Municipios y gobiernos regionales con sitios web inoperativos

No solo el portal web de la Municipalidad de Lima se encuentra inoperativo con el cambio de gestión, sino que la misma situación se da en sitios online de otras municipalidades distritales, provinciales e incluso en los de gobiernos regionales del país.

En el caso de comunas distritales en Lima, algunos portales a los que no se puede acceder son los de Pueblo Libre, Jesús María, San Luis, Barranco y Surquillo. 

En cuanto a municipalidades provinciales, al cierre de la presente nota no están activas las páginas web de las comunas de Carhuaz, Huánuco y Huari. En el primer caso, aparece el mensaje “Gestión Municipal 2015 - 2018. Página en construcción”. 

Sitio web de la Municipalidad Provincial de Carhuaz.

En el segundo y tercer caso no se puede acceder a los enlaces.

Sitio web de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Sitio web de la Municipalidad Provincial de Huari.

En cuanto a gobiernos regionales, no están totalmente operativos los sitios web de los gobiernos regionales de Loreto y Junín. Sin embargo, en el segundo caso se han dejado enlaces a las páginas de transparencia y acceso a la información pública.

Sitio web del Gobierno Regional de Loreto.

Sitio web del Gobierno Regional de Junín.

“NO SE PUEDE IMPEDIR ACCESO A INFORMACIÓN”
“El cambio de gestión regional o local puede traer consigo el rediseño o reestructuración de las páginas web o portales institucionales de la entidad. Sin embargo,  ello no puede impedir el acceso a la información mínima establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, la cual debe estar a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de manera permanente en sus respectivos portales de transparencia estándar que forman parte del portal institucional”, dijo la jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Mónica Callirgos Morales.

En ese sentido, exhortó a las nuevas autoridades regionales y locales mantener operativos sus portales institucionales o sitios web con la información mínima que exige la ley. Ello con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.