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Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que las llamadas de celular y la señal de WiFi fueron bloqueadas en los penales del Callao y Ancón II, a fin de evitar su uso por bandas delincuenciales, reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana.

Se inició así el cronograma para lograr que 33 cárceles del país cuenten con bloqueo integral a diciembre del 2018. El próximo penal bloqueado será Chincha, a fin de este mes.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y el jefe del INPE, Carlos Vásquez, presenciaron en el establecimiento penal del Callao la puesta en marcha de este servicio que comprenderá al 90% de la población penitenciaria del país.

“Los bloqueadores garantizan seguridad para el país”, señaló.
Se bloquea los servicios de operadores de telefonía e internet móvil, redes inalámbricas WiFi y futuras tecnologías similares, con la colocación de paneles en el perímetro de cada penal.

Los paneles emiten señales de interferencia las 24 horas del día, para que ninguna comunicación pueda ingresar o salir del recinto y bloquear llamadas, el uso de WhatsApp, Facebook y otros medios.

El sistema permitirá monitorear y georreferenciar las llamadas de redes delincuenciales. Así, se reducirá el accionar del crimen organizado desde las cárceles, como extorsiones, tráfico ilícito de drogas, robos y otros delitos.

El contrato considera la colocación de cabinas de telefonía pública a la población penitenciaria, por parte de la empresa, para garantizar comunicaciones seguras.

A diciembre de este año, se restringirá las llamadas telefónicas y el acceso a internet en Ancón I, Castro Castro, Huacho, Lurigancho, Ica, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Huaraz. Serán así 14 establecimientos bloqueados, pues el servicio ya opera en los penales de Cañete y Huaral.

El incumplimiento de una sola fecha del cronograma por parte de la empresa encargada significará falta grave y causal de resolución automática del contrato.

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