El avance del crimen violento en el país parece incuestionable. Sin embargo, se trata de un fenómeno que puede ser detenido y eventualmente revertido, a condición de que se adopten las medidas necesarias. ¿Cuáles son estas?
La primera es ampliar la cobertura de la vigilancia y el patrullaje, que es la forma más antigua y eficaz de prevenir el crimen. No obstante, alrededor de la mitad de los barrios de Lima y de las ciudades del Perú no cuentan con este servicio.
Donde existe, los serenazgos y no la Policía Nacional del Perú son sus principales proveedores, a pesar de que los primeros cuentan con una quinta parte (25 mil) de agentes que la segunda (123 mil). La solución no es recurrir a las Fuerzas Armadas para llenar este vacío, sino poner a trabajar a la policía en esta que es una de sus dos principales funciones y la que más recursos humanos le demanda.
La segunda medida es mejorar la inteligencia y la investigación de los delitos, otra función fundamental de la policía, tan abandonada estos días como la labor preventiva. La experiencia indica que cuando hay presión mediática, la policía actúa normalmente rápido y bien. No es el caso en la mayoría de los delitos, que normalmente no se investigan y tampoco se sancionan. Para enfrentar con éxito el crimen organizado, esta es la herramienta fundamental.
Como lo demuestran los últimos casos de grandes redes criminales descubiertas, la policía y la fiscalía, responsables de la investigación delictiva, han estado a la zaga de los acontecimientos. El gran desafío es que se anticipen a ellos, como ocurre en los países más desarrollados, en los que, por ejemplo, no se espera que un hecho terrorista ocurra para que la policía actúe. Es preciso pasar de la reacción a la anticipación del crimen.
La tercera es que los hechos criminales sean castigados por el Poder Judicial y que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encargue de hacer cumplir las penas, incapacitando a los criminales de seguir delinquiendo.
Parece sencillo pero no lo es, por cuanto las instituciones que participan de la cadena de valor de la seguridad ciudadana son, con frecuencia, susceptibles a la corrupción, la principal herramienta que utiliza el crimen para neutralizar la efectiva acción contra él.
Para evitar que esto ocurra se requiere que dichas instituciones estén en manos de gente no solo capaz, sino proba, que tenga claro que la primera y más importante línea de combate contra el crimen sea la lucha contra la corrupción en la propia casa. Tarea tanto más difícil si se tiene en cuenta la prevalencia de una cultura extremadamente laxa frente a esta lacra.
El otro reto es garantizar el éxito de una política pública con tantos y tan diversos actores. El esfuerzo requiere de un liderazgo presidencial, sin tacha, sin cuestionamientos y sin hipotecas, que facilite el trabajo en conjunto y conduzca la estrategia.
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