Ocho meses después de que el Tribunal Constitucional ordenara la demolición del muro que divide los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo (VMT), llamado ‘Muro de la vergüenza’, más del 80% del cerco de cemento y púas se mantiene en pie.
Hace unas semanas, la municipalidad de La Molina inició el retiro del cerco de 4,5 kilómetros de extensión construido entre los años 2011 y 2013 en los cerros que dividen a dos de las poblaciones más ricas y más pobres de Lima y que supuso un amplio debate sobre la discriminación y la protección de zonas intangibles. El costo de inversión del cerco superó los 2 millones de soles, costeados por el municipio de La Molina. El 20 de diciembre del año pasado, el TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus que se interpuso en su contra por afectar el derecho a la libertad de tránsito y, de manera conexa, de los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Asimismo, ordenó la demolición total de la estructura en un plazo de 180 días calendario desde la fecha de publicación de la sentencia. Este plazo venció el 5 de julio.
Aunque el alcalde de La Molina, Diego Uceda, había expresado, en varias oportunidades, su intención de iniciar medidas legales para no acatar la decisión del tribunal, ya se ha derrumbado un tramo de aproximadamente 700 metros, de acuerdo con el abogado Carlos Hinostroza, quien interpuso la demanda de hábeas corpus en el 2017, de la zona oeste del muro, en el límite del asentamiento humano La Florida, en VMT, y la urbanización Las Praderas, en La Molina. En su lugar, se han colocado cinco plataformas de piedra de poco más de un metro de alto como parte del proyecto para reforestar la zona. Según la comuna de La Molina, con eso buscan hacerle frente al tráfico de terrenos y proteger la intangibilidad del Parque Ecológico de su jurisdicción, que forma parte del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.
“Los maceteros están al interior de La Molina y no han sido puestos como parte de la línea divisoria. No guardan la horizontalidad de la línea limítrofe con Villa María del Triunfo”, informó la municipalidad. No contestaron nuestras consultas sobre el porcentaje de demolición avanzado y las fechas para concluir con los trabajos. Solo indicaron que las actuales autoridades de La Molina son “profundamente respetuosos de los mandatos judiciales y con mayor razón de este mandato del tribunal constitucional” y que iniciaron los trabajos “recientemente debido a los exiguos recursos previstos para esta tarea, dado que el mandato del tribunal fue recepcionado en enero de este año”. Añadieron que desde hoy iniciará el trabajo de cuadrillas del área de gestión ambiental.
En este tramo del denominado 'Muro de la vergüenza', entre VMT y La Molina, ya fue demolido y en su lugar se colocaron cinco plataformas de piedra.
Se trata de unas plataformas cuadradas construidas con piedra.
Son cinco y se encuentran en el paso peatonal conocido como "El Herraje", en el límite del asentamiento humano La Florida, en VMT, y la urbanización Las Praderas, en La Molina.
En este punto también se ubica una caseta de vigilancia con personal de la Municipalidad de La Molina.
En mayo pasado, la gestión de Uceda aseguró que se plantarían 500 molles para crear una frontera viva. Además de los árboles, la primera etapa del plan piloto incluía la instalación del sistema de riego por goteo, “una plataforma de concreto de 3m x 3m, 500 metros de manguera matriz, 200 metros de manguera secundaria, tanque de 5.000 litros para el almacenamiento de agua y accesorios como goteros para el suministro en forma de gotas a la zona radicular de los individuos arbóreos”.
Piden mejorar accesibilidad
El hijo de Noemí Salazar tiene 24 años, discapacidad visual y estudia Industria Alimentaria en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para ir desde su casa, en la agrupación familiar Viñas del Sur de VMT, a clases tiene dos caminos: bajar el cerro, tomar tres buses y gastar al menos 8 soles en pasajes de un viaje de ida de más de dos horas o atravesar a pie, en 10 minutos, el límite de ambos distritos y luego completar la ruta pagando apenas S/1 de pasaje. Optar lo segundo, sin embargo, implica recorrer un empinado e improvisado camino en plena pendiente de la jurisdicción de La Molina. De todas formas lo hace porque el ahorro de tiempo y dinero es significativo. Como él, cientos de escolares, estudiantes universitarios, trabajadores y familias de varios asentamientos humanos utilizan esta vía todos los días para acceder más rápido a avenidas como Alameda del Corregidor y Los Fresnos y, desde ahí a Santa Anita, Ate o Chosica.
“Son muchos jóvenes que van a estudiar por este atajo. Por acá se llega más rápido a universidades, a academias económicas en Santa Anita. Los chicos quieren estudiar. Mi hijo vuelve de noche, pero ya no puede subir por acá por su discapacidad, necesitamos una escalera”, dice Noemí a este Diario.
Este paso de tránsito no es nuevo. Incluso cuando todavía existía el cerco en esta parte de la frontera distrital, se había logrado habilitar una acceso de libre tránsito denominado “El Herraje”, junto a un puesto de vigilancia de La Molina. El problema es que los vecinos denuncian que esta entrada no se repite a lo largo de los otro 4 kilómetros que quedan del muro. La sentencia del TC lo confirma: aunque La Molina afirmaba que se habían habilitado cuatro accesos, solo “El Herraje” se encontraba en una zona medianamente accesible para las personas que habitan en VMT y distritos aledaños, mientras que el resto, ubicados en zonas más altas, son de difícil, peligroso y restringido acceso para el tránsito peatonal.
“Los jardineros, los albañiles, las mujeres que limpian casas van por acá porque si se dan un ‘vueltón’ gastan todo su sueldo en pasajes. Si lo cierran nos dejan aislados, sin posibilidades de trabajar o estudiar”, añade la Noemí Salazar.
Aunque la demolición ya inició -la comuna no ha informado cuándo se terminará- para el abogado Carlos Hinostroza la colocación de las cinco plataformas de piedra en reemplazo del muro sería un intento de “sacarle la vuelta a la sentencia” para mantener la división. El último martes envío una solicitud ante el TC para pedir una supervisión in situ. En diálogo con El Comercio, dijo que también denunciará al alcalde Diego Uceda por desobediencia y resistencia a la autoridad, así como presunta malversación de fondos al destinar recursos para la construcción de las plataformas de piedra.
“El Tribunal Constitucional ordenaba derribar el muro, no poner macetas que también son un cerco. Está bien que se proteja el área de conservación regional, pero este es un paso de tránsito de años que no se puede vulnerar”, indicó.
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