El 1 de junio inició el proceso para revocar autoridades en todo el país con la venta de kits de la Oficina Nacional de Procesos (ONPE). Dos meses después, 56 personas han adquirido uno con la intención de someter a consulta popular las gestiones de 21 alcaldes Lima Metropolitana y de 18 autoridades de algunas provincias limeñas
Según informó la ONPE, estos kits fueron adquiridos entre el primero de junio y el 27 de julio del presente año, con miras a la consulta popular de revocatoria que se desarrollará el 11 de junio de 2017.
Hay casos en los se han adquirido más de un kit para revocar la misma autoridad. Por ejemplo, para someter a consulta popular al alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda, se han comprado dos kits. El primer caso busca revocarlo junto a sus 39 regidores, mientras que el segundo intenta revocar únicamente a Luis Castañeda y a la teniente alcaldesa Patricia Juárez.
Otros casos son la compra de kits para revocar a los alcaldes, y en algunos casos también regidores, de Ate, Breña, Chorrillos, Independencia, Los Olivos, La Molina, Pachacamac, Puente Piedra y Punta Negra.
También en Pueblo Libre, Rímac, San Juan de Miraflores, San Luis, San Isidro, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Surquillo, Santiago de Surco, San Martín de Porres y Villa El Salvador.
De todos estos distritos capitalinos, Punta Negra, Punta Piedra, Los Olivos, Rímac, San Juan de Lurigancho y Ate registran más de un promotor de revocatoria.
Entre las autoridades que se quiere revocar también figuran alcaldes distritales de algunas provincia de Lima, tales como: Santa Eulalia y Ricardo Palma (Huarochirí); Zúñiga, Cayllo, Cerro Azul, Asia, Pacarán, Chilca e Imperial (Cañete); Viñac, Tupe, Azángaro, Lincha, Chocos, Madean, Omas, San Joaquín y Vitis (Yauyos).
REQUISITOS PARA REVOCATORIA
La ONPE precisó que no todos los kits que se adquieren terminan en una consulta popular pues esta solo se llevará adelante si la solicitud va acompañada del 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción.
Por ejemplo, antes en Lima el máximo era de 400 mil firmas (como las presentadas para el proceso de revocación de Susana Villarán). Sin embargo, ahora sería necesario más de un millón 700 mil de firmas.
Además, si una autoridad es revocada será reemplazada por el accesitario y no se convocará a nuevos comicios.
La norma establece, además, que los promotores así como la autoridad sometida a consulta deben rendir cuenta de los recursos que utilicen para promover u oponerse a la revocatoria.
De los 4,505 kits vendidos a nivel distrital, entre 1995 y el 2014, solo 1,146 (25.4%) derivaron en la consulta popular efectiva de autoridades.
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