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Entre el 3 y 5 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte detuvo a siete policías: cuatro de la División Regional de Inteligencia de Lima, integrantes del Departamento de Búsqueda y tres de la División de Emergencia Pelotón Cobra. A pesar de pertenecer a importantes ejes policiales, habrían exigido hasta S/30.000 a extranjeros a cambio modificar las actas de una intervención policial ejecutada en Carabayllo, el pasado 27 de julio de 2023.
Ellos fueron identificados como el suboficial de segunda Sixto Maxwell Quevedo Rivas, suboficial de segunda Oscar Reyes Huertas, suboficial superior Bacilo Regalado Cano, suboficial de segunda Jerson Zeña Facundo, suboficial de tercera Jean Marco López Arroyo, suboficial de segunda Christian Junior Mercado Bordón y el suboficial de segunda Gandhi Álvares Osto.
Solo durante el año pasado, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte logró sentencias condenatorias contra 12 efectivos policiales. En lo que va de 2024, 4 efectivos policiales fueron sentenciados. De encontrarse culpables a estos siete policías detenidos, se sumarían a lista de oficiales sentenciados.
Durante casi nueve meses, la Fiscalía en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de inteligencia de la Inspectoría de la PNP, trabajaron para identificar a los efectivos policiales involucrados en la intervención y otros que también estuvieron presentes vestidos de civil.
Este caso nos recuerda la red de policías que “alquilaban” los paraderos informales a combis piratas por cuantiosas sumas de dinero, como lo denunció a El Comercio un grupo de agentes de tránsito que fueron separados de la división por “meterse con la chacra de los jefes”:
Los hechos
Los dos hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos e intervenidos cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta en el distrito de Carabayllo, en julio del año pasado. Diana Fernandez Uribe, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, informó a El Comercio que en un primer momento los efectivos policiales le solicitaron [a los intervenidos] un pago de 30.000 soles a efectos de no proceder con la acción policial.
Luego, las sumas fueron negociadas a montos de S/15.000 y S/5.000. El último monto que exigieron fue de S/3.000. Tras el cobro de esa negociación final, habrían realizado las actas de intervención señalando que en una mochila que ellos portaban [los detenidos] había una granada de guerra pero que esta habría sido encontrada a tres metros de los intervenidos, no en posesión de ellos.
Los siete efectivos policiales son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, quienes valiéndose de su investidura policial realizaban, en nombre de ella, ilícitos penales.
Foto: Fiscalía
“Cuando se coloca a una determinada distancia a este explosivo, quita la vinculación por parte de las personas para una imputación por el delito de tenencia ilegal de armas y explosivos”, dijo la fiscal Diana Fernández Uribe.
Los policías detallaron que se encontró la granada dentro de la mochila a tres metros, pero según la investigación fiscal los detenidos siempre estuvieron con su mochila. Cabe resaltar que los hechos aún son materia de investigación.
Según la fiscal Fernández Uribe, los policías habrían incurrido en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Además, al haberse corroborado que no se consignaron los datos que realmente han sucedido, también se está postulando acumulativamente el delito de falsedad ideológica.
Reincidencia
“Se conoce que uno de los efectivos policiales tiene una sentencia en apelación también por un delito de corrupción”, informó la fiscal a cargo del caso.
Se trataría del suboficial de segunda Óscar Reyes Huertas, quien en marzo del año pasado obtuvo una sentencia de seis años de pena privativa de la libertad efectiva por solicitar una coima de S/200 a un conductor que manejaba su vehículo con su licencia suspendida. El caso data del año 2018, cuando él en compañía de otro agente escoltaron hasta un cajero automático al conductor para que retire el dinero a cambio de no llevarlo hasta la comisaría del sector.
Lo que los policías no sabían era que un conocido del agraviado se comunicó con un alto mando policial para denunciar los hechos. Este último se acercó hasta el cajero para esclarecer los hechos. Él encontró a los efectivos esperando la entrega del dinero.
