Mercado de frutas: su privatización sigue entrampada

El anuncio que se escucha en los parlantes preocupa a los comerciantes del Mercado Mayorista N° 2 de Frutas de La Victoria. “Mañana todos a reunión, no podemos permitir que nos cierren el mercado”, dice la voz que retumba en las esquinas del centro de abastos de más de 30 mil metros cuadrados de extensión.

Los dirigentes buscan prevenir que la Municipalidad de La Victoria clausure el local, tal como sucedió el 31 de julio con el Mercado de Frutas Modelo, que está el costado, por no cumplir las medidas de defensa civil.

Este mercado es el principal centro de abastos de fruta de la capital, y sus vendedores están preocupados por su futuro, ya que el establecimiento tampoco cumple todas las exigencias de defensa civil. A través del parlante, se busca reunir a los dirigentes que están desorganizados. Este riesgo ha traído a la superficie un problema de fondo que afecta al mercado desde hace varios años: las disputas entre los dirigentes y el futuro incierto del mercado en sí.

“Esto viene de años atrás y aún no tenemos quién nos represente”, cuenta una vendedora de piñas. Esta situación, aseguran los comerciantes, ha generado el entrampamiento de uno de los objetivos que persiguen desde hace 19 años: la privatización del mercado.

VENDEDORES PROPIETARIOS

Tal como sucedió en el otrora mercado mayorista de La Parada, en el de frutas ninguno de los 850 vendedores es propietario de su puesto de venta. El terreno fue comprado por el municipio de La Victoria en 1957 a la Sociedad Agrícola San Pablo y era administrado por la Empresa Municipal de Mercados de Lima (Emmsa).

Sin embargo, en 1996, la Ley 26569, sobre transferencia de puestos de mercados públicos, estableció mecanismos para promover la privatización del mercado y otorgó la prioridad de adquisición de sus puestos de venta a los comerciantes de ese centro de abastos.

Se inició así una disputa legal por la administración del terreno entre el municipio de La Victoria, Emmsa y los comerciantes mayoristas. Enfrentamientos que incluso llevaron a varios de sus dirigentes a la cárcel.

La situación empeoró cuando en el 2012 la Caja Metropolitana de Lima anunció que pondría en remate el mercado  (sobre el cual se constituyó una garantía hipotecaria), debido a una deuda de unos US$3 millones que el municipio de La Victoria mantiene desde hace 18 años. “Ese ha sido el principal entrampamiento para la privatización”, comenta Juan Sánchez, ex administrador electo del mercado.

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