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Hace 18 años el aniversario de Arequipa tiene un aroma a tristeza. Horas antes del 15 de agosto de 1996, en plena verbena, la esquirla de una bombarda impactó contra un cable de media tensión y causó la muerte de 35 personas en el puente Grau. Los postes estaban en medio de una zona urbana y no guardaban la distancia mínima de seguridad.
Mil kilómetros al norte de Arequipa, en Lima, Marlon Velásquez abre la ventana de su habitación ubicada en el distrito del Rímac y se topa con una telaraña de cables a pocos metros de distancia. Si uno de estos cables cayera sobre su vivienda, la tragedia sería segura.
Marlon es una de las más de 73 mil personas en riesgo por esta situación. Según estimaciones del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano (PLAM 2035), aproximadamente 16.500 viviendas en nuestra capital corren peligro latente por su cercanía a cables de alta tensión.
“Las torres y los cables deben pasar por zonas convenientes, nunca sobre viviendas o muy cerca de ellas. Según su voltaje, las fajas de seguridad de las líneas eléctricas deben estar separadas por un espacio de 25 metros. Es decir, 12,5 metros por lado. Esto no se cumple”, señaló a El Comercio el ingeniero Rodrigo Calderón, especialista en riesgo del PLAM.
El tendido peligroso llega desde la Central Hidroeléctrica del Mantaro y cruza los distritos de Lurigancho-Chosica, parte de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, en la parte norte. Hacia el sur, el cableado recorre Cieneguilla, La Molina, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
Responsabilidad
El Ministerio de Energía y Minas determinó que la conservación de las fajas de servidumbre (espacio alrededor de una torre de alta tensión que no debe ser invadido) es competencia de las concesionarias eléctricas. Ello incluye realizar el saneamiento en caso de invasiones y velar por el cumplimiento de las distancias de seguridad.
Una de las causas de este problema, según señala el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se da por la invasión de pobladores en fajas de servidumbre que se encontraban libres.
Para Rodrigo Calderón, del PLAM, hay una responsabilidad por parte de los municipios que no fiscalizan eficientemente el asentamiento y crecimiento de poblaciones en zonas que ya estaban delimitadas para líneas de transmisión.
La Municipalidad de Lima responsabiliza a las empresas concesionarias Luz del Sur y Edelnor, que instalan los tendidos a pedido de los pobladores, muchas veces sin solicitar los informes de Defensa Civil. “Por ejemplo, lamentablemente, Edelnor hace la instalación de redes de luz solo con la presentación de planos”, dijo Teresa Bazalar, encargada de la Subgerencia de Defensa Civil.
El Comercio se comunicó con representantes de Edelnor, quienes indicaron que una política de la empresa les impide responder a este tipo de cuestionamientos.
Calderón explicó que en sus contratos de concesión, las empresas de electricidad se comprometen a brindar sus servicios a la mayor cantidad de personas. Ello incluye instalar redes si se les solicita. “Es positivo porque hay acceso para todos, pero muchas veces se coloca el servicio en lugares donde no se ha respetado la zonificación”, dijo. Lurigancho-Chosica es el distrito por donde se extiende la mayor cantidad de kilómetros de esta red. Su Gerencia de Imagen informó que las zonas más afectadas son Jicamarca y Carapongo.
Sin solución
En la campaña municipal, algunos partidos plantearon el reemplazo del cableado aéreo por uno subterráneo. No obstante, para el PLAM esta es una propuesta poco viable. “El costo es muy grande. Las empresas no están obligadas a asumirlo, el contrato no lo estipula. El Estado tendría que cubrir ese costo”, dijo Calderón.
Otra solución sería reubicar a estas familias ya asentadas, aunque ello resulta improbable. “Solo queda reducir el riesgo con más vigilancia y fiscalización”, según el representante del PLAM. El mantenimiento de las líneas queda en responsabilidad de Luz del Sur y Edelnor.
