Mirtha Vásquez: “No pretendemos militarizar Lima Metropolitana y el Callao”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, negó que se pretenda militarizar Lima Metropolitana y el Callao, con la decisión del Ejecutivo de autorizar a las Fuerzas Armadas intervenir en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno.

“Esta resolución no significa que queremos militarizar las zonas de Lima y el Callao, pero si buscar mecanismos específicos donde puedan cooperar tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales y ver cómo es que encontramos algunos mecanismos de sinergia que puedan apoyar sobre todo en zonas críticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, expresó la jefa del gabinete sobre la Resolución Suprema 191- 2021 que hoy entró en vigencia.

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“Al respecto, yo tengo que decir que eso es una resolución que ha sido coordinada entre los sectores de Defensa y del Interior, buscando mecanismos que puedan fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana”, precisó.

Además, recalcó que no se pretende transgredir ninguna norma de derechos humanos. “Se está diseñando de una manera bastante cuidadosa ese modelo. Nosotros no queremos trasgredir ninguna norma de derechos humanos y es un modelo que se está mirando si es que es viable. Hay 30 días que se ha dado de plazo para esto y los sectores están coordinando al respecto”, declaró Vásquez durante una conferencia que brindó esta noche en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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La referida resolución suprema dispone que a partir de hoy, miércoles 3 de noviembre, las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional en Lima y Callao, “con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales”.

De acuerdo con los considerandos de la resolución suprema, en lo que va del 2021 se advierte un incremento significativo del índice delictivo en Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, en donde operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y otros delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía, “y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú”.

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