Lima: ¿cuáles son los distritos que han presentado conflictos territoriales alrededor de los años?

Luego de que un equipo de la campaña #PasaEnLaCalle de El Comercio expusiera la lucha existente entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia, la afectación que sufren los vecinos debido a las zonas limítrofes no definidas ha vuelto a formar parte de la opinión pública. Así como estas dos jurisdicciones, existen otras que presentan un problema similar.

Cabe resaltar que Alejandrina Molina, abogada civil de Estudio Linares, explicó a este Diario que cuando hay una disputa entre dos distritos se recurre a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, de acuerdo con lo estipulado en la Décimo Tercera Disposición Complementaria.

La ley señala que, tratándose de predios donde dos o más jurisdicciones reclaman tributos municipales, serán válidos los pagos efectuados al territorio al que corresponda el predio según su inscripción en el registro de propiedad inmueble. En caso de predios que no cuenten con una inscripción registral, serán válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente.

Surco y Chorrillos

En el 2013, los entonces alcaldes Roberto Gómez Baca y Augusto Miyashiro, de Surco y Chorrillos respectivamente, protagonizaron ante cámaras una fuerte discusión por la posesión de más de 57 urbanizaciones.

La discusión se produjo en un sector de la urbanización La Encantada, los vecinos de la zona sostuvieron que desde hace años se sentían insatisfechos con los servicios brindados por Chorrillos.

Señalaron la falta de seguridad y el no recojo de basura. Por esa razón expresaron su intención de pertenecer a Surco. En ese sentido, algunos vecinos empezaron a pagar arbitrios e impuestos a dicho distrito.

Como se recuerda, la Municipalidad de Surco publicó el 31 de mayo del 2013 en el diario oficial El Peruano un acuerdo de concejo en el que declaró la existencia de conflicto de límites territoriales con Chorrillos.

Cuatro años después, la disputa entre los dos distritos tuvo un nuevo capítulo. En uno de los accesos a La Encantada, el personal municipal de Chorrillos colocó dos paneles con el mensaje “la urbanización La Encantada, Las Brisas de Villa, Huertos de Villa y San Juan Bautista se encuentran en Chorrillos. Quien se crea surcano puede vender su predio y comprar [un terreno] en Surco para cumplir su deseo”.

San Isidro y Magdalena del Mar

El problema entre ambos distritos nació hace ocho décadas por la falta de precisión al momento de determinar los límites territoriales. Cuando la urbanización de San Isidro se separó de Miraflores para formar un nuevo distrito en 1931, no se precisó con exactitud las fronteras con Magdalena del Mar que, en 1920, tras 48 años de existencia, se había elevado a la categoría de distrito.

Eso hizo que, en un principio, ambos distritos disputaran un total de 42 cuadras, sin embargo, esta zona de conflicto se terminó limitando a las avenidas Salaverry, Pershing, Juan de Aliaga y el Malecón Bernales.

Pese a que, en julio del 2015, la Municipalidad de Lima emitió un informe en el que se definían los alcances entre ambos distritos, los problemas siguieron.

El exburgomaestre de San Isidro, Manuel Velarde denunció penalmente a su par de Magdalena, Francis Allison, por presuntamente haber otorgado licencias en la zona en conflicto. Mientras tanto, el exalcalde de Magdalena anunció que iba a denunciar a Velarde y al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) por colusión contra su distrito, tras difusión del informe.

Ese mismo año, serenos de Magdalena y San Isidro protagonizaron una batalla campal en el parque La Pera del Amor.

En diálogo con El Comercio, el personal municipal de San Isidro mencionó que, en el 2015, un fallo del IMP le otorgó 33 manzanas a San Isidro y elevó el informe a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Sin embargo, Magdalena no lo aceptó (...). Se ha instalado una comisión de límites para tratar todos los aspectos relacionados a este tema, la cual está integrada por funcionarios de la municipalidad y cuenta con la participación de los vecinos”, agregó.

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“Para la gestión actual (2023-2026) es muy importante dejar en claro que se hará valer el respeto a los límites del distrito, siempre en el marco de la Ley y la propia historia. Nuestro objetivo es salvaguardar a los residentes y evitar cualquier pretensión de hacer proyectos que vulneren las normas metropolitanas y distritales, como ya ha ocurrido anteriormente”, culminó.

Posteriormente, en el 2018, vecinos de San Isidro hicieron una denuncia pública por la repentina aparición de señalizaciones firmadas por la Municipalidad de Magdalena que nombraban las calles del distrito.

Ate y La Molina

En el 2017, serenos y vecinos de las municipalidades de La Molina y Ate se enfrentaron y dejaron heridos en la calle Bucaramanga. Esta riña se inició debido a que la Municipalidad de La Molina colocó unas 80 macetas a lo largo de toda la berma que divide ambos distritos y que la jurisdicción de Ate reclamaba como suya.

La calle se encuentra en disputa desde hace varios años ya que antes estaba dividida por una reja que separaba ambas jurisdicciones. Los residentes de Ate reclamaban que la malla metálica bloqueaba la salida de los vehículos hacia la avenida Javier Prado.

Los vecinos de La Molina dijeron que la división ofrecía una mayor seguridad a la zona ya que evitaba el ingreso de cualquier persona. En el 2005, el juez Gonzales Barrera ordenó el retiro de esta reja dejando simplemente una berma como división.

Este año (2023), los vecinos de Ate denunciaron que las rejas volvieron a la zona.

San Juan de Lurigancho y Huarochirí

Hace cuatro años, un numeroso grupo de vecinos de San Juan de Lurigancho realizó una marcha por las calles del distrito para protestar contra una consulta popular que pretendía definir la demarcación territorial con la provincia de Huarochirí.

El exalcalde Álex Gonzáles consideró que no se debería hacer ninguna consulta popular debido a que “el territorio de San Juan de Lurigancho es intangible”.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional. No tenemos nada pendiente con ningún distrito, esta es una movilización pacífica. Solo queremos que se cumpla la ley de creación del distrito, ya tenemos todos los límites establecidos por ley y lo que pretenden las autoridades de Huarochirí es mutilar el 50% de San Juan de Lurigancho”, sostuvo el exburgomaestre.

Cabe recordar que el Gobierno Regional de Lima había informado que decidió presentar una solicitud a la PCM y al Viceministerio de Gobernanza Territorial, requiriendo la emisión de una resolución ministerial para aprobar el desarrollo de una consulta ciudadana con el fin de definir la demarcación territorial.

Otro caso: el muro de la vergüenza

El muro está ubicado a la altura del asentamiento humano La Florida, entre Villa María del Triunfo y la urbanización Las Praderas, de La Molina. Fue durante los años 80 cuando empezó su construcción, aunque solamente se levantó una parte; sin embargo, en el 2011 la gran pared fue terminada.

Es una construcción que tiene 4.5 kilómetros de largo. Más que un problema limítrofe, el gran muro que separa los mencionados distritos se ha convertido durante muchos años en un motivo por el que algunas personas han expresado su descontento señalando que es una acción discriminatoria.

Por ello, el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir. Luego del análisis respectivo, dicha institución ordenó la demolición del muro, en el marco de la igualdad ante la ley y porque afecta el derecho a la libertad de tránsito de los ciudadanos.

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria del estudio Miguel Mur & Abogados, detalló a El Comercio que estos conflictos se originan debido a que la PCM no realiza las acciones de demarcación territorial necesarias para fijar los límites de cada distrito, provincia o región de tal manera que permita definir la jurisdicción.

“A la fecha existen normas como la Ley de Demarcación y Organización Territorial y el Decreto Supremo que aprueba el reglamento de esta ley. Sin embargo, no hay voluntad política para materializar el proceso”, dijo.

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Sostuvo que, si se le ha iniciado a los ciudadanos un procedimiento de cobranza coactiva de obligaciones tributarias por predios ubicados en zonas en las que existe conflicto entre municipalidades, se puede pedir su suspensión a través de una queja, sosteniéndose del numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Finalmente, Malca mencionó que los vecinos que se encuentran en una situación de falta de delimitación territorial enfrentan una serie de problemas. “No saben dónde indicar que domicilian en contratos, más de una municipalidad les cobra impuesto predial y reciben servicios públicos deficientes. Por ejemplo, seguridad ciudadana, recojo de basura, limpieza pública, entre otros”, agregó.