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ELIZABETH SALAZAR VEGA (@ElizabSalazar)
El 3 de marzo se inició el juicio oral por peculado contra el alcalde Enrique Ocrospoma y otros ocho ex funcionarios y proveedores del concejo de Jesús María. Se los acusa de coludirse con dos empresas para simular contratos y pagos por obras que en realidad no fueron asumidas por ellos.
Se trata de Dopre Contratistas y Copei E.I.R.L., contratadas en el 2010 para reparar veredas y un parque, respectivamente. El trabajo del primero ya lo había hecho Telefónica, y el segundo lo ejecutó personal del municipio con materiales donados por un empresario sanguchero.
El juicio se centra en estos dos casos que superan los S/.20 mil. Antes de que estallara el escándalo, ambas empresas eran ‘caseritas’ de las adjudicaciones a dedo en el concejo.
Detrás de Dopre Contratistas estaba Piero Pretto Castillo, quien ante la fiscalía confesó que solo prestó su nombre y facturas para que el ex regidor José Rodríguez Yllanes contratara sin problemas con el concejo. Según reportes de la Sunat, ambos también operaron bajo la razón social de Jecaval E.I.R.L., Impresionarte Publicidad y EPMD E.I.R.L.
En total, bajo el nombre de estas empresas o directamente de Rodríguez Yllanes o Pretto Castillo, este grupo se adjudicó 81 obras y servicios sin pasar por concursos públicos porque los montos no superaban los S/.10 mil. De acuerdo con los testimonios recabados por la fiscalía, el alcalde ordenó este tipo de contratos para obtener una caja chica paralela.
En el caso de Copei E.I.R.L., en el mismo período se registraron 15 contratos directos de menor cuantía, bajo esta razón social y LIMP JOS E.I.R.L., ambos representados por José Pineda Lima. Solo dos de estos contratos llegaron a juicio porque la fiscalía no recabó más evidencias dentro del plazo de ley.
PRISIÓN E INHABILITACIÓN
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para el alcalde Ocrospoma, pero el fiscal Daniel Cerna sostiene que bajo el nuevo Código Procesal la sanción se podría duplicar. Y es que son dos los hechos delictivos en los que el alcalde habría participado y las penas ahora son acumulativas.
Sea cual sea la pena, una sentencia implica la vacancia automática del cargo y la inhabilitación para ejercer en la administración pública hasta que termine la condena. Ocrospoma se está jugando su futuro político, y lo sabe.
La reciente huelga judicial lo favorecería, pues el artículo 360 del nuevo Código Procesal Penal también indica que una vez iniciado el juicio oral las audiencias no pueden suspenderse por más de 8 días consecutivos. De lo contrario, el juicio se quiebra, vuelve a foja cero y se retoma con otro juez.
La última audiencia se debió realizar el martes 1, pero los huelguistas impidieron el ingreso de los fiscales y testigos. La diligencia se ha reprogramado para el martes 8, pero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido una resolución para suspender los plazos hasta que concluya la protesta. El fiscal Cerna espera que eso sea suficiente para no dañar el caso.
