El ‘narcoporsche’ y el 95%, por Sandra Belaunde

Dentro de la caja de Pandora que ha abierto el caso del ataque al Porsche de Gerald Oropeza sobre narcotráfico y sus vínculos con la política, están también, en una segunda derivada, la ausencia de cifras de criminalidad confiables en Lima y en el resto del país y la ineficacia (y síntomas de corrupción) de los organismos responsables de reducir la inseguridad ciudadana: la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. 

Los dos hombres que quedaron heridos dentro del Porsche de Oropeza, Carlos Sulca Cruz y Juan Berríos Navarro, ya habían sido detenidos previamente por la policía. 
En diciembre del 2014 la Dirincri de Miraflores los denunció por posesión ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, y los puso a disposición de la 38ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que resolvió en dos días el caso, con lo cual  fueron absueltos. 

Ante ello, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, declaró que así como Sulca Cruz y Berríos Navarro, hubo 942 personas detenidas en Lima, entre enero y febrero, por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), pero el 95% de estos no fueron procesados por el Poder Judicial. 

Después de estas declaraciones, los titulares del Ministerio Público, Pablo Sánchez, y del Poder Judicial (PJ), Víctor Ticona, se reunieron con Pérez Guadalupe para entender las causas y buscar una solución conjunta.  

Al término de la primera sesión, el ministro del Interior declaró que había un error en la cifra y la actualizó a 91% (pequeña diferencia). En contradicción a esto, el titular del PJ dijo que se ha ordenado la detención del 67% de los casos que el Ministerio Publico solicitó proceso al PJ, y que la responsabilidad no es de los jueces. Por su parte, el fiscal de la Nación declaró que el problema es (simplemente) de cifras.   

Es cierto que existe contradicción entre las cifras de criminalidad oficiales en Lima y en el resto del país, y que es un problema de fondo a la hora de luchar contra la inseguridad ciudadana. 

Esto se debe a que existen varias fuentes oficiales con estadísticas y criterios distintos, sin coordinación entre ellas y sin un organismo que unifique. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad se creó en el 2013 con este objetivo; sin embargo, hasta hoy solo se han unificado las cifras de homicidios. 

Por ello, repito: hay una ausencia de cifras de criminalidad confiables, pero este hecho y las declaraciones del fiscal no cuentan ni media verdad. Delincuentes como Sulca y Berríos están libres después de haber sido detenidos e investigados. ¿Cómo puede ser esto posible? 

a) Ineficacia de la policía. 
b) Ineficacia de la fiscalía.
c) Ineficacia del PJ. 
d) Corrupción en la policía.
e) Corrupción en la fiscalía. 
f) Corrupción en el PJ. 
g) Más de una es correcta. 
h) Todas son correctas.
 
Ninguna de las alternativas de respuesta es tranquilizadora. Esperemos que este trabajo conjunto de las tres instancias resuelva y no potencie el problema ni el 95% o 91%.