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El tercer equipo de la tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, liderado por el fiscal Orihuela, junto con la Policía Fiscal detuvo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano y a otros 7 implicados por estar presuntamente involucrados en una organización criminal llamada ‘Los Galácticos’.
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Lozano fue capturado esta mañana en su casa de San Borja. Mientras salía custodiado por personal policial, con una casaca amarilla y enmarrocado, indicó: “Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, que todo se aclare y pedir tranquilidad para las personas que confían en mi trabajo”.
Los detenidos en este operativo que aún continúa son: Sabrina Martín, Joel Raffo, Jean Robilliard, Norma Alva, Freddy Salazar, Karen Mandriotti y Juan Quispe Cáceres. Estos 8 directivos fueron detenidos en Lima. En provincia son tres: Humberto Miñán, José Carlos Isla y Franklin Chuquisuta. Han sido allanados también 16 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco.
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A los involucrados se los investiga por el presunto delito de organización criminal, extorsión, entre otros. Todos permanecerán detenidos durante 15 días en la sede de la prefectura de la capital, donde deberán participar en diligencias propias de las investigaciones del caso.
¿Cómo inició el caso?
La investigación fiscal describe al detalle a través de testimonios y denuncias la forma en que Agustín Lozano operaba. En el documento del Ministerio Público se precisa que en el 2022, una denuncia realizada por Oscar Martín Romero Aquino, representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. En los folios se mencionan los hechos delictivos que habría cometido Agustín Lozano Saavedra, entre otros, como parte de las acciones de una presunta organización criminal.
En su descargo, Romero Aquino precisó que a la fecha Agustín Lozano no habría comunicado los ingresos obtenidos respecto al derecho de televisación de los partidos de los clubes de la Liga 1, siendo que la FPF recibía el 10% por cada encuentro deportivo televisado.
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“La denuncia presentada contra la organización criminal liderada por Agustín Lozano Saavedra versa por los actos extorsivos desprendidos por los derechos de televisión que la FPF pretende apropiarse, actos que son avalados por la reciente e ilegal junta Directiva que lozano Saavedra ha logrado inscribir en el Asiento A00026 de la Partida 0300162 de la Federación Peruana de Fútbol”, se lee en el documento fiscal.
Cabe recodar que hace algunos años, Óscar Romero Aquino, se desempeñó como secretario general de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Según reveló un informe de El Comercio, trabajó en la casa de estudios desde 2004 y durante varios años ostentó el sueldo más alto de la universidad, solo después del polémico rector Luis Cervantes Liñán. Romero Aquino ganó S/20 millones en 4 años.
Lo cuestionable es que el secretario general debía ser un profesor principal, electo por el Consejo Universitario de una terna propuesta por el rector. Romero, en cambio, fue traído de fuera y nombrado por Cervantes apenas asumió el rectorado.
El reglamento de la UIGV otorgó a su cargo el grado de confianza, por eso Romero se mantuvo inamovible. Su función era certificar los documentos oficiales, pero en la práctica era el principal asesor de Cervantes y la autoridad administrativa de la universidad.
¿Cuál era el rol de cada uno?
La denuncia formulada por el representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional también precisa los roles criminales que cada uno de los investigados habría ejercido.
- Agustín Lozano Saavedra: líder de la organización criminal y presidente de la FPF. Mediante presuntos actos extorsivos pretendía captar los derechos de transmisión televisiva de los clubes de fútbol peruano, el mismo que estratégicamente habría colocado a personas de su entorno para beneficiar a la organización que lidera.
- Raúl Eduardo Bao García: designado como directivo de la FPF, el mismo que respaldaría los actos ilegales de Lozano y se vería beneficiado económicamente con el patrimonio de la institución mediante dádivas a cambio de votos y quien también fue uno de los beneficiados por el viaje a Qatar. “Esta persona respalda los actos extorsivos para que la O.C liderada por Lozano, se apropie de los derechos de televisión de los clubes de fútbol peruano”, precisa el documento fiscal.
- Víctor Bellido Aedo: designado como directivo de la FPF, quien respaldaría los actos ilegales del denunciado Lozano y se vería beneficiado económicamente con el patrimonio de la institución mediante dádivas a cambio de votos y quien también fue uno de los beneficiados con el viaje a Qatar por el repechaje.
- Luis Alberto Duarte Plata: designado como directivo de la FPF, cuenta con un rol activo en la junta Directiva. Agotaría todas las vías para que los demás miembros no denuncien la falta de transparencia de las cuenta y que los derechos televisivos sean administrados por la O.C liderada por Lozano.
- Juan Enrique Dupuy García: designado como directivo de la FPF, quien mantiene un grupo de interés de algunos futbolistas, el mismo que ha sido designado como directivo de la FPF en la última inscripción de la Junta Directiva, contenido en el Asiento A00026 de la Partida Electrónica 03000162.
- José Carlos Isla Montaño: designado como directivo de la FPF. En 2018 fue detenido al comprobarse sus vínculos con el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En la actualidad también integraría la organización criminal de Lozano Saavedra. Según la Fiscalía, mediante actos ilícitos realizó actos de disposición de dinero de las cuentas de la FPF, logrando favorecimiento económico ilícito para el grupo de Lozano.
- Gisella Karen Mandriotti Nightingale: directiva de la FPF y presidenta del Deportivo Cantolao, quien viajó a Qatar dentro del vuelo chárter que acompañó a la selección peruana de fútbol, con las cuenta a cargo de la FPF. Con ello, Agustín Lozano se favorecería para asegurar votos y que algunos clubes hagan caso omiso a las irregularidades de la FPF.
- Sabrina Gisella Martín Zamalloa: designada como apoderada y secretaria de la FPF, persona que estuvo autorizada por el notario Jorge Luis Gonzales Loli para presentar la Escritura Pública 6315 y Kardex 2319356 que dio lugar al Título 2022-01751909 por la modificación del Estatuto de la FPF; sin embargo, mediante ‘subsana’ las observaciones de la fecha 15 de julio, cuando esta persona no estaba facultada ni autorizada.
- Genaro Humberto Miñan Armanza: designado como directivo de la FPF, dirigente de la Liga Departamental de Tumbes y quien estuvo involucrado en la reventa de entradas para el mundial de Rusia 2018, donde Agustin Lozano Saavedra fue sancionado por la propia CONMEBOL.
- Oscar Ramirez Gamarra: designado como directivo de la FPF, representante del club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y fue también Congresista de la República por la bancada de Fuerza Popular. Acusado de formar parte del ‘Clan Ramírez’, liderado por Joaquín Ramírez. El mismo que cambia sus votos por poder económico y la permanencia de su equipo.
- Arturo Ignacio Ríos Ibañez: designado como directivo de la FPF, presidente club Atlético Grau de Piura y socio de Lozano que recibiría cada mes 100 mil dólares de la tesorería de la FPF supuestamente destinados al club Grau, sin rendición de cuentas alguno. El mismo que cambia su voto a favor de este beneficio y respaldando que la FPF que haga de los derechos de televisión de los clubes de fútbol peruano.
- Jean Marcel Robilliard Ibarcena: apoderado y secretario de la Junta Directiva de la FPF ilegalmente inscrita en el Asiento A00026 de la Partida 0300162. A quien se le habría designado para realizar actos extorsivos para que la O.C. se apropie de los derechos de televisión de los clubes de fútbol.
- Victor Raúl Rojas Tito: designado como directivo de la FPF, presidente del Sport Huancayo, Esta persona respaldaría los actos extorsivos para que la O.C. liderada por Lozano.
¿Cómo operaban 'Los Galácticos'?
El denunciante señala además que el accionar de la organización criminal se materializa en los actos extorsivos para tener el control de los derechos de televisión que la Federación Peruana de Fútbol pretende apropiarse, derechos que son propios e inherentes de los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano, por cuanto vienen ejercitando su derecho constitucional a la libertad de contratación.
Sobre las transmisiones de los partidos, Romero Aquino narró que la FPF convocó a un proceso de licitación acerca de los derechos de la televisión para la transmisión de la Liga 1, convocatoria que se realizó pese a la existencia de contratos y cláusulas de preferencia de renovación que los clubes de primera división habían realzado con mucha antelación. La convocatoria se realizó en Chile, pero nadie se presentó como postor. Luego de ello la Federación Peruana de Fútbol en vez de declarar como desierta la convocatoria en beneficio a la empresa 1190 Sports, constituida en Chile.
En comunicación con El Comercio, 1190 Sports informó que “presentó proactivamente en 2022, su propuesta de gestión integral de los derechos de transmisión del fútbol local en el marco de la convocatoria privada liderada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y respaldada por un banco de inversión global de prestigio internacional, asegurando un proceso transparente y competitivo. Desde su llegada al Perú, 1190 Sports está abocada a aportar valor al fútbol local, ofreciendo sólidas credenciales y respaldo estratégico”.
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Por otro lado, durante el mundial Qatar 2022, según el denunciante la presunta organización criminal dispuso dinero de la FPF aproximadamente un millón 800 mil dólares para el viaje de la selección peruana de fútbol al repechaje y a Barcelona. En ese viaje se pagaron hoteles y demás acciones logísticas para el desplazamiento de comandos técnicos, funcionarios, dirigentes y terceros. La denuncia detalla que en ese entonces Lozano no tenía sus poderes inscritos en la Sunarp ni tampoco su junta directiva, por lo que no podían disponer del patrimonio económico de la FPF, situación que actualmente es investigada por la 2da Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Tercer Despacho, con la Carpeta Fiscal 296-2022.
