Constitucionalista piden que se permita al sector privado a comprar y comercializar las vacunas contra el COVID-19. (Foto: Leonardo Cuito)
Constitucionalista piden que se permita al sector privado a comprar y comercializar las vacunas contra el COVID-19. (Foto: Leonardo Cuito)
José Acuña

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La participación del sector privado en la importación de vacunas contra el sigue siendo un tema de discusión. Ayer, los constitucionalistas Natale Amprimo, Domingo García Belaúnde y Aníbal Quiroga presentaron una acción de amparo contra el Ejecutivo para que se permita al sector privado a comprar y comercializar las vacunas en Perú.

El documento presentado ante el Poder Judicial fue interpuesto contra el presidente de la República, Francisco Sagasti; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Presentan demanda de acción de amparo contra el Ejecutivo.
Presentan demanda de acción de amparo contra el Ejecutivo.

En la página 72 de la demanda se señala que “la participación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado interno contribuirá a aumentar la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 en nuestro país, sin representar ningún riesgo para el acceso gratuito y universal de las vacunas en los establecimientos de salud estatales”.

Según el constitucionalista , uno de los autores de la acción de amparo, la motivación de dicha demanda responde a la “ineficiencia” por parte del Gobierno.

“El Gobierno no es claro en cuanto al tema cronograma, vacunas adquiridas, valores, y eso nos motiva a iniciar esta acción de amparo porque consideramos que el Gobierno tiene una posición absolutamente arbitraria e inconstitucional, dijo Amprimo a El Comercio.

Cabe recordar, que en un inicio el dejó claro que en el proceso de importación de vacunas contra el solo participaba el Estado ya que las negociaciones se daban de gobierno a gobierno.

MIRA: Ugarte: si un laboratorio negocia con el sector privado para comprar vacunas, el Gobierno no tiene por qué impedirlo

No obstante, a fines de febrero último, el titular de la cartera de Salud, , indicó que si un laboratorio negocia con el sector privado para comprar vacunas contra el COVID-19, el Gobierno no tiene por qué impedirlo. Esto lo mencionó cuando se le preguntó si las empresas privadas podrían adquirir la vacuna Sputnik V del laboratorio Gamaleya (Rusia).

Ugarte recordó que existe la Ley N°31091 que permite que las empresas privadas puedan importar las vacunas contra el coronavirus. No obstante, precisó que esto podría generar que se rompa o altere el cronograma de prioridades establecido en el Plan Nacional de Vacunación.

Sobre ello, Amprimo dijo: “El Ejecutivo es contradictorio, el ministro [de Salud] dice una cosa y la presidenta del Consejo de Ministros [Violeta Bermúdez] dice otra. Por otro lado, recién una vez que exista esa posibilidad [de importa vacunas] hay que hacer todo un trámite para obtener un certificado provisional, un certificado de emergencia por parte de la .

MIRA: ¿Qué empresas privadas pueden importar vacunas contra el COVID-19 y bajo qué reglas?

En ese sentido, la demanda también ha sido interpuesta contra la directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Carmen Ponce; y la superintendente nacional adjunta de aduanas de la SUNAT, Marilú Llerena.

Según el documento, uno de los beneficios de la participación del sector privado es que ”permitirá que personas que no estén incluidas en el orden de prioridades establecido en el Plan Nacional de Vacunación puedan acceder a la vacuna contra la de forma inmediata”.

A ello el abogado agrega: “El beneficio es que más rápido se podría vacunar, que haya más peruanos vacunados, cuanto más peruanos estemos vacunados va a ser más difícil el contagio y habrá menos muertes. Eso es lo que buscamos, que más gente está protegida”.

Otro de los puntos que aborda la demanda, es sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud.

“Estamos ante una restricción totalmente arbitraria de la Libertad de Contratación para la importación y comercialización de las vacunas contra la COVID-19, teniendo en cuenta que no existe marco normativo que específicamente prohíba la participación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado interno en el proceso de vacunación y que tampoco la admisión de esa posibilidad colisiona en modo alguno con otros derechos fundamentales, como es el caso del Derecho a la Igualdad ante la Ley”, se lee.

Al respecto, Amprimo dijo: “Esperamos que exista una acción de garantía y que la atención sea prioritaria, porque aquí se está vulnerando derechos constitucionales elementales de los ciudadanos. El Gobierno ha demostrado ser ineficiente, hasta para adquirir lo elemental. No nos puede privar que luchemos por nuestra salud. Estamos en manos de gente absolutamente ineficiente y mediocre; esa es la realidad”.

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