Las constantes intervenciones del ministro del Interior, Daniel Urresti, contra cuanto delito se persiga en la ciudad sufrieron su primer revés esta semana, luego de que el funcionario denunciara la falta de apoyo del Ministerio Público para irrumpir en establecimientos comerciales de San Jacinto, conocido mercado informal para la venta de autopartes robados.
Según Urresti, la Policía recibió negativas de la Fiscalía Penal 23 de Lima cuando se requirió autorización para el descerraje de locales, en el marco de una intervención con más de 3.000 policías. Intervención que, como la mayoría de actividades que realiza desde que asumió el cargo, el ministro iba a presidir y comunicar en cuanto tuviera resultados.
"La fiscal dijo que no nos daban permiso, nos pidió demostrar que ahí se vendían cosas robadas. ¿De qué país es [la fiscal], ah? ¡Quién no sabe que en San Jacinto se venden cosas robadas!", se quejó Urresti, quien pese a ello siguió adelante con la intervención, aunque ya no en San Jacinto sino en la calle Río Chincha, en La Victoria.
Esta incursión permitió decomisar motores y cabinas de vehículos que no tenían guía de remisión.
Cuestión de procedimientos
En diálogo con la emisora RPP, la fiscal provincial Miluska Romero lamentó los comentarios del ministro Urresti y aclaró que, según ley, los descerrajes de locales se realizan con autorización de un juez.
"No nos negamos, solicitamos información adicional. Lamentablemente, la PNP no cumplió y se fueron solos a realizar la operación. De acuerdo a ley, quien autoriza el descerraje es el juez, no los fiscales. Nosotros solicitamos al juez que autorice siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos", explicó.
Según Romero, la Policía tramitó el lunes dos pedidos de descerraje. Uno de ellos era en San Jacinto, pero no precisaba el domicilio, ni al propietario que se pensaba intervenir. Solo en el caso de flagrante delito o delito en la vía pública, recordó la fiscal, la Policía está facultada a intervenir de oficio.
"Para garantizar que no haya abusos y se respete el proceso, cada descerraje debe pedirse de manera individual, identificando plenamente la vivienda. Un juez tampoco autoriza entrar a una propiedad porque se dice que habría delitos, hay que demostrar eso con pruebas conseguidas en labores de inteligencia", agregó Romero.
