Luego de descubrir una red criminal que se encargaba de prostituir a menores de edad en los interiores del penal de Carquin, en Huacho, el coronel PNP Manuel Díaz Barco, a cargo de la división de Trata de Personas de la Divincri, informó a El Comercio que la fiscalía liberó a 5 de los 7 detenidos que forman parte de la banda criminal ‘Los tratantes del Norte Chico’. Asimismo, se supo que continúan las investigaciones para conocer si hubo participación de personal del INPE en este caso.
LEER TAMBIÉN: INPE investiga presunto caso de explotación sexual de menores de edad en el penal de Huacho
“El domingo se entregó el informe, pero desafortunadamente la fiscalía de crimen organizado de Huacho ha procedido a darle libertad a los intervenidos en el prostíbulo El Rosal”, indicó Díaz Barco.
Se trata de Aldo Alexcy Saavedra de la Cruz (26), encargado de la seguridad interna y mantenimiento; Hiraldo Luis Valverde Cueva (30), seguridad externa; Eladio Gidel Albornóz Solórzano (49), control y cobranza de ingreso de clientes; Carlos Joaquín Valdillo Higinio (26), barra de licores y caja; y Carlos Cristian Salas Sánchez (39), administrador del local. Las dos personas que aún permanecen detenidas son Fannyber Pérez Vásquez (47) y Kelvin Rafael Almarza Vásquez (18). Según informes de la PNP, este último se encargaba del desplazamiento de las menores.
“Me parece una decisión inapropiada”, señaló el coronel PNP sobre la liberación de 5 intervenidos a cargo del fiscal José Antonio Silva Vidal. “Se trata de un delito contra la dignidad humana, en la modalidad de explotación sexual de adolescentes. Es muy grave”, agregó.
Asimismo, sostuvo que la pena por este delito sería de entre 30 y 35 años, según el Código Penal. Para el oficial solo se estaría tomando en cuenta el delito de proxenetismo, que tiene una pena más leve. “Esta actividad constituye un medio de subsistencia para los integrantes de la organización criminal. Se deriva como una situación de trata de personas, pues tuvieron que realizar un proceso de captar a las mujeres, reportarlas, trasladarlas y retenerlas en esos ambientes, para finalmente explotarlas sexualmente”, añadió.
El Comercio se comunicó con el Ministerio Público para conocer la razón de esta decisión. La justificación que dio la entidad para haber liberado a los 5 detenidos fue “porque no se encontraron elementos contundentes de convicción”. El fiscal Silva Vidal no quiso dar declaraciones personales.
Desarticulación de la red criminal
Todo empezó hace un mes, cuando se advirtió el funcionamiento de una red de prostitución dentro de dos establecimientos nocturnos en Huacho. “Nosotros no necesitamos un permiso para intervenir en flagrancia. Si advertimos que se está cometiendo un delito, podemos ingresar”, indicó el coronel. Sin embargo, esta intervención se convirtió en un caso de mayor gravedad tras descubrir que las víctimas no solo eran menores de edad, sino que además llevaban sellos y números en el cuerpo, los mismos que son colocados al momento de ingresar a un penal como visitante.
LEER TAMBIÉN: Trabajadores del INPE radicalizan protesta indefinida en penales de Lima: “Estamos desprotegidos por el Estado”
Tras el reportaje de Domingo al Día y la consecuente difusión del caso en los medios, el INPE emitió un comunicado señalando que iniciarían una investigación interna. De acuerdo al Sistema Biométrico de Visitas del penal de Huacho, las menores de edad fueron registradas como personas adultas.
Por otro lado, se buscó el apoyo de otras entidades estatales en el caso. “Desafortunadamente, la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público solamente apoyó con la alimentación y hospedaje de las víctimas un día”, indicó Díaz Barco. No se han podido tomar mayores medidas para apoyar a las menores en cuestión.
“En cuanto a la participación del INPE en este caso, lo que se advierte es que puede haber implicancia en el favorecimiento del ingreso de las menores”, explicó. “Pero en el peor de los casos podrían estar implicados como clientes, como lo están los internos del penal”, agregó. En cualquiera de los escenarios, se estaría frente a un hecho de connotación penal. Este Diario intentó comunicarse con las autoridades del INPE para obtener sus descargos, pero hasta al cierre de esta nota no hubo respuesta.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Castillo vuelve a reunirse en Palacio con abogados que denunciaron a fiscal de la Nación
- Hasta $ 3.000 para ingresar a San Marcos: conoce los montos por cada carrera que cobraba banda a postulantes
- Luis Quito, el rostro detrás de los negocios que abundan cerca de hospitales
- A bordo de un auto eléctrico por las calles de Lima (¿estamos listos para esta tecnología?)