Luis Delgado-Aparicio: la última columna escrita en El Comercio

El domingo 20 se cumplen 12 años de la tragedia de la discoteca Utopía y pareciese que esta recién hubiera ocurrido porque el tiempo es como el sueño: pasa rápido. Estremecidos por la pena y el infortunio, esta es la prueba más difícil que hemos afrontado en la vida, luchando contra la corrupción que hace cera y pabilo la magistratura y no cejando nunca los padres para obtener justicia. 

Nuestro asedio radica en responsabilizar legalmente a los culpables por la muerte de 29 jóvenes. Al carecer de argumentos, usan todas las armas vedadas para demorar el proceso, interrumpirlo y sacarnos de quicio, al extremo de invocar hasta la prescripción. Por unanimidad, tanto la Sala Penal Permanente, la Social Constitucional y el Juzgado no la ampararon. Así, enfrentamos el proceso más largo del planeta, ya que la doctrina y jurisprudencia mundial sostienen que un juicio de esta naturaleza dura entre tres y cuatro años; ergo, nosotros tenemos el infausto récord en el mundo.

Alan Azizollahoff y Edgar Paz pensaron por consejo de su abogado y apoderado, Alberto Quimper, que eran dueños del consenso en la fiscalía y judicatura, una suerte de seguro a la impunidad a base de que su fuente de recursos (casinos, tragamonedas y discotecas) les brindaría, mágicamente, una garantía imposible de traspasar. Eran intocables y hasta nos interpusieron un hábeas corpus que no prosperó para impedirnos declarar a los medios, extremo que demuestra con rigor la calidad de sujetos que son. Hoy, prófugos de la justicia, Interpol los busca desde el pasado 10 de abril  en direcciones proporcionadas por nosotros a los medios; obviamente, ya no son habidos.

Este pantanal que hemos atravesado a rastras no se lo deseamos a nadie, tal como escribimos en esta página de Opinión “Que jamás se repita” (18 de abril). Empero, al apelar la sentencia del 8 de abril, la señora jueza provisional del Vigésimo Primer Juzgado, en total desconocimiento de la normativa, nos ha denegado la apelación sosteniendo que solo debe ser por la reparación civil y no por la tipificación penal. Ergo, hemos recurrido en queja ante la Corte Superior al violarse el Decreto Legislativo 124 y el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. Además, vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución de 1993.

Así, capítulos, tomos y libros son papel mojado en tinta, los códigos parecen escritos en arameo y la jurisprudencia en latín. Es que todo se torna enigmático, torcido y dislocado de lo que debe ser un sistema judicial probo cuyas páginas seminales, como está debidamente demostrado, son de oprobio. Este es un proceso pernicioso que hemos enderezado y que no tiene comparación, con escollos, tropiezos y obstáculos de toda naturaleza. Una contundente prueba de la corrupción judicial existente y por la que sin duda varios deberían estar presos en una evidente, clara e incuestionable violación de la legalidad. Semejante despropósito pone en serio peligro los derechos de personas naturales y jurídicas, así como la inversión nacional y extranjera, ya que padecer de la falta de Justicia es una aberración. Estos hechos relatados son la pura verdad, aunque usted no lo crea.