Lima se ha edificado en gran medida con el ladrillo de Huachipa. A diario, miles de bloques de arcilla se queman aquí en hornos abiertos que le dan a esta zona del valle del río Rímac –o de lo que queda de este– un aspecto tóxico, deletéreo. He aquí la paradoja de la capital: las ladrilleras que aportan el insumo básico con el que se construyó la ciudad en las últimas tres décadas estarían, según un reciente estudio, destruyendo el ecosistema que las alberga.
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Las ladrilleras aparecieron en Huachipa, centro poblado del distrito de Lurigancho-Chosica, en la década del 80 y adquirieron cierta formalidad en la primera gestión como alcalde de Luis Castañeda Lossio cuando su teniente alcalde, Hernán Aparicio Lembcke, firmó una resolución que cambió la zonificación del lugar. Entre formales e informales, hay al menos 22 ladrilleras funcionando.
En todos estos años la población de Huachipa presentó decenas de denuncias ante las autoridades. En los últimos cinco, la vecina Maritza Wagner ingresó más de 16 denuncias ante la Municipalidad de Lima (MML), la comuna de Lurigancho-Chosica y el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). Este año, técnicos del área de medio ambiente de la MML instalaron cuatro puntos de monitoreo de la calidad del aire cerca de las ladrilleras. Los registros son más que alarmantes.
Según el Informe 631-2021, del 1 de julio último, en todos los puntos la cantidad de material particulado duplica, triplica y hasta cuadruplica los estándares de calidad ambiental para aire aprobados por el Ministerio del Ambiente (Minam).
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Un punto de medición se ubicó en la asociación de vivienda Casa Huerta El Paraíso. Ahí viven alrededor de 500 personas, pero existen otras asociaciones con más gente. También hay un colegio que antes de la pandemia acogía a 1.500 alumnos. Junto a estas poblaciones funciona la ladrillera Nacional S.A.C.
Según la presidenta de esta asociación, Rosario Cárdenas, los primeros vecinos llegaron en 1971, antes que las ladrilleras. Hace cuatro años, ella dialogó con el representante de la ladrillera Nacional, Tirso Gonzales, y este negó que su empresa contaminara y usara materiales tóxicos para prender sus hornos. Según ella, él dijo que no usaban combustible más limpio (como el gas) por su costo. “Aquella vez solo logramos que elevaran sus chimeneas”, cuenta Cárdenas.
El citado informe del municipio de Lima determinó que usaban aserrín y estiércol para prender los hornos de varias ladrilleras.
Según el neumólogo José Luis Cabrera, la exposición constante a este tipo de partículas contaminantes a corto plaza genera alergias, irritación o tos. A mediano o largo plazo, respirar este aire podría provocar fibrosis pulmonar, asma y cáncer.
Decisión de la MML
Quince días después de este informe contundente, el 16 de julio pasado, el concejo metropolitano (a propuesta del Instituto Metropolitano de Planificación) aprobó la Ordenanza 2383 con la nueva zonificación de Huachipa.
Si bien se asegura en ella que ladrilleras y adoberas informales no serán regularizadas y deberán salir, la norma municipal –decisión que es rechazada por los vecinos– permite que las formales sigan operando hasta su plan de cierre.
Según el ingeniero ambiental Anderson Huayna –exfuncionario de la MML que estuvo a cargo del Informe 631–, lo que la ordenanza hace es ordenar el territorio para que las ladrilleras informales sean erradicadas y las formales se adapten a tecnologías más limpias. En cambio, para los vecinos la MML está avalando la permanencia de las ladrilleras pese a los reclamos.
El problema, afirma Huayna, es que el Minam no ha aprobado hasta ahora los límites máximos permisibles (LMP) para ladrilleras (como se ha hecho para cementeras) y eso dificulta sancionarlas.
Se conoció que el OEFA realizó 14 acciones de supervisión durante el 2019, pero sin muestreos de campo. En el 2020, sus supervisiones fueron de gabinete, según admitieron en una comunicación a la MML. La Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica sancionó en el 2020 a las ladrilleras Los Cedros del Inca, Ñoño, La Capitana y Huañec y a varias otras en condición de clandestinas. Todas las mencionadas no contaban con licencia municipal.
Descargos de la MML: “Esta ordenanza protege el medio ambiente de la zona”
El presidente del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), Juan Espinola, dijo a El Comercio que la Ordenanza 2383-2021 prohíbe que nuevas ladrilleras se instalen en esta zona de Huachipa y que la continuidad de las formales se debe a que estas ya tienen derechos adquiridos.
La propuesta de zonificación presentada por su entidad –y aprobada por el concejo metropolitano– es, afirma, un instrumento útil para resolver los problemas ambientales del lugar que no tenía una reglamentación clara.
Sin embargo, aun cuando esta norma prohíbe la actividad de ladrilleras en la zona, varias de estas (formales, pero que tienen prácticas contaminantes) seguirán funcionando.
El funcionario de la MML no precisó hasta cuándo seguirán operando. ¿Podrían ser 50 años más? Espinola explicó que la ordenanza prohíbe las actividades que contaminen o depreden el suelo y eso permitirá a las entidades competentes una mejor fiscalización de estas ladrilleras.
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