Desde lo alto se observa que la ribera del Rímac que limita con El Agustino (izq.) fue carcomida por la fuerza del agua, tras la caída del puente Solidaridad. Vecinos temen que la erosión continúe y afecte sus viviendas. (Bryan Albornoz)
Cristina Fernández

Fiorela Sánchez vive en la cooperativa de vivienda Talavera, en El Agustino. Todos los días ella camina seis cuadras o paga para llegar en mototaxi hasta el puente Los Libertadores, el más cercano a su casa y la única vía para trasladarse a su centro de labores, ir al mercado o dejar a sus sobrinos en el colegio.

Hasta hace tres meses, los moradores de Talavera utilizaban el puente Solidaridad para llegar a la avenida Malecón Checa, por donde transitan los vehículos que se dirigen al centro y al este de Lima. Pero el 16 de marzo, ante el incremento del caudal del río por el fenómeno de El Niño costero, el puente se cayó.

“Cuando el puente se cayó los funcionarios de la municipalidad [de Lima] vinieron y nos prometieron que instalarían uno provisional. Hicieron trabajos en el puente Los Libertadores, se fueron y no supimos más de ellos”, recuerda Fiorela.

Tres meses pasaron desde que el puente peatonal, que comunicaba la urbanización Zárate, en San Juan de Lurigancho, y la cooperativa de vivienda Talavera, se cayó y la estructura continúa tendida sobre el río. En la zona una placa con el nombre del alcalde Luis Castañeda recuerda que el puente Solidaridad fue inaugurado en setiembre del 2010.

Aunque la caída de la vía peatonal ha afectado a los moradores de Zárate y Talavera, pues todos han visto incrementado su presupuesto con el uso de mototaxis, los que viven cerca de la ribera que limita con El Agustino temen lo peor.

“Desde que el puente se cayó dividió el cauce del río y el agua ha ido carcomiendo la ribera. Ahora parece que el río está más cerca de nuestras casas. Si dejan pasar más tiempo, cuando se incremente el caudal será muy peligroso”, señala con preocupación Carlos Aquino.

—La espera continuará—
Dos meses después de la caída del puente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación contra nueve funcionarios de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape) por presunta corrupción en la licitación de la obra. Según Emape, esta investigación no le permite remover el puente ni iniciar los trabajos de reconstrucción.

“La fiscalía nos informó que la recolección de pruebas concluirá en agosto. Recién en ese momento podremos retirar la estructura”, declaró a El Comercio el ingeniero Alejo Aquiños, de la Gerencia de Mantenimiento de Puentes de Emape.

Según el funcionario, por el momento Emape trabaja en la elaboración del expediente técnico que determinará si se recupera la estructura colapsada o se construye una nueva. “Los trabajos definitivos [de reconstrucción] tardarán entre 6 y 8 meses, y estarán listos en el 2018”, afirmó Aquiños.

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