Mentiras sobre los límites distritales, por Ruiz de Somocurcio

Los problemas de límites entre municipios se alimentan de esa equivocada estructura de 43 distritos en Lima que fomenta tantos caudillos como comunas. Territorialmente el conflicto viene además del proceso urbanizador de las haciendas de los tres valles de Lima a inicios del siglo pasado. Esto dio lugar a límites  a partir de accidentes naturales o parcelaciones agrarias que la expansión urbana confundió.

Esto respecto al origen. Sin embargo la pelea tiene hoy dos motivaciones: una es el dinero proveniente de las licencias, impuestos o de los terrenos que se adjudican a terceros. Luego están los votos captados de una población que puede decidir una elección.

En el problema entre Magdalena y San Isidro, que compromete a 42 manzanas, la primera comuna otorga licencias de construcción con más altura que las que reconoce San Isidro y el propio Instituto Metropolitano de Planificación (IMP). Por lo tanto, el promotor inmobiliario saca su licencia de construcción donde gana más.

En el caso de San Martín de Porres e Independencia, el problema de  límites coincide con el parque industrial. Ahí está en juego quien se queda con el impuesto predial.

Entre Surco y Chorrillos están en disputa asentamientos humanos donde viven casi cien mil personas, que por su número definen una elección. Adicionalmente podrían sumarse las urbanizaciones de Villa, Los Cedros y la Encantada, que no reciben atención de Chorrillos a pesar de que tributan. De ahí que prefieran pertenecer a Surco. En ese caso entran en juego rentas considerables, agregando más leña al fuego.

Lurín y Pachacámac se pelean una zona agrícola potencialmente urbanizable, playa y especialmente el santuario de Pachacámac. Es decir, la expectativa de cuantiosos ingresos.

En el caso de San Juan de Lurigancho y Chosica, simplemente se pelean la facultad para reconocer a traficantes de tierras. En esta zona se suma el conflicto provincial de Lima y Huarochirí por similares motivos y que ya produjo muertes.

Todo esto ocurre porque ni el Gobierno Central ni los municipios tienen una política de suelo ni de ordenamiento territorial, en la que el interés  público prevalezca. Todos los casos están envenenados.

Lo primero que hay que hacer es una propuesta de planeamiento urbano a cargo del IMP y acorde a los planes de desarrollo regional y metropolitano. A partir de esa propuesta hay dos escenarios posibles: en los conflictos en zonas urbanizadas, como San Isidro, habría que buscar mecanismos de compensación. Y en conflictos en zonas de expansión como Lurín, la comuna de Lima debería tomar el control y dividir las rentas que deje el desarrollo.

Por una maraña legal, la última palabra la tienen la PCM y el Congreso que evalúan el informe que emite el IMP. Lo razonable es respetar ese informe.

Sería un acierto de la gestión de Castañeda darle una solución a este viejo problema pero anteponiendo los intereses de la ciudad.