En la escalera de la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos quedaron zapatillas sin pares, botellas y lentes perdidos en medio de la huida. La noche del sábado 22 de agosto, por ese angosto y empinado pasaje en cuyo ancho no cabían más de dos personas, un tumulto intentó escapar de la intervención policial contra una fiesta clandestina. Doce mujeres y un hombre murieron ahí. De ellos y de los más de 100 asistentes al local, solo quedaron sus objetos abandonados en la desesperación.
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Esa escalera y la puerta hacia la calle son claves para entender qué pasó la noche de la tragedia. Hasta el viernes, la versión oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) era que la salida se había cerrado por el tumulto. Sin embargo, un video de la cámara de seguridad del local ha puesto en evidencia detalles no conocidos sobre la intervención.
Por este caso, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, ha dicho que recibió “información falsa” y confirmó cambios dentro de la PNP. Además, ha sido citado para esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Uno de sus miembros, el congresista Fernando Meléndez (APP), ya ha pedido su renuncia. Es la tercera vez que el titular del Mininter se presenta ante el Parlamento. El lunes 24, brindó detalles del accionar policial en la sesión de la Comisión de Defensa, que contó con la participación del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. Mientras que el martes 25, hizo lo propio ante el grupo de fiscalización. Jorge Montoya tiene menos de dos meses en el cargo.
PUERTA ABIERTA
El capitán PNP José Amézquita, oficial del Escuadrón Verde a cargo de la intervención, fue el primero declarar sobre lo ocurrido en los exteriores del local ubicado en la avenida Zinc de Los Olivos, unas horas después de la tragedia reportada aproximadamente a las 9 de la noche.
Ante la prensa, el oficial explicó que fueron los vecinos quienes alertaron que se realizaba una fiesta clandestina pese a la prohibición de reuniones para evitar contagios de COVID-19. Les habían dicho que eran unas 30 personas en la discoteca, pero al entrar descubrieron que había más de 120 que bailaban y tomaban en el segundo piso del local. Los policías eran apenas 20 agentes.
“Les dimos todas las indicaciones, haciendo la voz de alto para que se identifiquen y estas personas, en vez de acatar las órdenes, comenzaron a correr hacia la puerta”, dijo.
Esa noche mencionó tres veces que la puerta estaba abierta y que se cerró por la fuerza de la gente que intentaba escapar. En el alboroto, varias personas quedaron atrapadas en la escalera, entre ellas tres policías (él incluido), y 13 personas murieron asfixiadas. “Nadie cerró la puerta. Lo que paso es el tumulto de gente quiso salir a la fuerza al ver que estábamos interviniendo y en ese trajín es que la puerta se cierra y todos quedamos atrapados. Les indicábamos que retrocedan, pero nadie hacía caso”, remarcó.
Junto a él, el general Orlando Velasco Mujica, comandante general de la PNP, respaldó su versión. “Se desata una estampida que produce la aglomeración a la altura de la puerta de salida. Es una irresponsabilidad de un inescrupuloso empresario que realizó esta reunión social”, señaló. Mientras ellos hablaban, testigos y familiares de las víctimas gritaban para exigir justicia.
PUERTA ENTREABIERTA
Al día siguiente, en el programa “Cuarto Poder”, el ministro Jorge Montoya brindó más detalles de la intervención. Según su reporte, los policías que ingresaron a la fiesta se identificaron pidieron a los hombres voltearse mirando contra la pared para revisarlos, pero las mujeres se “agazaparon” y empezaron a escapar por las escaleras. El caos propició que los intervenidos lanzaran botellas contra los policías y aplastaran a las mujeres que se encontraban cerca de la puerta. “El capitán se encontraba al borde de las escaleras y es empujado. A la hora de caer, también caen los hombres que comienzan a escapar y aplastar a las mujeres. Había un suboficial cerca de la puerta y este es empujado. La puerta estaba entreabierta y se abría hacia adentro del local. Es ahí donde él también es aplastado y se cierra la puerta”, explica.
Para ese momento, testigos y familiares de las víctimas habían asegurado a varios medios de comunicación que la policía cerró la puerta para que los intervenidos no puedan escapar. Pero el titular del Mininter insistió en la posición de que fue el tumulto que bloqueó la salida: “En ningún momento la policía ha cerrado la puerta, se cierra cuando chancan o impactan contra el suboficial. Como la puerta se abría hacia adentro, impactan al suboficial y se cierra la puerta y lo aplastan. Tres policías resultaron heridos”.
De acuerdo con Montoya, se había cumplido “todos los protocolos”. De todas formas, adelantó que Inspectoría de la PNP iniciaría una investigación para determinar si la operación se realizó correctamente.
Un factor que agravó la situación fue que la puerta se cerraba hacia adentro, pese a que las normas técnicas para este tipo locales señalan que las salidas deben tener puertas en el sentido del flujo de los evacuantes ante emergencias o desastres. Esta regla se aplica para los establecimientos cuyos ambientes tienen un aforo de más de 50 personas, como indica la norma A130 del reglamento nacional de edificaciones.
Los videos grabados durante la intervención muestran a varios policías rompiendo con una comba la puerta metálica para poder rescatar a los atrapados por la estampida. Cuando esta se abrió, varias personas yacían en el suelo, los sobrevivientes intentaron reanimar a sus amigos y otro grupo empezó a correr.
PUERTA CERRADA
Todas las declaraciones de los siguientes días, incluido el ministro Montoya, seguían la misma línea: los asistentes se asfixiaron cuando intentaron escapar por la única puerta de la discoteca.
Sin embargo, el último viernes, América Noticias mostró el video de la cámara de seguridad de ubicada en la escalera. En él, se ve a un policía parado frente a la puerta cerrada de la discoteca. A las 8:53 p.m., empiezan a bajar mujeres mientras el agente las guía con la mano para ordenarlas en filas. Cinco, diez, 20 mujeres descienden de prisa, seguidas de varones. En pocos segundos la escalera está repleta de gente y la única salida, bloqueada.
Las imágenes muestran que para las 9:05 p.m. había al menos una persona tendida en los escalones. En el caos, un agente se retira la mascarilla para poder respirar mejor y otro intenta romper sin éxito la puerta lateral.
El dominical Panorama tiene algunas escenas más de las cámaras de seguridad: a las 8:43 p.m., la puerta estuvo abierta y tres mujeres lograron escapar cuando los policías se preparaban para ingresar. Las jóvenes salieron, pese a que cometían una infracción, luego de que un hombre de gorra negra, sin uniforme policial, les mostró a los agentes lo que parece ser una placa. Seis minutos después, cuando empiezan a bajar las asistentes al evento en grupos, dos policías estaban frente a la puerta cerrada, mientras que el descanso de la escalera otros cinco agentes intentaban evitar la estampida.
Un tercer video también llama la atención: una persona no identificada sin uniforme policial aparece en la zona de los hechos minutos después de la tragedia, cuando esta se encontraba bajo custodia policial. De acuerdo con fuentes de Cuarto Poder, se trataría de un Aaron Salcedo Recova, suboficial asignado al Grupo Terna responsable de registrar en imágenes todos los operativos. El informe revela que peritos del Ministerio Público determinaron que hubo manipulación de las cámaras de videovigilancia, pese a que la Policía había indicado, en un dictamen pericial, que no había videos porque los equipos no contaban con el dispositivo DVR.
Hasta ayer, Inspectoría General de la PNP no había revisado el video. El teniente general PNP Herly Rojas Liendo, inspector general, dijo al programa Panorama que solicitará los videos, que están en manos del Ministerio Público
“Nosotros no tenemos ningún video porque oficialmente están en manos del Ministerio Público. Nosotros lo solicitaremos en forma oportuna porque eso también –el informe policial y fiscal- sirve tomar nuestras decisiones administrativas”, declaró.
El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), a través de la División de Homicidios, están a cargo de las indagaciones.
PUERTA “JUNTA”
Ante la nueva evidencia, general en retiro Máximo Ramírez defendió la versión oficial y aseguró que “la policía nunca mintió” sobre la intervención porque la puerta no estaba cerrada sino “estaba junta”.
“Es diferente decir cerrada a decir junta. Esa puerta nunca estuvo cerrada y eso se observa en el video. Todos dicen cerrada. Cerrada significada que está cerrada con su cerrojo y esa puerta nunca estuvo cerrada. Por esa puerta entran los parroquianos y policías. Para mí esa puerta estuvo junta y esa es la posición que siempre dijo el capitán Amézquita, el comandante general de la PNP y el ministro del Interior”, señaló esta mañana a RPP.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, sostuvo que serán la Fiscalía e Inspectoría de la PNP las que determinen responsabilidades en cuyo caso se tomarán las acciones que correspondan contra los involucrados.
“No se va a permitir en ningún momento que se rompan los protocolos ya sea por parte de la fuerza del orden o de la población”, indicó a TV Perú.
El primer ministro también aclaró que las declaraciones del ministro Montoya y el comandante general de la PNP, Orlando Velasco Mujica, se basaron en la información del capitán PNP José Amézquita.
“Si el capitán o jefe del operativo en sus manifestaciones no se ha pegado a la verdad indudablemente que eso no puede ser aceptado en ninguna institución y menos en el Gobierno”, remarcó.
LO QUE SIGUE EN LA INVESTIGACIÓN
¿Cambia la investigación debido a los videos? Para la abogada penalista Romy Chang, los policías a cargo de la intervención deberán ser incluidos en las pesquisas, considerando que existen nuevas evidencias para ser analizadas. En su opinión, el agente que dio la orden de cerrar la puerta, pese a lo angosto de la salida y la gran cantidad de intervenidos, podría ser denunciado por el delito de homicidio culposo. “El oficial que tomó la decisión de hacer el operativo en esos términos, teniendo tan poca previsibilidad, tendría eventualmente responsabilidad penal. Eso debido a que él, como policía, está supuestamente preparado para asumir situaciones de esta naturaleza. Fue un descuido muy grande confiar en que nada iba a pasar”, dijo.
El abogado penalista Aldo Cárdenas, del Estudio Linares Abogados, coincide en que a raíz de los nuevos elementos se debería ampliar la investigación a nivel del Ministerio Público. Sin embargo, antes de señalar responsabilidades, considera que se debe establecer si la puerta abierta o cerrada fue determinante para desencadenar la tragedia, tomando en cuenta que de todas formas había más de 120 personas que intentaban escapar de un evento ilegal. “La pregunta es si la puerta condicionó las muertes, si estando abierta hubiera evitado las muertes o no. Frente a estos nuevos hechos, la percepción de la primera versión ya cambió, pero se debe determinar si la PNP cumplió con los protocolos y si estos se adecuaban a la situación”, dijo.
Sobre la persona que habría manipulado las cámaras de seguridad, Chang indica que incurría en el delito de encubrimiento real, que sanciona con hasta 3 años de prisión a quienes ocultan, manipulan o dificultan una investigación.
Hasta el momento hay dos personas detenidas por organizar la fiesta clandestina. Job Jonatan Luque Ayala, quien alquiló el local donde funcionaba la discoteca Thomas Restobar, y Juan Peña Arias, conocido como Juancho Peña, cantante y promotor del evento. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el primero por homicidio simple y violación de medidas sanitarias.
Ayer, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio ordenó impedimento de salida del país contra Peña por 18 meses por los mismos delitos.
Mientras que Leandro Montoya Callirgos, dueño del local, y Yudith Yolanda Ortega Godoy, quien habría subarrendado el establecimiento, se encuentran en calidad de investigados.
Finalmente, luego de la intervención en la discoteca, 23 personas fueron detenidas por asistir a una reunión social prohibida e infringir las disposiciones del Gobierno para evitar contagios. Se les acusó de los delitos de desobediencia a la autoridad y propagación de enfermedades. Todos fueron liberados al día siguiente tras rendir su manifestación ante los agentes de la División de Homicidios en la Dirincri. Quince de ellos dieron positivo a COVID-19. Seguirán el proceso con aislamiento obligatorio en sus viviendas.
CAMBIOS EN LA POLICÍA
Este Diario tuvo acceso a un documento policial que indica que el coronel Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón Verde; el comandante Wilzon Loconi Enriquez, jefe del Escuadrón Operativo del Escuadrón Verde; y el capitán PNP Luis Amézquita Lucana, oficial del Escuadrón Verde a cargo de la intervención en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, fueron reasignados de puesto por disposición del Jefe de la Región Policial Lima, Jorge Caya Medina, y del general de la Policía, Orlando Velasco Mujica. Esta decisión se toma una semana después de la muerte de 13 personas en la discoteca y la aparición de un video que contradice la versión oficial del agente sobre la vía de salida del local.
El documento que ordena los cambios señala como causal la “necesidad del servicio”. Junto a ellos, han sido removidos el teniente PNP Víctor Raúl Arias Rojas, adjunto del capitán Amézquita en la intervención, y el comandante PNP Fredy Hucharo Zárate, quien ayudó en las labores para abrir la puerta del local que realizaba la fiesta clandestina.
Esta tarde, durante el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, el ministro Montoya confirmó la reasignación de los miembros del Escuadrón Verde. Además, señaló que recibió “información falsa” sobre los pormenores de la intervención,
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Tragedia en Los Olivos: imágenes inéditas del interior de la discoteca 29/08/2020
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