La controversia en relación con la Carrera Pública Magisterial marcó la participación de Pedro Castillo durante la campaña electoral. En la primera vuelta, el candidato de Perú Libre mantuvo la propuesta del ideario de este partido que consistía en derogar la Ley de Reforma Magisterial (promulgada en el 2012 y que establece la meritocracia para el nombramiento de maestros) y reponer a quienes no habían superado las evaluaciones.
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Ese mensaje coincidía con la posición que adoptó durante la huelga magisterial del 2017, en que jugó un papel protagónico. Si bien en el tramo final de la segunda vuelta Castillo incorporó cuadros técnicos que prometían garantizar la meritocracia, también evitó pronunciarse a fondo sobre el tema.
En medio de las contradicciones del candidato con su equipo, un eventual gobierno de Perú Libre deberá reanudar las evaluaciones docentes suspendidas por la pandemia. Según el Minedu, el concurso de ingreso a la carrera magisterial de este año empezará el 30 de octubre con la realización de la prueba única nacional (PUN).
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Propuestas
¿Qué medidas en relación con el tema docente aplicaría un gobierno de Perú Libre? Juan Cadillo, coordinador del equipo de educación del partido, señaló a El Comercio que tendrán una mirada “más integral” para nombrar a maestros contratados a través de nuevas “rutas” o modalidades, pero sin dejar de cumplir la norma vigente.
Según la última encuesta nacional a docentes (ENDO) del 2020, el 42% de los maestros que laboran en el sector público (409 mil) señaló que pertenece a este grupo.
Un caso especial corresponde a aquellos maestros nombrados de forma interina que fueron cesados en el 2014 al no acreditar un título. Para ellos, Cadillo propone capacitaciones y facilidades en el ingreso a la carrera.
“Hay que hacer todo un programa de preparación. Si están contratados, darles más permanencia y un mayor puntaje a los que decidan ir a zonas rurales. También planificamos otra ruta para que quienes se preparan y certifican en instituciones también sean nombrados”, detalla.
El especialista resalta que esta propuesta no afectaría la carrera magisterial porque no implica una reposición inmediata. Esto difiere, por ejemplo, de una iniciativa previa del Congreso aprobada en octubre del 2020 que reincorporaba a 14 mil profesores interinos solo con la presentación de su título.
“El ingreso a la carrera está orientado a exámenes, no podemos transgredirlo mientras no se cambie. Una vía es el Congreso, pero Perú Libre no es mayoría, apostaremos por un sistema realista de preparación. [Los contratados] han sido usados por el sistema, pero cuando las condiciones mejoran los purgan. No tiene sentido humano ni social”, apunta.
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Sin embargo, Cadillo resalta la importancia de mejorar el mecanismo de ingreso a la carrera. Considera que la PUN –aplicada en la primera fase del proceso– es solo una prueba cognoscitiva que no refleja necesariamente el buen desempeño en el aula.
“Hay que modular el sistema. Se lanzan de 15 mil a 20 mil plazas, pero solo se cubren cinco mil habiendo muchos más profesores que han aprobado. Apuntamos a un sistema que dé tranquilidad a los maestros”, señala.
En este sentido, Perú Libre propone que el nombramiento de maestros que hayan ganado premios de innovación del Minedu.
Según cifras del Minedu, en promedio, menos del 10% de postulantes presentados en la primera fase del concurso de nombramiento superaron los puntajes mínimos requeridos en las últimas ediciones de la PUN. El porcentaje más bajo (7,5%) se registró en el 2015 y 2019 [ ver gráfico].
Según la norma técnica, quienes no alcanzan el puntaje mínimo del examen no pueden participar en la fase descentralizada, pero sí quedan habilitados para la contratación.
Expectativas
Para el exministro de Educación Daniel Alfaro, el enfoque meritocrático de LRM le ha permitido al docente tener una mayor predictibilidad sobre las condiciones para crecer en la carrera. Si bien considera que los mecanismos de evaluación pueden mejorar, esto no pasa necesariamente por un cambio en la ley.
“La reforma magisterial ha asegurado de manera objetiva que en el mejor de sus esfuerzos el Estado ha colocado al mejor profesor posible en el aula. Los mecanismos pueden mejorar generando los retos para que el docente mejore su práctica educativa”, señala.
Alfaro recomienda al próximo gobierno realizar una evaluación de impacto de la ley sobre los aprendizajes de los estudiantes.
“Con base en eso se puede hacer modificaciones, con evidencia la política se fortalece”, explica.
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