Nueve militares investigados por 786 granadas perdidas este año
Nueve militares investigados por 786 granadas perdidas este año
Pierina Chicoma Castro
Pierina Chicoma Castro

El Estado, con la potestad exclusiva del armamento de guerra, ha sido uno de los principales proveedores de la delincuencia, a través de malos elementos que aún se espera que sean sancionados. Y es que algunos de los ataques y extorsiones más salvajes que han padecido empresarios, comerciantes y hasta directores de colegios en los últimos meses en Lima fueron perpetrados granadas en mano. Para causar terror, los delincuentes las detonaron o colocaron cerca de sus víctimas.

Según un informe policial de octubre, elaborado por la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos (Divitiame), en los dos últimos años, el Ejército Peruano extravió 1.053 granadas; de este total, solo se recuperaron 53, en una incautación policial hecha en Breña a inicios de setiembre. El atestado también precisa que entre marzo y julio el Ejército perdió 104.750 municiones para pistolas, cuyo uso está bastante difundido entre la delincuencia de Lima. No obstante, la pregunta sobre el paradero del millar de granadas faltante sigue sin respuesta.

EN BUSCA DE GRANADAS

Solo entre marzo y julio del 2015 desaparecieron 786 granadas del polvorín Cruz de Hueso, ubicado en San Bartolo. La procuradora pública del Ministerio de Defensa, Sara Farfán Cuba, señala que son nueve personas investigadas por la sustracción sistemática de armamentos del cuartel: el mayor EP Luis Soldevilla Espinal y el suboficial Paddy Llimpe Correa, junto a siete cómplices, también militares. Ni Soldevilla ni Paddy han sido separados de la institución. Solo fueron relevados de sus puestos y ahora se desempeñan en áreas administrativas del Ejército.

Farfán señala que el informe de la PNP fue enviado a María Silvera Peralta, fiscal provincial penal de Chorrillos, quien estudia el caso. Silvera no ha dictado aún prisión preventiva contra los investigados. Aunque la procuradora asegura que existen indicios contundentes para que la fiscal lo disponga así, Silvera considera que no existen elementos suficientes para hacerlo.

REESTRUCTURACIÓN DEL EJÉRCITO

Tras la pérdida de cuantioso material del Ejército, la institución decidió relevar a todo el personal asignado en los almacenes donde hay granadas. Así lo confirmó el inspector general del Ejército, Óscar Delgado. 

Las nuevas disposiciones prohíben que la permanencia del personal encargado de dicha área sea mayor de un año. 

Asimismo, se ha dispuesto que ya no se utilizarán vehículos particulares para trasladar el armamento de un polvorín a otro, como ha venido ocurriendo en Cruz de Hueso. “Evitábamos el desplazamiento en convoyes con personal militar uniformado porque podían ser blancos de una acción de Sendero en esa época. Era una norma antigua, que hemos modificado”, precisó Delgado.

 Además, se ha dictaminado que el uso de granadas para entrenamiento solo podrá ser autorizado por el comandante general del Ejército, Carlos Enrique Vergara, o por el jefe del Estado Mayor, Luis Ramos Hume. Otra disposición es que las granadas de mano sean centralizadas por los grandes almacenes de las unidades de combate, donde hay controles más estrictos. 

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