¿Qué medidas evitarían tragedias como la de Larcomar?

Varias personas tuvieron que morir el último miércoles en un incendio ocurrido en el centro comercial Larcomar para que autoridades, empresarios, comunicadores y ciudadanos reflexionen sobre tragedias de este calibre: desenlaces fatales que no son producto de un desastre natural. Romper el círculo de lamentarse tras estos eventos comienza por responder la siguiente pregunta: ¿Qué responsabilidades tenemos todos en una emergencia ocurrida en un espacio público o masivo como un gran mercado o un estadio de fútbol? 

Constanza Remar Castro, del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), destaca que hay cambios que urgen desde un nivel gubernamental para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Esto empieza, por ejemplo, con la renovación indeterminada de los certificados de inspección de seguridad en edificaciones. “Hasta el 2014 se verificaban las condiciones de seguridad de una edificación cada dos años. Ello hasta que salió el decreto legislativo 1200-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Según este, si se pasaba positivamente el control una vez, ya no había necesidad de otro... nunca más”, señala la arquitecta. Con esta ley vigente, agrega, se corren varios riesgos. Muchos establecimientos comerciales alquilan extinguidores o rociadores solo para aprobar esa única revisión. 

De igual forma, Remar señala que es importante que los propietarios de los establecimientos actúen de manera responsable y organizada: “Hay una situación singular en el caso de los centros comerciales. En todos los que operan en Lima, diría yo. Sucede que no respetan el sistema integral de seguridad en edificaciones. Esto quiere decir que cuando ellos amplían sus construcciones, no avisan a la municipalidad. Buscan regularizar cuando ya han levantado un estacionamiento u otra ala de tiendas”, explica. Esto es importante, añade, porque al modificar las estructuras originales también cambian las rutas de salida y, así, los planes de emergencia o evacuación.

Por su parte, Mariana Alegre, coordinadora general del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, resalta los desafíos que enfrentan los mismos municipios al no contar con los recursos para inspeccionar todos los establecimientos de afluencia masiva que se ubican en sus respectivas jurisdicciones con regular periodicidad. Como solución sugiere implementar “una fórmula en que estas empresas privadas paguen los costos de las inspecciones para que las municipalidades puedan proceder a regularlas”. Asimismo, acota que los municipios deben dar a conocer a la ciudadanía los planes de emergencia distritales, y que los mismos ciudadanos deben tener mayor iniciativa para informarse. “Hay un desinterés en las personas por educarse y saber qué hacer a priori en un emergencia. Vivimos bajo la premisa de que a uno nunca le va a pasar algo tan trágico. Hay como una negación de que un incidente nos pueda golpear”, puntualiza Alegre.

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