Operadoras trasladan líneas móviles sin el consentimiento de los usuarios: casos suman más de 10 millones en multas

Esto no se trata de un caso aislado. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó a El Comercio que, en lo que va del 2023, las multas impuestas por la entidad suman más de 10 millones de soles, por el motivo de infringir el Reglamento de Portabilidad.

Asimismo, precisó que se registraron 1.775 reclamos realizados por los usuarios ante las empresas operadoras por temas de portabilidad en el servicio público móvil, dentro de los cuales se encuentran las portabilidades no solicitadas o sin consentimiento. De este total, el 81.86 % (1.453) correspondieron a reclamos presentados ante la empresa Movistar. Un 10.37 % (184) de los reclamos se registraron en Entel, un 6.54 % (116) en Claro, y un 1.24 % (22) en Bitel.

Paola Acosta se comunicó con el personal de Claro. “Me dijeron que habían realizado una portabilidad, esto quiere decir trasladar un número de una compañía de telefonía a otra. Me quedé sorprendida porque ni siquiera tuve conversaciones para cambiar mi línea. No existe ninguna grabación ni registro alguno de que yo solicité eso”, dijo a este Diario.

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Contó que, inmediatamente después de notar el cambio, entró a sus cuentas bancarias. Es ahí donde se percató de que faltaban 10.000 dólares de su cuenta de Scotiabank. “Fue una irregularidad. Alguien hizo tres movimientos a una empresa que no conozco. Son montos que nunca autoricé”, mencionó.

Paola buscó el RUC de la empresa que fue la destinataria de los pagos.

El mismo sábado, Paola puso una denuncia ante la Comisaría PNP Chacarilla, alegando que ocurrió un delito cibernético. Dos días después, el 14 de agosto, acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Posteriormente a las diligencias policiales, se dio cuenta de que Movistar retornó su línea a Claro. “Me regresaron a mi operador de origen, con eso me dan la razón de que no hubo ningún sustento para hacer lo que hicieron. No me puedo quedar conforme. A raíz del primer cambio, alguien ha accedido a mi cuenta del banco y a mi correo personal”, agregó.

“Considero que puede haber una red que trabaja en conjunto y accedió a la base de datos de Movistar. Es así que, de manera irregular, solicitaron la portabilidad y, durante la madrugada, hicieron esas operaciones”, dijo Paola. Por ello, mencionó que se han aprovechado de las horas en las que uno no está usando su equipo.

La mujer contó que el personal de Claro le comentó que recibieron una indicación de Movistar, la cual establecía que tenían la autorización de llevarse la línea. “Cuando hay una operación de portabilidad, no debería haber solo una solicitud por parte de un operador móvil, sino que Claro tiene que hacer una validación para confirmar si efectivamente el usuario solicitó el cambio (...). Me dijeron que vaya a Movistar y pregunte”, aseguró.

Exhorto a las operadoras móviles a tener procesos más rigurosos. “Recién caí en cuenta del grado de exposición al que te someten”, dijo. Paola señaló que se encuentra en conversaciones con representantes del banco Scotiabank para hallar una posible solución. “Hay mucha apertura por parte de ellos, todo bien por ese lado”, sostuvo. Por otra parte, todavía está a la espera de una respuesta formal de Movistar.

Este Diario se contactó con las empresas operadoras en cuestión para poder tener sus descargos. El personal de Claro informó que no va a emitir un comunicado al respecto.

Por su parte, Movistar mandó un pronunciamiento: “estamos comprometidos con colaborar con las investigaciones en torno a los casos de portabilidades no autorizadas. La empresa cumple con los controles exigidos por la normativa de telecomunicaciones vigente, sin embargo, existen organizaciones delictivas que logran acceder a información personal de los usuarios a través de distintas modalidades”, dijeron.

La empresa agrego que “(los delincuentes) logran eludir los controles de seguridad para realizar operaciones delictivas. Somos conscientes y respaldamos la importancia de unir fuerzas con las autoridades para combatir los delitos cibernéticos y proporcionar soluciones eficientes que protejan la seguridad de nuestros clientes y la ciudadanía”.

Alexandra Vargas, abogada penalista de Estudio Linares y experta en temas de ciberdelitos, comentó a El Comercio que, para realizar una portabilidad, conforme a lo indicado en la propia normativa del Osiptel, el usuario tiene que generar una solicitud y brindar su consentimiento expreso a través de un código de validación. “Las operadoras móviles han sido negligentes y podrían terminar respondiendo civilmente, pero es muy complicado imputarles una responsabilidad penal solo basados en la debilidad de su sistema de validación del usuario que está migrando”, dijo.

Señaló que los responsables en realizar la migración de la línea y acceder de manera ilícita al sistema del banco Scotiabank podrían ser procesados por el delito de Suplantación de identidad y Fraude Informático, tipificados en los artículos 9 y 8 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. Por un tema de competencia y especialidad, se debe acudir a Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia.

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, sostuvo que ha ocurrido una violación al derecho fundamental de los consumidores a ser informados y dar su autorización antes de cualquier alteración en los servicios que adquieren. “Esta situación también ha evidenciado los problemas en la protección de los datos personales, ya que la migración sin consentimiento podría exponer a los usuarios a riesgos de seguridad y privacidad”, añadió.

El especialista recomendó a los ciudadanos a reforzar su integridad digital con contraseñas seguras para evitar cualquier actividad fraudulenta. De ese modo, protegerán sus cuentas bancarias. “El usuario podrá presentar un reclamo ante la empresa operadora en la que se ejecutó la portabilidad sin consentimiento. Además, respecto a las entidades financieras, el consumidor afectado podrá interponer un reclamo por consumos no reconocidos a través del Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)”, precisó.

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Angello Merino Mancisidor, también abogado especialista en protección al consumidor y asociado del Estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, señaló que, en la mayoría de casos, este delito cibernético es consecuencia de haber enviado información privada a una página que no es confiable, por ejemplo, para registrarse a una plataforma. “Siempre hay que verificar que los links tengan la figura de un candado al costado superior izquierdo, así constataremos que se trata de una página segura”, dijo.

También propuso que, para validar la identidad de los usuarios, estos pueden acercarse personalmente a los agentes de las operadoras móviles y brindar su número celular, DNI, entre otros datos para así confirmar su consentimiento. “Si no recibes una respuesta de la operadora, también puedes acudir al Tribunal de Solución de Reclamo del Osiptel para denunciar una portabilidad no autorizada (...). Por otro lado, respecto a los pagos no reconocidos de entidades bancarias, es Indecopi el canal correcto de apoyo”, agregó.

El Osiptel explicó a este Diario que es importante presentar un reclamo por falta de consentimiento de la portabilidad ante la empresa operadora. El plazo para resolver es de 3 días hábiles más 5 días hábiles para la notificación. Presentado el reclamo, la empresa debe suspender el servicio de forma inmediata, ya sea si el abonado presenta el reclamo por teléfono o presencialmente.

Los usuarios pueden comunicarse con el Osiptel a través de diversos canales de atención, como la línea FonoAyuda 1.844 y el correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe. También se puede acudir de forma presencial a las oficinas regionales ubicadas en todo el territorio nacional.

Por otra parte, el servicio gratuito Reclama Virtual del Indecopi cuenta con las líneas telefónicas 224 7777 para Lima y el 0 800 4 4040 para regiones. Además, se encuentra el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe.