"Las leyes no son el problema", por Gino Costa
"Las leyes no son el problema", por Gino Costa
Gino Costa

Cada quien tiene su respuesta a la creciente inseguridad. Unos alcaldes quieren a los militares en la calle; otros, a los serenos con armamento no letal; y el Gobierno, nuevas leyes. En el mejor de los casos, son fórmulas parciales presentadas como “salvadoras”, como si los militares, el armamento no letal o las leyes duras fueran el componente que está faltando para que la seguridad funcione. Ojalá fuera así de sencillo. 

Tenemos a los militares más de diez años en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y el terrorismo aún no ha sido derrotado. Y en cuanto al narcotráfico, muy bien, gracias. No ha sido el patrullaje militar, sino la inteligencia policial la que ha dado los golpes más importantes a Sendero Luminoso en los últimos años. Si allá no funcionó, ¿por qué tendría que funcionar acá?

Lo mismo se puede decir del endurecimiento penal, que está en curso hace varios años y no ha frenado la espiral de violencia, sino que parece haberla acelerado gracias a la sobrepoblación carcelaria que ha generado, pues no pudimos ampliar con la misma rapidez la capacidad de albergue del sistema penitenciario ni establecer un sistema de penas alternativas.

No me opongo a la delegación de facultades ni a que se hagan los ajustes legales que sean necesarios, pero el sustento de las mismas es demasiado general; el sesgo, claramente policial; y los temas en algunos casos, redundantes, pues ya fueron parte de la delegación de facultades de hace tres años.

Hay, además, omisiones preocupantes, pues nada se dice en el pedido de facultades de algunos de los asuntos medulares como la progresiva eliminación del sistema 24x24 (un día de trabajo por un día de franco), la corrupción y los gravísimos problemas de gestión policial, y las dificultades de la cooperación policial con los municipios.

Tengamos en cuenta que tampoco han sido incluidos temas claves en la lucha contra el lavado de activos, como la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, y el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario y la reserva tributaria. 

De modo que le haría bien al gobierno no generar expectativas desmedidas, porque la delincuencia no caerá con estas medidas, como se ha dicho. Tampoco debería perder más tiempo del necesario en la tarea legislativa, porque ahí no está el problema principal. El marco normativo existente no es, en general, deficiente; lo es la capacidad de las instituciones para aplicar la ley.

Lo que se requiere, más bien, es más liderazgo, voluntad política y capacidad de gestión para mejorar los componentes esenciales de la seguridad: la vigilancia y el patrullaje, la inteligencia y la investigación criminal, la justicia penal y el sistema penitenciario. 

Como los desafíos son grandes y al Gobierno le queda tan solo un año, sería bueno que aproveche para definir un plan de acción mínimo y realista, más operativo que estratégico, que constituya su hoja de ruta, sin dejarse llevar por la ilusión de que las facultades delegadas son el comienzo y el fin de su política de seguridad.