Esta mañana, las viviendas y oficinas del general EP, César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y de otros 11 investigados, fueron allanados por los agente de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur.
Al respecto, El Comercio conversó con el fiscal Omar Tello, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, quien indicó que estas diligencias corresponden a la investigación que se viene realizando desde el 2018 por la sustracción y comercialización de combustible que era asignado al Ejército Peruano.
Según Omar Tello, la investigación inició con la incautación de una van acondicionada para el traslado de combustible desde las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos hacia los grifos civiles. Durante aquella intervención, se detuvo a suboficiales del ejército y se realizaron allanamientos de inmuebles del comando medio como intendentes y comandantes.
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“Ahora último con la investigación que ha continuado y gracias a la colaboración eficaz de algunos de ellos, testigos protegidos y de documentación analizada, ya se ha podido vincular a varios generales. Estamos hablando del general César Astudillo, Jorge Celiz Kuong, Edward Gratelly y otros más”.
De acuerdo con el fiscal, “ellos estarían implicados por la apropiación de este combustible, habrían recibido dinero para que este combustible pueda salir sin ningún problema a la venta del exterior”.
Sobre la vinculación del general EP César Astudillo y de los demás implicados sostuvo que los generales tenían a cargo las instalaciones del Pentagonito y de la Escuela Militar de Chorrillos, donde había una dotación de combustible para la cocción de alimentos y para los vehículos.
“En el caso de los vehículos, la dotación había siempre un saldo sobrante, este saldo era vendido hacia otras personas, y este dinero era apropiado por diversos oficiales, entre ellos los generales a cargo”, explicó.
En cuanto al petróleo que era asignado para la cocción de alimento, Tello manifestó que durante una primera intervención no se encontraron cocinas en aquella fecha.
“Era imposible que haya una cocción de alimentos con petróleo cuando no había cocinas para este trabajo. Se dejó cuenta de la incautación de la van en plena acción en que ese petróleo era vendido y el dinero producto de esta venta también paraba a los funcionarios militares, entre ellos el general Astudillo y todos los implicados”, declaró.
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El representante del Ministerio Público comentó, además, que se llegó a esta información “a través de las declaraciones de testigos protegidos, colabores eficaces y sobre todo de documentación que se ha venido incautando. Ha habido cuadernos, apuntes que dan cuenta de muchas cosas, ha habido testimoniales. Todos estos elementos han sumado de manera coherente y la vinculación de estos altos mandos militares en la venta de combustibles”.
Respecto al pedido de detención preliminar por 7 días para los implicados que solicitó el Ministerio Público y que fue negado por el Poder Judicial, Omar Tello indicó: “El juez consideró que no hay peligro procesal. Sin embargo, nosotros consideramos que se encuentran justamente en actividad y sobre todo porque es una institución castrense donde la jerarquía está bien marcada y que, por lo tanto, tienen posibilidad de que puedan obstruir las investigaciones. Nosotros consideramos que el peligro si es permanente”.
Agregó que “el efecto sorpresa que nosotros tenemos frente a una investigación preliminar ya se perdió. Sin embargo, estamos evaluando que, si se da otros elementos o alguna información relevante, pediremos de nuevo la detención preliminar de manera inmediata”.
Por su parte, el general EP César Astudillo, adelantó a este Diario que “nunca he sido investigado por ese caso. No es posible que jamás me hayan siquiera notificado y de pronto allanan mi domicilio violando lo más elemental de un ser humano: la presunción de inocencia. Daré mis descargos el día de hoy”.
Los allanamientos que realizó el Ministerio Público fue en simultáneo en los distritos de Surco (04 viviendas), San Borja (04), Surquillo (01), Chorrillos (02), Lima Cercado (03), Rímac (02), Los Olivos (01) y Villa el Salvador (01). También en Piura en la Urb. El Chipe: (02).
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