos, impulsado por Juan Silva en el MTC, es la “cereza del pastel” de la informalidad no controlada.
Los sujetos que coordinan con la policía no están en los paraderos: todo lo coordinan por grupos de WhatsApp, en los que alertan cuando un vehículo pirata ha sido multado, para pedir que la policía de tránsito no la ingrese al sistema, según nuestra fuente policial.
Si bien el taxi colectivo fue legalizado fuera de Lima, pareciera que la orden fue hacerlo también en la capital.
HERMETISMO
Desde el viernes 25, este Diario intenta obtener los descargos del coronel PNP Javier Vela Arangoitia, jefe de la División de Tránsito y Seguridad Vial, a través de su área de imagen, sin éxito. También escribimos a los dos correos de la Dirección General de Imagen de la PNP, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Taxistas en complicidad con empresa de transporte bloquean avenida para que sus buses pasen [VIDEOS]
- Repartija navideña en la Sutrán: la historia detrás del empadronamiento de taxis colectivos | VIDEO
- #Notepases: La Nueva Estrella acumuló S/2,7 millones en multas desde el 2020
- Contrarreforma del transporte: todo lo que hay detrás de la norma que deja que cualquiera haga taxi colectivo