Mientras usted está leyendo este titular, ya se han robado al menos 3 celulares a nivel nacional | INFORME

Según el informe, durante los meses de enero a octubre del 2023, se reportó el robo de aproximadamente 1 millón y medio de dispositivos en todo el país. Para ser más precisos, se presentaron 1.429.211 reportes, según la información proporcionada por las empresas operadoras a Osiptel.

Al profundizar en estas cifras, se descubrió que mensualmente se reconocen alrededor de 143.000 equipos sustraídos. Solo en octubre, la cifra alcanzó los 142.680 robos.

En cuanto al promedio diario, durante el mismo mes se registraron 4.603 informes de robo al día. En esa línea, el equipo de El Comercio se adentró más en los datos y descubrió que, por hora, se reportan en promedio 191 celulares robados.

Según el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), entre enero y octubre, la mayoría de los reportes de equipos móviles robados por hora ocurren los lunes (231), los sábados (206) y los martes (191). Esto lleva a la conclusión de que, aproximadamente, se roban tres celulares por minuto a nivel nacional.

Además, se identificó que las 10 de la mañana (348), el mediodía (314) y las 7 de la noche (313) son las horas pico de mayor robo de celulares durante la semana. En cuanto a las marcas, hasta finales de octubre se reportaron 479.866 teléfonos Samsung, 296.255 Redmi, 151.572 Motorola, 129.018 Huawei, 83.538 Apple, entre otros.

Luis Pacheco Zevallos, director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, señaló a El Comercio que la ciudadanía tiene que estar prevenida ante la ocurrencia de robos, por ello, precisó que hay varias medidas que pueden ayudar a mitigar el problema. “Se puede poner clave al chip para evitar que los delincuentes ingresen a nuestros datos. Otra estrategia es desactivar el acceso al puerto USB para que no entren a la información del teléfono colocando un cable (...). Por otro lado, tienes que conocer tu nombre de usuario y contraseña de todas tus cuentas para que así, desde otro dispositivo, puedas bloquear tu celular”, dijo.

El Osiptel indicó que en los últimos dos días se han bloqueado equipos móviles cuyos códigos IMEI fueron detectados como clonados o duplicados. Este proceso tiene el objetivo de impedir el funcionamiento de un celular cuando el IMEI (código de 15 dígitos que identifica a un dispositivo en el mundo) es alterado por personas inescrupulosas.

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Durante la primera etapa, fueron casi 498 IMEI detectados por el ente regulador, los cuales se encontraban vinculados a 6.319 líneas móviles activas. La directora del área de Protección y Atención al Usuario de dicha entidad, Tatiana Piccini Anton, aseguró que esta medida tiene por finalidad, contribuir a la lucha contra el robo y el comercio ilegal de equipos móviles. “Un IMEI clonado está presente en varios equipos con diferentes servicios móviles vinculados a la vez, por ello, nos encontramos con un acto delictivo, pues el IMEI original del celular ha sido adulterado”, advirtió.

La experta indicó que esta conducta delictiva se da cuando el celular ha sido robado y se pretende, alterando el IMEI, que siga funcionando para poder comercializarlo en el mercado. El abonado o titular original tiene derecho a presentar un cuestionamiento ante la empresa operadora que le presta el servicio de telefonía móvil, a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes.

Luis Pacheco Zevallos recomendó a la ciudadanía adquirir los equipos celulares en comercios formales, y que, antes de efectuar una compra de segundo uso, verifiquen si el IMEI físico (que aparece en la parte posterior del celular, detrás de la batería o en la ranura del SIM Card) coincide con el IMEI lógico (que aparece en la pantalla al digitar *#06#).

También mencionó que se puede verificar si el equipo en cuestión se reportó como sustraído o clonado, accediendo a Checa tu IMEI.

En segundo lugar, está la suspensión de línea, que consiste en la desactivación del servicio móvil ante una conducta reiterada de uso de equipos cuya procedencia no es clara. Cuando un abonado que solicita la reactivación de su línea tras una suspensión, vuelve a incumplir el compromiso de mantener la línea móvil en un equipo con IMEI válido, el ente regulador (Osiptel) solicita a la empresa operadora la baja definitiva de la línea móvil. Así, los abonados pierden, de forma permanente, su número telefónico.

Este tipo de medidas contribuyen a reducir el incentivo de robar o alterar un celular para venderlo en el mercado informal. Sin embargo, el Osiptel indicó que esto es parte de una problemática social en la que participan diversos actores, tales como los usuarios que compran celulares robados, delincuentes, personas que reciben los celulares robados para comercializarlos, la Policía Nacional del Perú, Fiscalía, el Poder Judicial, entre otros.

En un informe previo de El Comercio, Osiptel señaló que se detectaron 4.340 servicios móviles con datos inconsistentes en el registro de usuarios de empresas operadoras desde el año 2022 hasta mayo del 2023. Lo más preocupante eran los vínculos con delitos como suplantación de identidad, fraude informático, estafa, entre otros.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), encargada de las empresas operadoras Claro, Entel, Movistar, Bitel, entre otras, explicó que los usuarios con datos inconsistentes fueron notificados de la necesidad de actualizarlos de manera presencial, sino su línea sería dada de baja.

“Estamos comprometidos con velar por la seguridad de los usuarios y la ciudadanía. Sin embargo, si bien el registro de usuarios fue depurado y subsanado, se trata de una problemática que continuará ocurriendo mientras no se cuente con los mecanismos necesarios para la validación de identidad de ciudadanos extranjeros”, dijeron.

Para validar los datos de los abonados extranjeros del servicio público móvil, el Osiptel ha suscrito un convenio con la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin de adoptar medidas de intercambio y validación de información, esto con el objetivo de prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles.

En julio del 2023, más de mil policías llegaron hasta el centro comercial Las Malvinas, ubicado en el Cercado de Lima. Más de 80 puestos fueron allanados para confiscar celulares robados. Sin embargo, fuentes internas de la PNP informaron a El Comercio que suele ser difícil acabar con esta problemática en su totalidad, ya que “las cabezas de estos lugares informales se suelen advertir cuando los efectivos están por llegar. Además, los procesos para tener órdenes judiciales que permitan a los policías realizar estos operativos suelen ser muy largos”.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, explicó a este Diario que el mercado ilegal es altamente rentable en nuestro país, ya que muchas personas están interesadas en adquirir celulares de dudosa procedencia. “Cuando la víctima expone su celular en espacios riesgosos, aumenta el nivel de la amenaza (...). Es importante precisar que lo ideal es que se planteen, de manera periódica, intervenciones en simultáneo, es decir, en todos los puntos donde se podría vender estos dispositivos”, adicionó.

Miguel Ángel Barriga, coronel PNP en retiro y especialista en seguridad ciudadana, añadió que es necesario un trabajo integral entre las autoridades, específicamente entre la PNP y el Ministerio del Interior. “Deben crear campañas para que los jóvenes rechacen la compra de celulares manchados de sangre”, sumó.

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Por su parte, César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), explicó que, con estas campañas, la demanda en el mercado de celulares robados puede reducirse. “Los alcaldes tienen que comunicar que, al comprar estos dispositivos, habrá más víctimas”, dijo. Precisó que hay más personas que sufren de estos robos y no denuncian, extendiendo así las cifras mencionadas.

Recientemente, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo con el que modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos móviles e informáticos, con una pena de entre 12 a 20 años. La sanción llegaría a 30 años si se utiliza explosivos o vehículos motorizados.