El embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, condenó que ciudadanos de origen venezolano hayan sido detenidos en una operación policial este domingo en un hotel ubicado en la urbanización Costa Azul, en Punta Negra.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el diplomático indicó que sus compatriotas intervenidos afectan la imagen de los ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú con la intención de laborar y empezar una nueva vida tras salir de Venezuela debido a la crisis económica.
“Sobre los hechos en Punta Negra condenamos que ciudadanos de nuestro país se hayan visto involucrados ya que dañan la imagen de la gran mayoría que quiere trabajar y salir adelante”, se lee en la publicación.
Además, el embajador anunció que solicitarán a las autoridades los nombres de las personas involucradas para cooperar con las investigaciones a fin de conocer el origen de esta supuesta organización criminal.
“Esperamos que estos hechos sean manejados con la debida responsabilidad por los medios de comunicación evitando xenofobia contra ciudadanos extranjeros”, remarcó.
“Es el régimen de Maduro quien promueve la criminalidad en nuestro país y exportarlo a la región estaremos atentos ante estos sucesos”, finalizó el embajador de Venezuela.
-Sobre la detención-
Unas 124 personas fueron intervenidas la tarde del último domingo en un hotel situado en la urbanización Costa Azul, a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Este lunes, fueron trasladados desde Punta Negra hasta a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en el Cercado de Lima para continuar con las investigaciones.
En el megaoperativo del domingo, la PNP desarticuló una presunta organización criminal que, es este hotel, se reunían para planear delitos. En total, se intervino a 80 hombres (73 venezolanos, un colombiano y seis peruanos, entre los que se encontraban los administradores del local) y 44 mujeres (41 venezolanas y 3 colombianas).
Respecto a este caso, el presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial que se apliquen “todo el peso de la ley” al momento de investigar y procesar a los más de 100 personas detenidas.
Más temprano, el ministro del Interior, Carlos Morán, precisó que los intervenidos que cuenten con antecedentes penales serán procesados en el país, mientras los extranjeros que no cuenten con los documentos requeridos serán expulsados del territorio.