Ministro Daniel Maurate instala Grupo de Trabajo para reestructuración del INPE

Este jueves se realizó la instalación del Grupo de Trabajo Sectorial para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto se da luego de la denuncia que involucraba a agentes policiales recibiendo sobornos por parte de reclusos del penal Sarita Colonia del Callao.

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Cabe mencionar que este Grupo de Trabajo, el cual fue creado por iniciativa del Ministerio de Justicia mediante Resolución Ministerial N°0230-2023- JUS, propondrá medidas de lucha contra la corrupción en el INPE, así como acciones de reestructuración y fortalecimiento de su gestión técnica administrativa, para mejorar su funcionamiento y operatividad.

Daniel Maurate, titular del ministro de Justicia y derechos Humanos, destacó que este equipo puede marcar un antes y un después en el sistema penitenciario. Además. Resaltó que las cualidades profesionales y la experiencia de los integrantes.

Por otro lado, planteó algunas sugerencias para el trabajo que desarrollarán, por ejemplo, en materia de regulación administrativa, el uso de grilletes electrónicos, aspectos de mejora integral de la gestión penitenciaria, entre otros.

También consideró necesario evaluar la situación de los penales cuya construcción se encuentra trabada, estudiar los modelos de otros países, y evaluar herramientas como Obras por Impuestos.

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¿Quiénes forman parte del grupo de Trabajo?

El Grupo de Trabajo está integrado por el viceministro de Justicia, quien lo preside; y por el representante del Despacho Ministerial, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe, la directora de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, el director de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, y la directora de la Dirección de Política Criminológica.

También, por la jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, el representante de la Defensoría del Pueblo y por el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).