Ocho de la noche del último jueves en el edificio de la cuadra 8 del Jr. Cangallo, en el Cercado, en cuya fachada se lee el rótulo Morgue Central de Lima. Un patrullero ingresa por la rampa lateral: lleva en la tolva el cuerpo sin vida de una mujer de unos 55 años, envuelto en una frazada. Una encargada de limpieza aparece con una camilla metálica para recibir el cadáver.
La escena es una muestra de los defectos en la gestión de la morgue limeña. La morgue, como tal, no existe institucionalmente. En su local, funcionan las divisiones de Tanatología Forense y de Laboratorio de Toxicología y Química Legal, del Instituto de Medicina Legal, que a su vez está adscrito al Ministerio Público. Estas divisiones son las llamadas a ser las piedras angulares de la investigación forense en la capital. La resolución de casos policiales depende en gran medida de los peritajes médico-legales que se realizan en el local de la morgue, inaugurado en 1998.
La explosión demográfica –Lima bordea los 10 millones de habitantes– , el incremento de la violencia criminal –sicariato y ajuste de cuentas– y la falta de recursos han ocasionado que la capacidad de la morgue sea desbordada.
Hasta el 16 de julio, este año ingresaron a la morgue 2.421 cadáveres. En el 2014, fueron admitidos 4.293.
PASILLOS COPADOS
Luego de que el último miércoles “Correo” denunciara falencias en la gestión de la morgue, este Diario visitó este local de más de 1.300 m2, un sótano y tres pisos.
(Foto: Paul Vallejos / El Comercio)
Aunque el médico forense Miguel Mendoza, jefe de Tanatología, desmintió que falten guantes quirúrgicos, protectores especiales de calzado, indumentaria de bioseguridad y mascarillas; El Comercio comprobó que parte del personal de la sala de necropsias no tenía botas especiales.
Además, este Diario observó que –ante la falta de espacios adecuados– en los pasillos y hasta en la azotea se almacenan cajas con jeringas, guantes y recipientes de laboratorio, listos para ser usados.
El material nuevo convive con envases plásticos con restos de órganos extraídos en las necropsias. “El local fue diseñado para la Lima de hace dos décadas. Ya no hay espacio”, señaló Mendoza.
“No podemos desechar esos restos de órganos porque no hay un protocolo para ello. Además, en cualquier momento la fiscalía puede pedir nuevos análisis”, agregó. Los 21 médicos del staff de la morgue laboran por turnos en estas condiciones.
LABORATORIO EN CRISIS
El Comercio accedió al vetusto y sucio laboratorio de Toxicología, donde, según Mendoza, escasean reactivos (éter, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y acetona) para los análisis de lo extraído en las necropsias. “Por eso se acumulan casos por analizar y así se retrasan las investigaciones de la fiscalía en casos de homicidio. Los resultados finales pueden demorar por ello hasta 12 semanas”, dijo el médico.
EL FUTURO ESTÁ EN LURÍN
La antigua Morgue Central de Lima funcionó en el local de Jr. Cangallo desde 1918. En 1993, dejó de ser dependiente del sector Justicia para pasar a ser administrada por el Ministerio Público. En 1997, su local fue demolido y en su lugar se levantó el que conocemos actualmente, cedido en uso por 99 años por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
José Luis Echevarría, gerente general del Ministerio Público, informó a El Comercio que para fines de este año estará listo el expediente técnico del local de la nueva morgue de Lima. Según los planes de la fiscalía, será construido en un terreno de 7.000 m2 ubicado en Lurín y donado hace dos años por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
El proyecto ya tiene código SNIP y estudios de preinversión, señaló el funcionario. El costo total será determinado cuando se tenga el expediente técnico. Tras ello, el Ministerio Público solicitará partidas específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para la obra. “Todo dependerá de ese sector, por eso aún no se puede hablar de plazos”, aseguró Echevarría.
“Cuando asumimos en enero de este año, encontramos al Instituto de Medicina Legal en crisis. Había tenido dos años de desatención absoluta. La gestión de Pablo Sánchez [asumió como fiscal de la Nación interino en enero pasado y este martes jurará el cargo] dará prioridad al Instituto de Medicina Legal ”, refirió Echevarría.
El instituto contaba a principios del 2015 con un presupuesto de S/.9 millones. La actual gestión recortó recursos a otras áreas para dotar de S/.37 millones a Medicina Legal. De ese monto, S/.9’351.923 son para la morgue, que solo ejecutó S/.1,5 millones en bienes y S/.557 mil en servicios en lo que va del año.
