Más de 90 intervenidos en discoteca de SJL: PNP informa que cinco de ellos también fueron encontrados en el operativo del búnker de Pachacámac

Una fiesta se vio interrumpida cuando en la madrugada del 18 de enero la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en la discoteca Paradise, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). En el lugar, se intervino a 91 personas, entre hombres y mujeres de nacionalidad extranjera y peruana. Esto sucedió horas antes de culminar el estado de emergencia dispuesto por el gobierno de Dina Boluarte. La PNP añadió que, del grupo de intervenidos, cinco fueron encontrados anteriormente en el búnker de Pachacámac.

Cabe resaltar que los intervenidos fueron llevados a la comisaría de Santa Elizabeth, dependencia policial que estuvo en el ojo de la polémica el último fin de semana luego de que se revelara que dos agentes de este local estarían inmersos en un acto de corrupción al manipular evidencia. Todo ello quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Agentes de la PNP informaron que los sujetos intervenidos en la discoteca estarían involucrados en los delitos de extorsión, cobro de cupos, raqueteo, sicariato, robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se presume que también estarían implicados en la trata de personas.

Durante esta acción policial se incautaron cinco armas de fuego, entre ellas dos escopetas, dos revólveres calibre 38 y una pistola marca Glock que fue reportada como robada el año 2021, en el distrito de Los Olivos. Los agentes del orden también confiscaron una gran cantidad de droga sintética como tusi (120 bolsitas), éxtasis (12 pastillas) y 50 paquetes de marihuana; además de aparatos tecnológicos como cuatro laptop y 17 celulares.

Según informó la PNP, entre los detenidos se encontraban 43 varones y 45 mujeres de nacional extranjera, y tres ciudadanos peruanos. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monrroy, informó que en esta acción contra el crimen organizado participaron diferentes unidades policiales tales como la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), la División de Extranjería, y el personal de la Dirección de Investigación Criminal. “La acción fue debidamente comunicada al Ministerio Público”, aseguró.

“Esta operación se inició en horas de la madrugada y permitió sacar de circulación cinco armas de fuego, así como una gran cantidad de droga. Dicha situación permitió la detención efectiva de extranjeros y ciudadanos peruanos. Los intervenidos están siendo sometidos a revisión de su calidad migratoria”, dijo Monrroy.

En el transcurso del jueves, la gran mayoría de los intervenidos fueron liberados, quedando solo un total de 22; 19 hombres extranjeros, dos hombres peruanos y una mujer extranjera. Actualmente, estos hechos son materia de investigación por parte de la Dirincri.

El general Felipe agregó que se tiene conocimiento de que cinco de los intervenidos extranjeros también fueron encontrados en el operativo del búnker de Pachacámac, el cual ocurrió en noviembre del año pasado. En este, agentes de la PNP detuvieron a 30 delincuentes, la mayoría de nacional extranjera. Además, incautaron dos armas de fuego, una granada y tres vehículos.

“Este es un búnker que funciona como un centro de operaciones. Es un lugar donde hay concentración de ciudadanos extranjeros, casi todos no tienen identificación. Hay armas de fuego, pistolas, y una granada de guerra”, dijo el general PNP Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional.

Hasta el cierre de esta edición, la policía no informó sobre la identidad de los intervenidos, ni de los cinco personajes detenidos previamente en el búnker de Pachacámac.

El área de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho procedió a clausurar la discoteca después del operativo policial. El propietario del predio Alejandro Recharte aseguró que alquiló el local a una persona que lleva el nombre de “Edwin”. “Yo le he alquilado al señor Edwin. La fiesta es chiquita y pública, acá en la puerta registran. Ayer puse dos cámaras de seguridad para demostrar a la Policía cómo es que trabajan y cómo han ingresado”, dijo.

Aseguró que alquiló el lugar a un ciudadano peruano y que lo hacía de manera frecuente, por lo que se cuestionó cómo es que ese armamento de largo alcance ingresó a su local pasando por los controles de seguridad que dijo se realizaban en el establecimiento.

Hasta el 19 de enero, San Juan de Lurigancho se encontraba en estado de emergencia decretado por el Ejecutivo a raíz del incremento de la ola criminal en el distrito. Hasta el momento 51 asesinatos se registraron solo en esta jurisdicción durante el tiempo en que la medida estuvo vigente. El alcalde de SJL Jesús Maldonado ha pedido a la presidenta Dina Boluarte ampliar la disposición en su comuna.

El experto en seguridad ciudadana Frank Casas explicó a El Comercio que, aunque se estableció el estado de emergencia el año pasado, la vida cotidiana de los ciudadanos no se detuvo, lo que evidencia una negativa a cumplir este tipo de medidas. “Acá hay dos elementos. Primero tenemos el mercado ilegal relacionado con el contrabando de armas. Ante la poca capacidad de control por parte de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), las armas terminan perdidas o robadas. En segundo lugar, tenemos el mercado de las drogas, la entidad regulatoria que debe actuar en estos casos es Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), adscrita a la PCM”, resaltó.

El especialista añadió que es necesario tomar en cuenta el problema de la migración, y determinar si estos migrantes se encuentran en una situación de regularidad o irregularidad. “¿Qué hacía una discoteca en funcionamiento a altas horas de la noche durante el estado de emergencia? La policía debe recabar la mayor cantidad de pruebas, luego trasladarlas al fiscal para que este evalúe el caso, y así descubrir si efectivamente hay una organización criminal”, agregó.

En relación con las irregularidades expuestas en la comisaría Santa Elizabeth, Casas indicó que estas son prácticas de “microcorrupción” que afectan la confianza que tienen los ciudadanos en las autoridades. “Amerita saber cuál es la posición de la policía y del Ministerio del Interior”, dijo.

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El coronel PNP en retiro y especialista en seguridad ciudadana Miguel Ángel Barriga informó que existe un estado de aparente abandono por parte de las instituciones estatales. “El ente regulador es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Los alcaldes son los responsables políticos de sacar adelante un trabajo articulado (...). Poner rápidamente en libertad a los presuntos implicados puede hacer suponer que en algún operador de justicia hay corrupción, quienes reciben el impacto negativo son los ciudadanos”, comentó.

Agregó que no se debe permitir la impunidad, por lo que hay que sancionar a aquellos detenidos que han sido reincidentes. “Las comisarías son las células básicas de la organización policial. Si dentro de una comisaría hay malos efectivos, deben ser investigados administrativamente y, si es necesario, penalmente; pero considero que no podemos generalizar”, acotó.