Tarda, pero llega: casi una década después, la justicia asoma para la familia de Gerson Falla

Un día antes de su muerte, el 23 de abril del 2011, Gerson Falla entró corriendo a una panadería de la avenida Canadá, en San Borja. Presa del pánico, el joven de 26 años causó algunos destrozos, mientras pedía auxilio y gritaba que lo perseguían.

Minutos más tarde, efectivos de la policía y serenazgo lo condujeron a la comisaría de San Borja. Falla sufrió una agresión de la que empezó a conocerse evidencia irrefutable recién casi cuatro meses después –en agosto del mismo año– por medio de un corto y revelador video.

“Suelta, pues, espérate”, pide Falla, con el torso desnudo, mientras lo colocan las esposas. Segundos después, lo arrastran por el piso de mayólica de la comisaría.

Luego de unas cinco horas, el joven fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de Miraflores. El diagnóstico de los médicos fue que sufrió policontusión; en otras palabras, lesiones múltiples ocasionadas por golpes. Ese mismo día fue dado de alta y se recomendó mantenerlo en observación.

Menos de 24 horas más tarde, el 24 de abril, Falla fue internado en el hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima, donde su vida se apagó. Ahí empezó también la lucha de una familia –que se ha prolongado por casi una década– en busca de justicia a pesar de retrasos, contradicciones y tropiezos.

–Primeros pasos–

Gerson Falla fue sepultado un jueves, el 28 de abril, en el cementerio Parque del Recuerdo de Lurín. Ese mismo día, el Ministerio del Interior separó temporalmente a tres policías involucrados en el caso: Diopoldo Aguilar, Alfredo Huamán y Percy Valdeavellano. Otros cinco efectivos asignados a la comisaría de San Borja recibieron la misma sanción tiempo después.

“Los exámenes practicados al intervenido el mismo día de la intervención revelan que se encontraba con síntomas de haber consumido drogas, especialmente cocaína”, afirmó en conferencia de prensa –un día después del sepelio de Falla– el general Javier Sanguinetti Smith, entonces jefe de la VII Dirección Territorial de la Policía Nacional.

Sanguinetti Smith fue menos tajante para responder por las lesiones que sufrió el joven a menos de los efectivos. “Solo se explica que el protocolo de necropsia señala muerte por edema pulmonar y edema cerebral. No se puede dar una versión oficial en vista de que [el caso] está en investigación”, expresó.

La respuesta de la familia Falla se hizo pública semanas después, el 15 de mayo, y fue diametralmente opuesta a la versión policial. Manuel Falla, padre de la víctima, presentó un informe de necropsia visado por el Ministerio Público en el que se señalaba que Gerson no estuvo drogado en la intervención.

–En los tribunales–

En octubre del 2011, el caso llegó al Poder Judicial. El Primer Juzgado Supraprovincial de Lima escuchó los alegatos del fiscal Julio César Cordero Bautista y de los policías acusados de la muerte de Falla.

Mientras el proceso continuaba su sinuoso curso, el suboficial Aguilar permanecía prófugo hasta que se entregó a las autoridades en mayo del 2012. Lo internaron en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho.

Un nuevo video fue clave para continuar armando el enrevesado rompecabezas de la muerte de Falla. El programa “Cuarto Poder” presentó imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Borja en las que se ve cómo la víctima fue agredida por los policías durante su traslado a la comisaría.

“Mire, en este espacio que dura 10 segundos, a lo mucho, le dan cuatro o cinco golpes con la vara. Imagínese el trayecto que duró de 10 a 15 minutos, ¿cuántos golpes más ha tenido mi hijo?”, se preguntaba, conmovido e indignado, Manuel Falla.

En abril del 2013, la jueza Janet Lastra emitió un informe que determinaba que nueve policías de la comisaría torturaron y causaron la muerte de Gerson Falla.

Como autores directos de la tortura, la magistrada mencionó a Diopoldo Aguilar y Alfredo Huamán. También señaló como cómplices a los agentes Julio Obeso, David Sánchez y Grover Rojas. El juicio oral empezó en diciembre del mismo año.

En esa etapa, el testimonio del policía Percy Valdeavellano fue crucial, pues narró con detalles qué sucedió realmente en la intervención. “Entonces en el traslado […] el intervenido se iba moviendo, entonces el señor Aguilar Camacho le propina entre dos a tres varazos con su vara de ley. Yo le dije: ‘Mi técnico, ¿qué pasa? No lo golpee’. Entonces me miró amargo, y dejó de golpearlo”, rememoró en una de sus intervenciones.

Finalmente, el 4 de febrero del 2015, casi cuatro años después de la muerte de Gerson Falla, el suboficial de policía Diopoldo Aguilar fue condenado a ocho años de cárcel, una sentencia siete años menor que la solicitada por la fiscalía.

En tanto, Obeso, Sánchez y Rojas fueron absueltos. La sala no leyó la sentencia de Alfredo Huamán, pues estaba prófugo aunque fue detenido días después.

–Nuevo inicio–

Cinco años más tarde, el caso de Gerson Falla aún estaba lejos de concluir. En marzo del 2016, la Corte Suprema del Poder Judicial ordenó la excarcelación del suboficial Aguilar y determinó que afrontara un nuevo juicio a cargo de otra sala superior.

“A la parte civil nos conviene que regrese a cero”, fue la reacción del padre de Gerson, quien continuaba en su interminable batalla por justicia. Él consideraba que en la sentencia original existían muchos vacíos, y que había testimonios claves que no fueron tomados en cuenta por la sala.

Y en octubre de ese mismo año, la Sala Penal Nacional condenó a 10 años de prisión a Alfredo Huamán y ordenó que pague una reparación civil de S/250 mil a los deudos del joven fallecido después de la brutal agresión.

El caso estuvo lejos de las primeras planas hasta martes 22 de diciembre de este 2020, cuando el Poder Judicial sentenció a nueve años de cárcel a Diopoldo Aguilar, tras establecer que fue el autor de la tortura que derivó en la muerte de Gerson Falla.

Asimismo, fueron sentenciados a cuatro años de prisión suspendida por el delito de tortura agravada los policías Julio Obeso y Christian Sánchez. Todos ellos deberán saldar una reparación civil de S/250 mil en favor de la familia de la víctima.

Así, nueve años después de la muerte de Gerson Falla, la justicia empieza a asomar para una familia devastada por un injustificable abuso policial.

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