La injusticia de la fragmentación municipal, por Angus Laurie

En varias ocasiones, he utilizado esta columna para resaltar el problema de la fragmentación municipal en Lima. Con 50 municipalidades distritales y dos provincias, es difícil planificar y gestionar una ciudad.

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Según la publicación del Banco Mundial “Hacia un sistema integrado de ciudades”, uno de los límites principales del desarrollo económico y social del Perú es el tamaño de los distritos y provincias. El documento resalta que el municipio promedio peruano tiene una población de unos 15.000 habitantes, la mitad del municipio promedio de Bolivia y un tercio de uno en Ecuador. Según el banco, el nivel de fragmentación resulta en “insuficientes bases fiscales y recursos de ingresos, elevados gastos administrativos fijos y, en muchos casos, la imposibilidad de aprovechar las economías de escala en la prestación de servicios”.

Algunas consecuencias de la fragmentación municipal en Lima son la desigualdad de presupuesto por habitante entre distritos. Por ejemplo, San Isidro tiene un presupuesto anual por habitante 27 veces mayor que el de San Juan de Lurigancho. El resultado es una división entre algunos pocos distritos que tienen un estándar de vida parecido al del Primer Mundo, mientras que otros están en vías de desarrollo. Mientras algunos distritos de Lima se preocupan por “problemas del Primer Mundo” como los ocasionados por los scooters eléctricos en las veredas, otros distritos aún no tienen veredas.

Al mismo tiempo, la descentralización de poderes hacia los distritos permite que algunos de ellos utilicen sus poderes de planeamiento, incluyendo la toma de decisiones en los tamaños mínimos de departamentos, y requerimientos mínimos de estacionamientos, como estrategias que artificialmente puedan subir el costo de acceder a una vivienda en su distrito, y así excluir a grandes segmentos de la población.

Otro problema generado por la fragmentación municipal es el gasto local en el mantenimiento y gestión de algunos destinos metropolitanos. El ejemplo más obvio de esto son las playas de Barranco y Chorrillos. Estas son destinos importantes en el ámbito metropolitano donde cada día miles de limeños vienen de todos los distritos para disfrutar de estos lugares privilegiados. Al final del día, la seguridad y limpieza de las playas es responsabilidad de los distritos, a pesar de que sus residentes representan una pequeña minoría de los usuarios de las playas.

El mismo problema va a ocurrir con los Juegos Panamericanos Lima 2019. A pesar de que Barranco no tiene una sede para los juegos, como es uno de los destinos turísticos más importantes en el Perú, la municipalidad tendrá que cubrir un gasto extraordinario para asegurar la limpieza y orden de sus espacios públicos durante el evento. Sin embargo, no han recibido ningún presupuesto adicional del Estado nacional.

El sistema no funciona bien. No solamente en Lima, sino a escala nacional, es necesario reformar la estructura de los distritos y provincias, drásticamente reduciendo el número de ellos para lograr una escala de gobierno local y eficaz.