Lima al borde de un ataque de nervios, por Ruiz de Somocurcio

La mancha urbana de Lima empezó a morderse la cola estos días con el colapso de alguno de sus servicios claves como una advertencia de que el crecimiento sin planificación conduce a crisis inevitables.

Los últimos cinco años la capital ha visto crecer significativamente su clase media, ha ingresado un promedio de 100.000 vehículos por año, la población se ha incrementado en más de 500.000 habitantes, una gran parte de los cuales ocupó casi 6.000 hectáreas en laderas de cerros, arenales y zonas agrícolas con uso de vivienda, principalmente. El ‘boom’ inmobiliario marcó un crecimiento de la construcción sin precedentes. Y el cambio climático se encargó de arrasar las quebradas y las viviendas como advertencia de nuestra improvisación.

Esta semana, servicios claves de la ciudad entraron en crisis.

El inicio de las obras de la línea 2 del metro transformó el viaje por la Carretera Central en un suplicio. La línea 1 del metro, que moviliza a 340.000 pasajeros como sardinas, colapsó, pues esa cifra estaba prevista para el 2035. Mal planificado. El Metropolitano también se saturó y finalmente el borde costero de La Herradura y la Costa Verde sur fueron inundadas por el mar (Venecia, Barlovento). Para echar más leña al fuego la superintendente de Bienes Nacionales acaba de declarar (“Gestión”, 19/5/15) que un traficante de terrenos puede ganar S/.100.000 en 3 horas y que las ciudades con el mayor número de invasiones son Lima, Arequipa, Piura y Moquegua. Y para que no hayan dudas de que el suelo de expansión urbana para los pobres es de los traficantes de tierra, este último martes 2.000 invasores ocuparon Tablada de Lurín, a las puertas de Lima. Fueron desalojados, pero con seguridad regresarán. 

Esta forma masiva de invasión es la clásica y la más dramática. Tiene a la cabeza un traficante que empadrona, cobra, organiza y elige el terreno. Adicionalmente, consigue documentos y legitima la invasión y eventualmente logra un aval político. En este caso, señalan los invasores que el alcalde de Lurín, Carlos Palomino, les había ofrecido el terreno. La explicación es muy sencilla. De los 150.000 habitantes que cada año aumentan en Lima, por lo menos 10.000 familias no tienen ningún acceso a una vivienda, pues están fuera del mercado y las políticas gubernamentales.

Todo lo anterior es síntoma de una ciudad que ha crecido en gran parte informalmente, sin una hoja de ruta y sin ninguna conexión entre los tomadores de decisión sobre los componentes claves que estructuran una ciudad.

El metro tiene una autoridad, el Metropolitano otra, la provisión y manejo del agua otra, el manejo del suelo otra, la vivienda otra, la Costa Verde otra. Todas desconectadas.
Esto configura una frágil estructura de gobierno que no es la que una metrópoli como Lima necesita. Hoy más que nunca, mientras no se tenga un nuevo marco legislativo para la capital, la concertación entre actores es indispensable. ¿Quién le pasa el cascabel al gato? Tiene que ser el alcalde de Lima.