Caral, el Patrimonio Cultural que enfrenta un conflicto por la propiedad de sus tierras | INFORME

“Es un abuso lo que está pasando. Nos hemos sentido abandonados por las autoridades. Los abogados están amenazados, yo misma estoy amenazada. Entonces, ¿cómo vamos a seguir así si la gente no protege el patrimonio cultural que ya no es solo del Perú sino del mundo? Si el país no protege el patrimonio cultural nos pueden quitar esa denominación”, alerta la reconocida arqueóloga y protectora de la ciudad más antigua de América, Ruth Shady. No es la primera vez que Shady ha levantado la voz. Lo hizo hace 25 años cuando anunció el descubrimiento de Caral, una ciudad con una antigüedad promedio entre 3.000 y 1.500 a.c. Lo vuelve a hacer ahora porque siente que la Ciudad Sagrada está desprotegida.

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Entre el cielo y los cerros

En su investigación sobre Caral, publicada en 1997, Ruth Shady la denomina La Ciudad de las Pirámides. Junto a un grupo de investigadores, la arqueóloga identificó que el ambiente del Valle de Supe, un medio desértico con dunas en medio del verde del valle, le daba el carácter sagrado que tuvo la civilización hace más de 5 mil años. “(...) Así la ciudad quedó aislada, elevada sobre el valle y alejada de la vida de éste, en una planicie, entre el cielo y los cerros”, dice la investigación.

Desde los años 40, investigadores como el antropólogo norteamericano Paul Kosok ya habían reconocido la existencia de una serie de complejos arquitectónicos monumentales en el Valle de Supe. A cuatro de estos complejos se les denominó Chupacigarro. Así lucía Chupacigarro entonces con pirámides, plazas circulares y muros. Hoy la situación es distinta.

En los años 70, según refiere el subdirector de Investigación y Conservación de Sitios Arqueológicos de la Zona Arqueológica Caral, Marco Machacuay, empiezan a aparecer las primeras ocupaciones en la zona de Chupacigarro por parte de la familia Solís Saavedra, liderada por el señor Rosario Solís López. Cerca de una hectárea del terreno, al norte de la Pirámide Mayor de Caral, fue ocupada por esta familia.

A finales de los 70, el arquitecto Carlos Williams y el arqueólogo Manuel Merino realizaron un catastro en el Valle de Supe, donde se registraron Chupacigarro y otro grupo de sitios arqueológicos de la zona. El catastro fue financiado por el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC), hoy Ministerio de Cultura (Mincul). Sin embargo, pese al hallazgo, no se realizaron excavaciones arqueológicas. Mientras tanto, las invasiones continuaron ampliándose en la zona.

En 1994, a través del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), creado para perfeccionar la titulación y el registro de los predios rurales expropiados durante la Reforma Agraria, el Ministerio de Agricultura inició el proceso de titulación de los predios agrícolas del Valle de Supe. En ese proceso, el PETT identificó a los ocupantes de terrenos arqueológicos, por lo cual no se les otorgó títulos de propiedad.

Al año siguiente, la arqueóloga Ruth Shady y un grupo de investigadores iniciaron los trabajos en Caral con el financiamiento de la National Geographic Society.

“El sitio de Caral está registrado desde los 70. En el plano se ven las riquezas arqueológicas que existen. El señor Rosario Solís destruyó un sitio arqueológico. Todos los verdaderos agricultores pacíficos que viven en el área se han beneficiado luego, son agricultores que a través de la reforma agraria hicieron su cooperativa y recibieron sus 2 a 4 hectáreas como máximo. Los verdaderos agricultores tienen título de propiedad. Pero estos señores han estado por ahí merodeando. No viven ahí. Todos tienen domicilio en Barranca. Esos terrenos inclusive no son buenos para la agricultura porque no forman parte de los canales permanentes que tienen agua todo el año. Ellos por su permanente tarea de arado y de riego están destruyendo los sitios arqueológicos. Por esa misma razón a nosotros no nos permiten investigar porque tienen miedo de que se pongan en evidencia estos elementos”, denunció el arqueólogo Machacuay a El Comercio.

Patrimonio Mundial

Durante el gobierno de Valentín Paniagua, en junio del 2001, el Ejecutivo declaró de interés nacional la investigación, registro y puesta en valor y conservación de la Ciudad Sagrada de Caral, bajo el liderazgo de Ruth Shady. Al año siguiente, el INC declaró a Caral y a otros 16 sitios arqueológicos del Valle de Supe como Patrimonio Cultural de la Nación. Todos forman parte de la urbanidad y civilización de Caral.

La Resolución Directorial 720/INC dispuso además que se elaboren los planos de delimitación de los sitios arqueológicos y se inscriban bajo la condición de Patrimonio Cultural de la Nación en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (Sinabip) y en los Registros Públicos. Los planos fueron aprobados en agosto del 2003.

Entre los años 2005 y 2006, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) hizo las primeras inscripciones de dominio sobre los predios arqueológicos dentro de la poligonal de delimitación de Caral-Chupacigarro a favor del Estado Peruano y que hasta entonces no contaban con titulación.

Finalmente, en el 2007 el Estado, mediante el INC, declaró y registró a su favor la propiedad estatal del predio arqueológico acumulado del sitio arqueológico Caral-Chupacigarro a través de la Partida 80027096, emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Pero la fecha clave para la Ciudad Sagrada llegó en junio del 2009. La Unesco aprobó la postulación de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe como Patrimonio Mundial el 28 de junio de ese año. La inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial se realizó dos días después.

Con esta declaración la Unesco reconoce que la Ciudad Sagrada de Caral tiene dos zonas territoriales:

- Una zona nuclear de 626 hectáreas, que contiene a la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, de 66 hectáreas, y que coincide con el área delimitada por la Resolución Directoral Nacional 645/INC del 27 de agosto del 2003.

-Una zona de amortiguamiento de 14.620 hectáreas, definida como Área de Protección Natural-Cultural, cuyos límites están constituidos por la cadena de cerros que demarcan la cuenca de Supe y conforman la denominada “Zona Capital”.

Para la arqueóloga Ruth Shady, desde esa fecha es que los conflictos con las familias que ocupaban la zona intangible se reanudaron.

La familia Solís

Mientras las investigaciones arqueológicas avanzaban, la ocupación de los terrenos en el asentamiento Chupacigarro y otros como Peñico y Limán también se expandía. En Chupacigarro, la zona ocupada pasó de 1 hectárea a casi 35, luego de que la familia Solís abriera un canal de irrigación en la zona, al que luego denominaron El Rosario. Actualmente, se ha afectado casi el 50% del área de Chupacigarro.

Según los arqueólogos, la afectación en esta parte de Caral es grave. Con esta irrigación se destruyeron muros y edificios prehispánicos de la civilización Caral. Tras el fallecimiento de Rosario Solís López, los terrenos fueron divididos entre sus hermanos, hijos y familia cercana. Los descendientes, entre ellos Pablo y Diana Mejía Solís, así como, Alejandro Solís Saavedra, aseguran que les corresponde un derecho heredado sobre el sitio arqueológico.

Según el Ministerio de Cultura, en diciembre del 2006, representantes de una asociación denominada Agrícola Caral, del valle de Supe, acudieron a ellos porque tenían interés en solicitar apoyo a la cooperación extranjera para cultivar paltos.

“Entonces se les explicó que los agricultores con títulos de propiedad no tenían restricciones para sus actividades agrícolas. Asimismo, se mostró a los representantes de dicha asociación que una parte de sus asociados estaban ocupando un predio arqueológico, el que había sido titulado desde el 2005 a favor del Estado Peruano. Asimismo, se les informó que los ocupantes del predio arqueológico no debían realizar actividades que afectaran el patrimonio arqueológico, y se les sugirió coordinar su reubicación con las autoridades locales. En este punto, cabe agregar que a los ocupantes del predio arqueológico no les corresponde el pago de algún justiprecio para abandonarlo, porque no han sido, ni son, propietarios del terreno que ocupan”, señalan en un comunicado.

En el 2013, esta asociación fue beneficiaria del programa Agroideas del Ministerio de Agricultura y recibió S/ 800 mil para sembrar paltos. Señalan los del ministerio que, desde entonces, los agricultores titulares araron con maquinaria y sembraron plantones en sus propiedades, sin problema alguno. Sin embargo, los señores Pablo y Diana Mejía Solís araron con maquinaria y sembraron plantones de paltos sobre un terreno de 2,28 hectáreas dentro del predio estatal del sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, que está titulado a favor del Estado Peruano. Es por ello que la Procuraduría del sector retiró de manera extrajudicial las plantaciones de paltos sembrados por ambos. Esto provocó que la familia convocara a la población del Valle de Supe aludiendo abuso de autoridad por parte de la Zona Arqueológica Caral.

Debido a que Alejandro Solis también plantó paltas dentro de un terreno de 5 hectáreas en el predio arqueológico de Caral-Chupacigarrola, el Ministerio de Cultura le inició un proceso judicial de reivindicación para que se reconozca el derecho de propiedad del Estado.

“Se inicia un proceso de reivindicación que cuenta con una sentencia en primera instancia que declaraba fundada la demanda para que se retire a la persona. En segunda instancia, confirmaron la sentencia y en la Sala Suprema se declaró infundado el recurso de casación presentado por el señor Solís y confirmaron la sentencia. Esto sucedió en el 2017, pero la diligencia de desalojo aún no se ha hecho efectiva”, comenta el abogado de la Zona Arqueológica de Caral, Ricarte Morocho.

A través de medios de comunicación de Caral, de sus redes sociales y de la página de Facebook del Frente de Defensa y Desarrollo de los Centros Poblados del Valle Caral - Supe, los integrantes de la familia Solís han salido a defender su postura. Ellos aseguran que es el Ministerio de Cultura y la arqueóloga Ruth Shady quienes los han afectado al intentar quitarles los terrenos que ellos consideran de su propiedad. Argumentan que han heredado las tierras por parte de Rosario Solís y presentan, como prueba de ello, certificados de posesión, licencias de agua y pagos de autovalúo de los predios. Sin embargo, no cuentan con títulos de propiedad.

En declaraciones a Radio Satélite, Pablo Mejía Solís, aseguró en diciembre último que en las hectáreas donde había sembrado palta no se han encontrado indicios de monumentos arqueológicos. Además, niega ser traficante de tierras o haber amenazado a la arqueóloga Ruth Shady.

“Esto perteneció a mi abuelo Rosario Solís López. Me han acusado injustamente de haber invadido la zona. En esta zona, la doctora Shady dijo que quizá había algo y le permití hacer excavaciones pero no encontraron nada. Con el pretexto de la zona arqueológica nos quieren despojar de nuestros predios, nos quieren invadir nuestros predios. Ellos nos causaron daño. Ha sido un abuso total. Me denunciaron como invasor y dijeron que yo la quería matar”, dijo.

De igual modo, otro integrante de la familia Solís indicó que es necesario que se investigue si en realidad existen o no monumentos arqueológicos en la zona que ellos ocupan.

“En 1986 el Ministerio de Cultura hizo un estudio donde certifica que estas tierras que abarcan 37 hectáreas no hay restos arqueológicos y la doctora Shady llega en 1992 a investigar Caral. Han dicho que somos invasores, traficantes de tierra y que hemos destruido monumentos arqueológicos. Quiero que esto se aclare porque si el Ministerio de Cultura, o las autoridades quieren demostrar que estamos destruyendo monumentos arqueológicos que se investigue a fondo. Mi familia y la población del Valle estamos dispuestos a mostrar la información correspondiente, porque eso es una gran mentira”, señaló Víctor Jesús Solís.

Las invasiones

Según Willman Ardiles, director general de defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, al año se reciben en promedio entre 3 a 4 denuncias por intentos de invasión o apropiación de áreas dentro de lo que la Zona Arqueológica de Caral.

“Hay traficantes de tierra en los sembríos y hay quienes están hace más de 30 años en un tema judicial. No es un tema que ya nos compete porque nuestra acción no va más allá de las acciones de la ley de procedimiento administrativo general. Igual la ley de Patrimonio Cultural indica que al margen de las acciones administrativas hacemos las denuncias penales”, precisa Ardiles.

El funcionario señala que, desde el 2017 a la fecha, se han iniciado 12 procedimientos sancionadores para quienes han cometido las invasiones en Caral. Estos procedimientos pueden terminar en una sanción pecuniaria o en la demolición.

“En Caral hacemos un retiro porque las edificaciones son precarias. No es que han construido casas, en estos sembríos hay pequeñas casas prefabricadas y sacan volados para sombra donde tienden todo el cultivo. Al menos 6 han sido sancionados. Cuando sucede una invasión, que se meten personas a Caral, no siempre termina en un procedimiento sancionador porque uno de los requisitos es que el presunto infractor esté identificado, pero los traficantes dejan las esteras vacías o en algunos casos encuentras a las familias. Nuestra principal misión es repelerlos y sacar a las familias. Cuando están vacías es porque el traficante de terrenos lo ha dejado ahí esperando para luego empezar a vender cada lote”, comenta.

Otro de los 25 asentamientos de la civilización Caral que han sufrido invasiones son Limán, Vichama y Peñico. Según los abogados de la ZAC, en Limán existe un conflicto de terrenos con la familia Riojas. Ellos poseen un terreno que limita con el asentamiento, pero en los últimos años han intentado expandir sus cultivos de tunas y plátanos hacia la zona intangible. La última vez que lo hicieron fue en plena cuarentena por el COVID-19.

“Ellos tienen una denuncia que hicimos en julio del 2020 a raíz de la afectación al sitio arqueológico. Después hicimos una recuperación extrajudicial. Ellos tienen una posesión pero quieren ampliarla y se están dirigiendo a la zona intangible. Habían instalado una casa rústica de 70 metros cuadrados. Habían sembrado tunas y plátanos. Hemos retirado la expansión que estaban realizando y ellos están diciendo que los estamos despojando de su posesión. Nosotros pusimos la denuncia en la comisaría de Supe que luego la remitió a la fiscalía de Barranca”, detalló el abogado Ricarte Morocho a El Comercio.

Personal de la Zona Arqueológica de Caral (ZAC) confirmaron al día siguiente que la familia volvió a sembrar en la zona.

En Peñico, otro de los monumentos que también fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación, se han registrado invasiones el año pasado durante el estado de emergencia decretado por el COVID-19.

Según los abogados de la ZAC, la denuncia por invasión se registró ante la Procuraduría Pública. Los denunciados serían integrantes de la familia Miranda.

Aprovechando la poca seguridad por el estado de emergencia, el año pasado también se registró una invasión en el asentamiento de Vichama, en Végueta.

En julio, fueron intervenidos Yhon Rodríguez Caurino y Yulisa Maza Melgarejo, quienes apoyados por otras personas, hicieron excavaciones para plantar más de 30 postes de madera y armar un cerco con esteras.

La semana pasada, el Ministerio de Cultura, junto a la División Policial de Huacho, retiraron columnas y muros de una vivienda que se había construido en la zona intangible. Debido a la poca seguridad con la que cuentan los monumentos arqueológicos, los invasores habían construido una vivienda con ladrillos y cemento. Esta situación se padece en Vichama desde hace 13 años.

Las amenazas

Debido a la situación de emergencia dictada por la pandemia por el COVID-19, la seguridad en la zona se ha visto afectada. Es por ello que el resguardo policial es casi inexistente. Según Ardiles, esto ha afectado al personal del sector y a los arqueólogos que llegan a la zona porque terminan siendo agredidos por los invasores.

Precisamente, el pasado 20 de enero, el arqueólogo Alan Ríos Ramírez denunció haber sido agredido físicamente por un grupo de personas que había invadido la zona de Chupacigarro. Ríos comentó que se les había advertido con anticipación que irían a la zona para realizar excavaciones, pero no les hicieron caso y se negaron a que ingresaran al lugar, pese a ser zona intangible.

“No hemos podido excavar en esta zona porque ellos se niegan. Ese día fui con mi compañero a hablarles y decirles que nos permitan excavar, no pidiendo permiso, sino informando, diciendo que no se les va a tocar sus campos de cultivo que tienen pero se negaron. Cuando estoy llegando a la zona es que me agreden, no me acuerdo el nombre del señor, pero ese día fue una agresión a traición. Pasamos de los insultos al contacto físico. Ellos dicen que es su tierra, es su posesión, puede ser, pero está titulado a nombre del Estado”, dijo a El Comercio.

Ante esta situación, la arqueóloga Ruth Shady dice que se siente abandonada por las autoridades. Ella y los abogados Kaleb Navarro y Ricarte Morocho de la Zona Arqueológica de Caral denuncian haber recibido amenazas telefónicas por parte de los invasores. Este es el mensaje que recibió Navarro en octubre del año pasado.

Las denuncias por estas amenazas fueron presentadas ante la subprefecta de la provincia de Barranca, Deana Morris, así como ante la Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de Barranca.

William Ardiles del Ministerio de Cultura indicó que la semana pasada, la viceministra de Patrimonio Cultural se reunió con representantes del Ministerio del Interior para evaluar la posibilidad de instalar una caseta de seguridad en la Zona Arqueológica.

“Está encaminado. La idea es que sea inmediato, pero el tema de pandemia nos va a retraer un poco. Pero sí hay voluntad de ambos sectores en que sea lo más inmediato posible”, indicó.

Mientras tanto, Ruth Shady ha tenido que refugiarse en Lima por temor a las denuncias. Sin embargo, los arqueólogos de Caral siguen expuestos.

La mesa de diálogo

El exministro de Trabajo de la gestión de Alejandro Toledo y hoy congresista de Podemos Perú, Carlos Almerí Veramendi, no duda en autodenominarse “el defensor de los agricultores” del Valle de Supe, y asegura que no tienen ningún interés personal ni económico detrás de esta defensa.

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El parlamentario quien, según su hoja de vida tiene ingresos familiares por la suma de S/ 280 mil por una parcela agraria en Supe valorizada en S/ 700 mil, dice conocer lo que sucede con los agricultores desde el 2010, cuando cinco centros poblados de Caral marcharon al Poder Judicial de Barranca protestando por los desalojos en la Zona Arqueológica.

Almerí participó de la audiencia pública que se realizó en Supe el pasado 11 de enero, donde junto a varias autoridades locales y dirigentes del Valle de Caral decidieron solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se instale una mesa de diálogo con carácter de urgencia para resolver la problemática de la zona.

“Hemos hecho un cabildo abierto frente a la Municipalidad de Supe, donde fueron los agricultores del centro poblado. El alcalde de Supe también se pronunció y dijo que no habían invasiones ni nada por el estilo. Me he reunido con el ministro de Cultura para definir el tema de la poligonal de Caral o en todo caso darle otro tratamiento”, refirió a El Comercio.

El congresista elevó el pedido a la PCM y el subsecretario de Gestión de Conflictos, Luis Enrique Oré, solicitó al Ministerio de Cultura coordinar una posible reunión con los interesados. La semana pasada hubo una primera reunión con la arqueóloga Ruth Shady y funcionarios del sector.

El alcalde de Supe, Luis Sosa, informó que esta semana se reunió virtualmente con el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, y un grupo de agricultores del Valle de Supe que han sido acusados de invadir la Zona Arqueológica de Caral.

“Se les está tratando de manera injusta a los hermanos agricultores. Hay documentos que prueban la posesión de los agricultores que entregaremos al ministro de Cultura demostrando que no son invasores ni traficantes de tierra, sino personas pacíficas. El ministro nos ha pedido que entreguemos todo eso y que ellos van a compararlos con la otra parte”, dijo a una radio local.

El alcalde indicó que el ministro Neyra se comprometió en instalar una mesa técnica sobre esta problemática. Consultamos al Ministerio de Cultura sobre este punto y nos indicaron que aún no se puede adelantar información porque es solo una propuesta. Indicaron también que, tanto al alcalde de Supe como a los agricultores, se les dijo que la versión que se tiene desde el sector “es distinta” a la que ellos tienen.

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