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Una corona fúnebre en la puerta del municipio, explosivos en la ventana de la casa del alcalde y videos con armas: esas son las amenazas que al menos cinco funcionarios municipales de San Juan de Lurigancho (SJL) han recibido en las últimas semanas. El alcalde del distrito, Jesús Maldonado, es la víctima más reciente. Él informó que las amenazas de muerte en su contra serían ejecutadas por ‘Los Malditos de Huáscar’, una organización delictiva dedicada a la extorsión.
En comunicación con El Comercio, Maldonado declaró que existen al menos cinco tipos de actividades criminales que mantienen a su población en alerta. Las extorsiones, cobro de cupos y trata de personas, son algunas de ellas.
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“San Juan de Lurigancho era un distrito inseguro desde antes que nosotros ingresamos a la municipalidad. Lamentablemente la inacción de muchos gobiernos generaron que crezcan espacios donde la delincuencia saca provecho”, dijo el burgomaestre de San Juan de Lurigancho.
Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho.
Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
Un distrito parcelado por la delincuencia
En febrero de este año, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho desalojó a cientos de vendedores ambulantes informales que ocupaban la Av. Los Jardines. La respuesta al operativo no fue positiva por parte de los comerciantes ni por los delincuentes que se dedicaban a la lotización, extorsión y cobro de cupos en la zona. “Muchos de ellos [los comerciantes] son amedrentados. Les quitan sus cosas, les rompen la cabeza, los amenazan, les enseñan armas, entre otras cosas. Ante ese temor, el sometimiento parece el único camino para que ellos sigan trabajando”, señaló Jesús Maldonado.
Lo mismo sucede con los mototaxistas, son víctimas de diversas bandas dedicadas al cobro de cupos. Las cuales, en ocasiones, se enfrentan por hegemonía territorial. Según informó el burgomaestre, en su jurisdicción hay un aproximado de 30.000. Al menos 10.000 de ellos son formales y 20.000 informales; sin embargo, detalló que la última cifra se está reduciendo.
Cobradores de cupos también tienen en la mira a personas que se dedican a vender pasajes en la Línea 1 del Metro de Lima. En agosto del año pasado, una mujer fue asesinada en los exteriores de la estación Pirámides del Sol.
Mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada por un sicario. Hasta el momento de los hechos se presumía que el crimen respondía a una lucha territorial por la mafia de tarjeteros.
Foto: Archivo
En ese submundo de la ilegalidad existen bandas criminales dedicadas a la modificación de saldo de tarjetas. El pasado 10 de abril la Policía Nacional del Perú intervino a miembros de la organización criminal ‘Los Rápidos de SJL’, dedicados al presunto delito de fraude informático.
Juan Carlos Zúñiga Obregón, de 50 años, alias ‘Manzanita’ y María Katia Patricia Tagle Tagle, de 34 años, (a) ‘La Otorongo’, cayeron en los exteriores de la estación Santa Rosa del la Línea 1 del Metro de Lima. Los hechos sucedieron el pasado 10 de abril. La policía halló 13 tarjetas, de las cuales 5 eran adulteradas. Ambos cuentan con antecedentes policiales.
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Al otro extremo del problema, se encuentran negocios informales administrados por las mafias: prostíbulos sin permisos, locales y calles de explotación sexual. Además, también existen bandas criminales dedicadas a la extorsión y cobro de cupos en eventos musicales en el distrito.
El pasado 22 de julio de 2023, un equipo de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, intervino el local “Pantera Rosa”, ubicado en la Av. Próceres de la Independencia de San Juan de Lurigancho.
En el lugar se intervino a más de 100 personas y también se rescató a mujeres quienes eran víctimas de explotación en el lugar.
Foto: Archivo.
Uno de los últimos ataques registrados de ese tipo, fue en setiembre del año pasado, cuando unos delincuentes detonaron una granda en los exteriores de una discoteca ubicada en la Av. Los Jardines, donde se iba a presentar el artista de música chicha conocido como Chechito.
“Lo que tenemos aquí en el distrito, por ser tan grande, pujante y manejar una economía inmensa que muchas veces no está registrada, es el escenario perfecto para acciones delictivas. Otro componente que favorece a ello es la poca presencia del Estado a través de la policía. El serenazgo es un agente disuasivo, no puede combatir la criminalidad. San Juan de Lurigancho es el distrito descrito para que la delincuencia pueda actuar con impunidad”, señaló Jesús Maldonado.
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Casi un millón y medio de personas vive en el distrito, para ese gran volumen poblacional solo hay destinados 1.500 policías. Los cuales, según el alcalde, se distribuyen por turnos y solo la mitad sería operativa. “Es por ello que nosotros postulamos la presencia de las Fuerzas Armadas”, dijo.
Desde setiembre del año pasado hasta enero del presente año, San Juan de Lurigancho enfrentó la medida de estado de emergencia.
Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Además de Jesús Maldonado, otros funcionarios municipales y alcaldes han sido amenazados de muerte por cumplir sus labores. Ulises Villegas, alcalde de Comas, denunció ser víctima de extorsión y amenazas de muerte en enero de este año. Rubén Cano, alcalde de La Victoria también denunció en diciembre del año pasado haber recibido una corona fúnebre y una granada en los exteriores de su vivienda. La lista es larga y Maldonado lo recuerda.
“No soy la primera ni la única autoridad que ha sido amenazada. Revisando los antecedentes y la forma de actuar del gobierno, podría decir con temor a no equivocarme que lo mío sucederá como todos los anteriores: quedará en una denuncia. Autoridades de este periodo han hecho su denuncia, publicado videos, otorgado testimonios, pero no hay personas capturadas ni investigadas”, declaró.
Contra el alcalde habría un ánimo de amenaza desde el penal de Lurigancho. Él informó que mucho del dinero que los extorsionadores recolectaban a través del cobro de cupos a vendedores informales que estaban ubicados en la Av. Los Jardines, iba directamente al penal. Los mensajes que Jesús Maldonado recibió fueron firmados por la banda criminal ‘Los Malditos de Huáscar’.
Alcalde de San Juan de Lurigancho es víctima de amenazas de muerte.
“He anunciado públicamente en las redes sociales y en distintas reuniones que vamos a recuperar la calle 8 de Campoy, Bayovar, 5 de Mayo, Mariscal Cáceres y Canto Rey. Entonces, yo creo que los delincuentes sienten que ya se les quitó gran cantidad de dinero en la Av. Los Jardines”, dijo.
En cifras
No es la primera vez que funcionarios del distrito están cerca de la muerte. En octubre de 2023, el Teniente Gobernador de San Juan de Lurigancho, Tommy Saravia, fue asesinado a plena luz del día. Un día después del lamentable crimen, dos serenos de la comuna, identificados como Jairo Ulloa y Yuri Lapa, también fueron ultimados. Los hechos sucedieron en pleno estado de emergencia, el cual fue decretado el 18 de septiembre de 2023 y culminó el 19 de enero de 2024. El 31 de enero del presente año, el agente de seguridad del regidor Juan Prado, identificado como Juan Liñán, fue asesinado.
Con anterioridad, a través de un pedido de acceso a información, El Comercio conoció que entre septiembre y octubre del año pasado, se registró en promedio 39 casos de homicidio en San Juan de Lurigancho mientras regía la medida de estado de excepción. En tanto, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante el último trimestre del 2023, en el mismo distrito se contabilizaron 56 denuncias por homicidio y tentativa de homicidio.
Cifras de la PNP evidencian que el distrito de SJL ocupó el segundo puesto en un ranking de denuncias por delitos contra el patrimonio a nivel Lima. Este acumuló un total de 4.049 denuncias durante el último trimestre del 2023. En esa misma línea, sumó 1.830 por hurto y 1.536 por robo en el mismo periodo de tiempo.
El Comercio también pudo conocer que durante el primer trimestre del presente año, la Policía Nacional del Perú (PNP) contabilizó 85 casos de homicidio y tentativa en San Juan de Lurigancho. Es decir, aproximadamente un caso diario. En 2023, cifra para el mismo periodo fue de 52 casos.
Los robos al paso también son una preocupación para los vecinos de San Juan de Lurigancho. De enero a marzo de 2024, la PNP registró 4.338 denuncias por delitos contra el patrimonio. En tanto, el año pasado fueron solo 3.884 durante los primeros tres meses del año.
Acciones necesarias
“El gobierno sigue a la deriva en el manejo del problema de inseguridad ciudadana. Lamentablemente tenemos que insistir que hasta el momento el gobierno no ha podido establecer una estrategia. También tengo que mencionar que los alcaldes y los gobiernos subnacionales siguen sumidos en la desesperación sin tener claridad de sus competencias. Lo más trágico, sin saber qué pedir al gobierno nacional frente a esta amenaza”, declaró Rubén Vargas, exministro del Interior.
El especialista detalló que en la actualidad la población enfrenta una situación crítica de inseguridad ciudadana. Resaltó que el actual gobierno no tiene respuestas correctas ante ello y disponen medidas que no son las idóneas para enfrentar a la criminalidad organizada, como los estados de emergencia en Pataz y el último declarado en Arequipa.
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“La estructura criminal que extorsiona podría tener su base de operaciones en el penal o en cualquier parte de Lima y eso solamente se combate con inteligencia. Esto solo se enfrenta con policía especializada, con inteligencia humana, electrónica y el trabajo articulado con el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas”, resaltó Vargas. También precisó que las Fuerzas Armadas no pueden enfrentar ni están preparadas para combatir las extorsiones.
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Nicolás Zevallos, director del Instituto de criminología y estudios sobre violencia (ICEV), informó que las Fuerzas Armadas cumplen una función valerosa e importante en las acciones de defensa nacional; sin embargo, el crimen urbano es responsabilidad de la policía. “Una unidad del ejercito no puede realizar inteligencia operativa urbana, no es su labor. [...] Las FF.AA apoyan en la lucha contra el crimen organizado en la amazonia. Ahí son importantes y tienen experiencia de campo”, declaró.
El experto resaltó que hay registros de varios operativos policiales donde no se ha necesitado el estado de emergencia ni se ha disparado una sola bala y se ha intervenido a cientos de delincuentes, producto de la inteligencia policial, investigación criminal y un trabajo en conjunto con el Ministerio Público.
