El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció sobre el allanamiento de la vivienda de una periodista del diario Expreso. La organización civil pidió al Ministerio Público una investigación de los hechos, para esclarecer posibles irregularidades en el “desmesurado operativo”, y consideró que “una actitud dialogante con los habitantes del inmueble podía haber obtenido la colaboración que finalmente mostraron”.
El miércoles, un contingente de policías y fiscales de la 12° Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao allanó la casa de la editora política del mencionado diario, María Teresa García, para decomisar una cámara ubicada en la vivienda que permitiría identificar a los autores de un robo. En la casa viven la madre de García, de 90 años, y un hermano que presta servicios a la fiscalía del Callao.
Según el Ministerio Público, la policía requirió formalmente la cámara a los habitantes del inmueble allanado, y ante su negativa solicitó y obtuvo una orden judicial de allanamiento y descerraje, que se llevó a cabo con más de 40 policías.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado público desmintiendo que el allanamiento se haya producido de forma ilegal. Indicó que “en tres oportunidades se solicitó los videos de las cámaras a la propietaria del inmueble, María Teresa García Valenzuela, sin embargo esta se negó a proporcionar lo solicitado". La institución agrega que “se informó de esta negativa a la fiscalía, cuya autoridad solicitó el respectivo allanamiento”.
La periodista, sin embargo, indicó al IPYS, que nunca fueron notificados para entregar la cámara. La ausencia de este requisito sería un abuso de autoridad, según expertos consultados.
Un vocero de la fiscalía requerido por el IPYS indicó que no podía mostrar la notificación porque está en un expediente reservado. Dijo también que fue la policía y no el Ministerio Público, la que decidió la cantidad de efectivos policiales para realizar el operativo, que se llevó a cabo sin resistencia.