Corrupción en Lurín: los delitos que se le imputan al fiscal Ricardo Rojas cuyos inmuebles fueron allanados

¿Qué es lo que ocurrió? Te lo contamos a continuación:

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1. Es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y organización criminal

Según la resolución judicial con la que se dispuso el allanamiento de los inmuebles y la incautación de los bienes, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos -y al que tuvo acceso este Diario-, el fiscal es investigado por la presunta comisión de esos dos delitos. La investigación por cohecho empezó en setiembre del 2019. Luego, en enero del 2020, la investigación se amplió por organización criminal y alternativamente banda criminal. Además, la pesquisa se extendió contra el fiscal provincial Rubén Astocondor Armas y el fiscal adjunto provincial Ítalo Carlo Morales Gil por los mismos delitos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur.

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2. Se le acusa de recibir dinero de miembros la organización criminal Los Secos del Sur para favorecerlos

En setiembre del 2019, en un programa de TV dominical, el alcalde de Pachacamac, Guillermo Pomez Cano, y los pobladores de la comunidad campesina de Llanavilla denunciaron la existencia de una mafia que trafica con terrenos en la zona con total impunidad, coludidos con policías, fiscales y jueces. Indican que gracias a estas autoridades corruptas, los miembros de la organización criminal Los Secos del Sur, intervenidos el año anterior, fueron liberados, se lee en el documento.

El alcalde, incluso, denuncia que delincuentes lo vienen amenazando de muerte a él y sus familiares por las gestiones que realiza para recuperar zonas intangibles invadidas por los traficantes de terreno. Señala que ha pedido medidas de protección y seguridad, pero no se los han brindado.

La resolución judicial da detalles de Los Secos del Sur. En marzo del 2018, durante un megaoperativo en la que participaron 700 policías, 23 personas vinculadas a esta organización fueron capturadas en Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Manchay y San Bartolo. Los delitos que se les imputaban era tráfico de terreno, extorsión y sicariato en Manchay. Durante el operativo, se incautaron armas, municiones, miles de dólares en los inmuebles de los detenidos, incluso uno de ellos registraría antecedentes penales. Sin embargo, pese a todo esto, cerca de dos años después estarían libres y habrían vuelto a Manchay a cometer sus actos ilícitos.

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El caso de Los Secos del Sur estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, pero la Segunda Sala de Apelaciones de Lima anuló la detención judicial y desestimó los cargos en su contra, indicando que no se trataría de una organización criminal, por lo que tratándose de un delito menor se dispuso que pase a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lurín, a cargo de Rojas León, “por lo que este último estaría llevando la investigación contra la organización criminal a la cual habría favorecido, recibiendo dinero por parte de Bernardino Esplana Enriquez”.

En el documento se menciona que un aspirante a colaborador eficaz señaló que Bernardino Esplana Enríquez, a quien se acusa de ser el cabecilla de Los Secos del Sur, se reunía con el fiscal Ricardo Cesar Rojas León, supuestamente.

“Acudimos a la CT San Juan de Miraflores, en una cevichería, donde nos reunimos con el fiscal titular de la Primera Fiscalía de Villa Alejandro, el Dr. Rojas, a fin de que aperture instrucción en su contra y/o archive los procesos en su contra, a cambio entregaba un sobre conteniendo dinero, 3.000 soles aproximadamente, dependiendo del caso llega hasta 15.000 soles”, confesó.

“En Lurín, en el restaurante Huancauasi, donde se reunía con el fiscal titular de la Segunda Fiscalía de Villa Alejandro, a fin de que no aperture instrucción en su contra y/o archive los procesos, también le entregaba dinero al igual que al otro fiscal, en similares cantidades. En el año 2016 fue uno de los más recientes, el archivamiento de una denuncia que hizo una pobladora de Pampa Chica, en el cual le dio 300 mil soles al fiscal”, agregó.

En merito a la declaración del testigo protegido con clave de reserva de identidad número 7-2020, se señala en el documento, se conoció que el fiscal habría recibido de Lady Pinto Ríos de Cárdenas dinero [se habría tratado de 5.000 dólares, según se lee más adelante en el documento], “en circunstancias en que la persona antes mencionada habría acudido a las inmediaciones del parque Villa Alejandro, cerca de la Fiscalía de Lurín, e ingresado a un vehículo de color blanco donde se encontraba el investigado [el fiscal], lugar donde le hizo entrega de un sobre conteniendo el dinero en efectivo con el fin de que la excluya de la investigación fiscal seguida contra Bernardino Esplana y otros por el delito de lavado de activos y otros, el mismo que al parecer correspondería a un parte de dinero que presuntamente habría sido previamente acordado”.

Posteriormente, en setiembre el 2020, una persona dio su testimonio y le dijo al Ministerio Público conocer al fiscal Rojas León. Relató que haber escuchado que integrantes de la comunidad campesina Llanavilla le solicitaron apoyo en las investigaciones en su contra a cambio de dinero.

“Asimismo, señaló que al interior de las reuniones de la junta directiva en las que participó Bernardino Esplana Enríquez, en donde este manifestaba que las denuncias y los casos que tenían estaban ´arreglados´, vinculados a los casos que tenía a su cargo el fiscal Ricardo Rojas”, se indica en el documento.

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Posteriormente, en mayo de este año, el testigo protegido con clave de reserva de identidad número 1-2021 relató a la fiscalía que, en marzo del 2018, en el local de la Divincri de la avenida España, presenció y escuchó, supuestamente, que el fiscal le advirtió a Hilda tener cuidado, “tú no me conoces, ni mes has visto y si me mencionas, atente a las consecuencias”.

Agregó que cuando estaban reunidos en el local de Pampachica, entre agosto y setiembre del 2016, Bernardino Esplana les manifestó que le estaban pidiendo 25.000 soles para que archive el proceso de lavado de activos; asimismo, Lady Pinto les manifestó que le había pedido 10 mil dólares y que ya le había dado la mitad.

También narró que, en abril del 2018, acudió al penal de Ancón I y los mandó a llamar con el personal del INPE. Ahí el fiscal, presuntamente, le dijo a Esplana: “Esa cojuda de la Milagros me está denunciando, tú Esplana no me conoces, no me has dado nada y yo te voy a ayudar en ese caso de lavado de activos y yo también te voy a ayudar para que salgas de aquí”.

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3. Un testigo protegido fue asesinado

En la resolución judicial, se menciona que, en junio de este año, el Ministerio Público fue notificado por la Unidad de Víctimas y Testigos de Lima Sur que el testigo protegido con clave de reserva de identidad número 7-2020 fue asesinado por desconocidos en Pachacamac.

Luego del homicidio, otra persona con clave de reserva número 7-2020-1 se apersonó a la fiscalía y confesó que había recibido amenazas desde hace una semana antes de la muerte de la anterior y que le hacían seguimiento.

También en junio, un testigo protegido con clave número 2-2021 brindó su declaración y dijo que el fiscal tenía conocimiento de los datos y nombres de los testigos protegidos en la investigación, y que en una oportunidad le manifestó que le dijera a los testigos que no declaren porque no quiere hacerles daño y que él tenía gente en la Fiscalía Superior que le informaba toda la investigación.

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4. Inmuebles y bienes incautados

En la resolución judicial se dispuso el allanamiento, descerraje y registro domiciliario de los inmuebles en los que habita y labora el fiscal, con la finalidad de incautar bienes, documentos públicos y privados, instrumentos y objetos vinculados a los delitos materia de investigación y que puedan servir como pruebas en el caso.

Fueron tres inmuebles allanados: uno de tres pisos, ubicado en la calle Sur N°359, en el distrito de Ate (domicilio real); otro de dos pisos en la manzana A, lote 22, asentamiento humano Grupo 10, sexto sector, en el distrito de Villa El Salvador (domicilio real); y el tercero en la manzana H, lote 5, segundo piso, urbanización Villa Alejandro, en Lurín (domicilio laboral), esto es, en la fiscalía provincial de este distrito.

El Poder Judicial también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los teléfonos, chips, USB, entre otros.

¿Quién es el fiscal Rojas León?

A sus 44 años de edad, el abogado Ricardo Rojas León tiene más de una década como integrante del Ministerio Público. Si bien empezó su carrera en una discreta fiscalía penal de Lurín (su plaza de origen), fue en el 2015 cuando cobró notoriedad por primera vez a nivel nacional. En enero de ese año, Rojas, que estaba a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, reabrió una investigación penal contra la exprimera dama Nadine Heredia por presunto blanqueo de dinero. El hecho se dio a raíz de una denuncia de parte presentada dos meses atrás por el abogado Carlos Huerta Escate.

Acto seguido, y como respuesta a la decisión fiscal, la defensa de Heredia presentó una serie de recursos legales, alegando que la investigación fiscal era indebida ya que existía una carpeta archivada en la fiscalía por el mismo caso en el 2009. Rojas, en tanto, dijo que sus pesquisas detectaron elementos nuevos, como las transferencias de la empresa venezolana Kaysamak al entorno de la exprimera dama por US$ 87 mil, y, además, que la investigación fiscal anterior no había sido debidamente diligente. En un primer momento, la defensa de Heredia consiguió que el Poder Judicial le diera la razón y ordenó al fiscal que archivara el caso. Sin embargo, en octubre del 2015, el Tribunal Constitucional dispuso que la investigación contra Heredia continúe. No obstante, Rojas ya había sido apartado de la fiscalía de lavado de activos y, por ende, del caso.

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En septiembre de ese año, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió que Rojas regresara a su despacho de origen en Lurín como consecuencia de que una sala le había ordenado al fiscal que ya no siguiera investigando a la exprimera dama. Además, la plaza que ocupaba Rojas debía ser entregada a un magistrado titular que había sido nombrado por el hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). De modo que el acervo documentario fue trasladado a su colega Lizardo Pantoja (luego el caso pasaría al fiscal Germán Juárez, quien en la actualidad está a cargo de las pesquisas y ya presentó acusación penal contra Heredia y el expresidente Ollanta Humala por presunto lavado de activos en el marco del caso Lava Jato). La decisión de Sánchez provocó una andanada de críticas desde el Congreso, sobre todo de la bancada aprista y fujimorista. No obstante, Rojas siguió en la fiscalía penal de Lurín y no volvió a la de lavado de activos, lugar al que llegó en octubre del 2013 por disposición del entonces fiscal de la Nación José Peláez con motivo de la puesta en marcha de esa fiscalía especializada.

Al interior del Ministerio Público, es conocido que Rojas es del grupo de fiscales cercanos al exfiscal supremo Tomás Gálvez (destituido este año por la Junta Nacional de Justicia por el Caso Cuellos Blancos). De hecho, cuando Gálvez presentó, en junio del 2020, una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez por su actuación cuando era fiscal de la Nación, entre los motivos que incluyó fue el cambio de Rojas de la fiscalía de lavado de activos a Lurín.

Desde que regresó a su plaza de origen, Rojas optó por un perfil más bajo. El último caso mediático que tuvo fue en el 2017, cuando consiguió la prisión preventiva contra cuatro presuntos narcotraficantes que fueron detenidos transportando en una lancha 690 kilos de marihuana y 16 kilos de cocaína en la playa de Punta Hermosa. Ayer, como se ha señalado líneas arriba, Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que la fiscalía superior anticorrupción de Lima Sur allanara tanto su domicilio como su despacho en Lurín en el marco de una investigación contra una red de tráfico de terrenos. De acuerdo a la tesis fiscal, Rojas, aprovechándose de su cargo, les pedía dinero a los miembros de esta organización criminal denominada “Los Secos del Sur” a cambio de archivar sus investigaciones fiscales. Fuentes en el Ministerio Público remarcan la coincidencia de la caída del fiscal Rojas se da después de que Gálvez perdiera poder al interior de la institución.

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