Compensación por obras de Línea 2 del Metro serán a predios específicos y previa evaluación: ¿Cómo funciona el Programa?

La asamblea culminó con una lista de acuerdos preliminares, así como la aceptación para que el proyecto -que lleva largos años en ejecución- continúe. En ese marco, Carmen Deulofeu, gerente general de la Línea 2, reveló a El Comercio que la construcción de la Estación Central era vital para la continuidad de las demás obras. Así, entre una lista de siete acuerdos preliminares, se aprobó “compensar a los afectados”. Sin embargo, esto ya se viene ejecutando desde el año 2022, bajo un esquema planteado desde fines del 2019.

En ese momento, por medio de una nota de prensa, la ATU dio a conocer que el Programa de Mitigación por Inhabilitación de Acceso a Predios (Pmiap) -el cual será explicado más adelante- fue activado a inicios del 2022 “por encargo del concedente del proyecto, el MTC”. Según la Autoridad, hasta el 15 de enero del 2024 se han registrado 79 beneficiarios por un monto que asciende a los 871.537 soles. Cabe precisar que este dinero ha sido empleado para diversas acciones, como el alquiler de predios y apoyo publicitario de los negocios afectados, y solo en casos puntuales, transferidos a los vecinos.

El Comercio conversó con Marco Lozano, vocero de la ATU, quien aclaró que la entidad viene ejecutando estas acciones por encargo del MTC, solicitud que se oficializó a fines del 2021. De acuerdo con el entrevistado, el Programa “está asociado a un instrumento de gestión ambiental”. “En principio, tenemos mapeados los predios que se verían afectados, pero eso puede haber cambiado por el paso del tiempo [desde que se realizó el estudio de impacto a inicios del proyecto, cerca de una década atrás]”, detalló Lozano.

Lozano explicó que el Pmiap se refiere a las afectaciones por los ‘cerramientos’ que se realizan en los puntos de construcción. Estos -puntualizó- refieren a los espacios que son cercados con planchas de metal, reduciendo “la accesibilidad de las calles”. Es así que -de acuerdo con el Programa- se han realizado acciones de mitigación como el alquiler de viviendas, cocheras y negocios para reubicar a los afectados. Asimismo, se ha financiado la publicidad para los locales comerciales que han perdido visibilidad al público. Este dinero -comentó Lozano- viene de un fondo de recursos públicos asignado a la ATU para realizar estas labores.

Además de las evaluaciones que realiza la ATU, los vecinos afectados pueden contactar con el personal de la institución que se encuentra de manera permanente en las zonas de construcción para solicitar una evaluación de su situación. Asimismo, pueden solicitar su incorporación en el padrón de beneficiarios a través de las municipalidades distritales, quienes luego alertan a la ATU. También pueden llamar al 203-9000.

El Pmiap no ha nacido recientemente, ni existe únicamente para las obras de la Estación Central de la Línea 2 del Metro. De hecho, viene de las propias funciones que tiene la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales, estipuladas en el Artículo 90, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ATU. Dicho artículo establece que la gestión de los planes de compensación y reasentamiento, así como la mitigación de impactos, es tarea de la mencionada dirección.

Para el caso concreto del proyecto del metro, en diciembre del 2019 se presentó el Programa de Mitigación por Inhabilitación de Accesos a Predios -elaborado por la empresa Walsh Perú- a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE). Dicha entidad fue absorbida por la ATU en el 2021; sin embargo, dicho Pmiap continuó vigente. El vocero de la ATU confirmó a este Diario que este documento fue utilizado para tomar las acciones necesarias.

En primer lugar, este “está dirigido a todos aquellos predios que funcionan como viviendas (unidades sociales), locales comerciales formales o informales (unidades económicas), micro y pequeños negocios, así como grandes empresas e infraestructuras públicas (parques, áreas recreativas, que cumplan un servicio o fin social), donde se presenten impactos temporales respecto a su accesibilidad”.

La evaluación -de acuerdo con el documento- se hace sobre tres tipos de impacto, a causa de influencia directa o indirecta. En primer lugar, se encuentra el impacto social directo, definido como la “afectación por inaccesibilidad de cocheras e ingreso peatonal al predio”. En el ámbito indirecto, se ha considerado la “inseguridad ciudadana en la zona de ocupación por falta de iluminación, privación del uso de espacios públicos y recreativos, generación de residuos sólidos”.

Respecto a lo último, El Comercio reveló en un informe previo que vecinos de las zonas cercanas afectadas por las obras denunciaron constantemente robos y asaltos, principalmente en horas de la noche a lo largo de los estrechos ‘callejones’ que se forman entre los cercos perimétricos y las fachadas de casas y negocios. En un recorrido realizado para dicho reportaje, El Comercio comprobó la sensación de inseguridad que hay al caminar por estos angostos pasajes, los cuales no tiene más de metro y medio de ancho. En el caso de Ate, se trata de vías de acceso en las inmediaciones de la prolongación Javier Prado y la Av. Nicolás Ayllón.

En el impacto físico, directo, está la “afectación por inaccesibilidad al predio y/o uso del predio, o inhabilitación en casos de infraestructura pública afectada: parques, predios con fines de servicio social y/o cultural”. El indirecto plantea la “disminución de las actividades de recreación o de esparcimiento de la población”. Finalmente, en el marco económico, se considera como impacto directo la “afectación por disminución de ingreso al propietario de la actividad económica o negocio” y como indirecto la “disminución del flujo de clientes y/o usuarios del negocio o actividad económica”.

Es importante conocer que el sistema constituye una jerarquía de mitigación de impactos, compuesta de tres etapas. En primer lugar, se encuentra la prevención. Esta refiere a las medidas a “evitar o prevenir la ocurrencia de impactos” y deben llevarse a cabo antes y durante el periodo de construcción. En segundo lugar, está la mitigación. Esta comprende el diseño de medidas “para reducir o atenuar impactos que ya están ocurriendo”.

Finalmente, se cita la compensación. “En caso de que las medidas de prevención y mitigación son incapaces de evitar impactos inhabilitantes, se proponen medidas que restituyan a las unidades económicas o sociales a una situación igual o mejor a aquella que tenían antes de percibir los impactos”, se lee del escrito.

El alquiler temporal de inmuebles, locales industriales y comerciales, depósitos y cocheras son medidas que el Programa considera en texto, pero que también han sido realizadas en la práctica. Así lo confirmó Lozano, advirtiendo que la informalidad en los negocios y en los contratos de alquiler son obstáculos importantes al momento de evaluar las acciones a tomar.

“Estos son trámites que pueden tomar unos meses hasta que se hace la entrega [del alquiler] a la persona afectada. Luego se le hace un seguimiento para ver que efectivamente está utilizando este recurso”, informó Lozano. El mismo sistema realizan con otros tipos de mitigación, como la publicidad. Respecto a los casos de informalidad, Lozano comentó que “es difícil, pero hay casos de vulnerabilidad social en la que de alguna manera somos más flexibles”. Añadió que la compensación económica se ha dado, pero en casos muy particulares.