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El Ministerio Público decidirá mañana si miembros de Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) serán investigados por crimen organizado. Esto, a raíz de un reciente informe fiscal que revela indicios de que dentro de esa institución religiosa se cometieron delitos de secuestro, lesiones graves, abusos sexuales y lavado de activos.
El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó ayer a El Comercio que mañana se definirá el caso, luego de evaluar el informe que le remitió, el 28 de abril, la fiscal María León.
Según el documento de la fiscal, Fernando Figari –fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), quien radica en Roma– y otras seis personas deben ser investigadas porque actuaron “en agravio de los ex sodálites José Enrique Escardó Steck, Martín López de Romaña, Vicente López de Romaña, Óscar Osterling Castillo y Pedro Salinas Chacaltana”, a quienes se les habría privado de su libertad desde su captación (en la adolescencia) en el Sodalicio hasta su salida definitiva.
La fiscal León también precisó en el informe que esta presunta organización criminal, que operó dentro del Sodalicio, estuvo conformada por “una agrupación de más de tres personas, liderada por Figari, que se reparte tareas en forma concertada para cometer delitos de secuestro y lavado de activos, al existir un incremento patrimonial inusual para una organización sin fines de lucro”.
“Hay un presunto auge económico irregular que desarrolló el Sodalicio a través de las donaciones de las familias de niveles socioeconómicos altos de los jóvenes captados”, se lee en el informe.
Asimismo, se recalca que el SVC estaría utilizando –al amparo de los beneficios tributarios– una serie de asociaciones y empresas vinculadas a la organización religiosa para realizar operaciones con supuestos fines lucrativos y obtener una utilidad neta, perjudicando de esta manera al Estado Peruano.
Para la fiscal, incluso debe investigarse la presunta contratación de una banda criminal por parte de empresas vinculadas al SVC para apropiarse de unos terrenos en Piura.
“Se habrían realizado presuntas operaciones financieras irregulares destinadas a transferir y colocar dinero de supuesto origen ilícito como el tráfico de tierras”, indica.
Los imputados a los que se refiere la fiscal son: Luis Fernando Figari Rodrigo, Jaime Baertl Gómez, Virgilio Eugenio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, Eduardo Antonio Regal Villa, Óscar Tokumura Tokumura y Erwin Scheuch Pol.
“Analizaremos el informe de la fiscal y el lunes [mañana] se tomará una decisión”, sostuvo Chávez.
—A favor y en contra—
Luis Vargas Valdivia, abogado de las víctimas del SVC, sostuvo que el informe de la fiscal “es contundente y claro” y reafirmaría que se trató de una organización criminal que cometió abusos contra menores.
Claudio Cajina, abogado del SVC, indicó que no ha sido notificado sobre la decisión de la fiscal. “No me han permitido en la fiscalía leer el informe. Por la información de los medios sabemos que solo se basó en un testimonio para su informe”.
Más información
El 30 de marzo, el Ministerio Público dispuso reabrir la investigación al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) por los presuntos delitos de abuso sexual y psicológico cometidos contra los jóvenes miembros en esta organización.
El fiscal superior Frank Almanza tomó esta decisión luego de que cinco ex sodálites interpusieran una queja ante la resolución de la fiscal María Peralta, quien archivó el caso.
