Violación sexual de menores, un flagelo sin atención exclusiva

La noche que lo detuvieron, en abril del 2016, Eliobaldo Berrú Ambulay tenía un revolver sin balas y estaba desesperado. Habían pasado cinco meses desde que su hijo de siete años fue violado y asesinado en un descampado de Lurín, pero las investigaciones oficiales languidecían.

Berrú creía saber quién era el criminal. Lo había averiguado internándose en los fumaderos cercanos a su barrio. Según su testimonio, iba a atraparlo para entregarlo a las autoridades. La policía lo presentó como asaltante o asesino a sueldo; luego se sabría que años atrás trabajó como vigilante con el arma que llevaba cuando lo arrestaron.

El caso pasó a la fiscalía de Lurín y desde entonces, asegura, su martirio solo cambió de escenario. Pasó más de un año y medio entre citaciones con largos intervalos hasta que, hace unos días, recién se solicitó la captura de dos sospechosos. Uno de ellos sería el que Berrú ya tenía identificado.

Las pesquisas en torno a la muerte de su hijo las seguía una fiscalía penal que, como todas, veía al mismo tiempo denuncias por robo, lesiones u homicidios. En el Perú, no hay fiscales especializados para casos de violación de menores, pese a que este delito es el segundo con mayor población penal (8.450).

—Sin especialidad—

La terrible historia de Eliobaldo Berrú puede ser apenas una muestra de lo que ocurre en el ámbito nacional. De enero a junio de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió 3.972 casos de violación sexual de menores: 361 hombres y 3.611 mujeres.

El 2017, se reportaron en el país 2.341 casos de violación de menores, según el Ministerio del Interior. Lima concentró la cantidad más alta. Sin embargo, el mayor número de prófugos por este delito se registró en Arequipa (157). Cusco reportó 128 y Junín 122.

#157

prófugos por violación sexual de menores registró Arequipa el año pasado y Cusco reportó 128, según el Ministerio del Interior.

Para el ex fiscal superior Avelino Guillén es preciso que el Ministerio Público establezca una rama especializada en delitos contra el honor sexual con prioridad en los casos de menores. El Estado podría así dotar de más fiscales preparados en ello y también de ambientes adecuados. Guillén detalló que a veces los fiscales penales dejan investigaciones urgentes sobre estos casos porque atienden varias materias a la vez.

“La fiscalía aún no ha incorporado en su agenda inmediata el enfrentar la violencia sexual contra menores. Tampoco la trata de personas o la explotación sexual de niños en los campamentos de minería ilegal. Hay un descuido”, dijo a El Comercio.

Dentro de las fiscalías de carácter penal no hay una subespecialización para el delito de violación de menores como sí existe en los temas de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, medio ambiente y terrorismo. Todas estas subespecialidades tienen un fiscal coordinador de alcance nacional.

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de cada 10 víctimas de violación sexual fueron menores de edad, durante el período 2013-2017, según el Ministerio Público.

Los rubros sin subespecialización tienen en el presidente de la junta de fiscales de cada región al encargado de coordinar los casos con sus fiscales provinciales. 

Esto sucede, por ejemplo, en Madre de Dios, donde la violación sexual de menores fue hasta hace poco el delito con mayor incidencia. “Ahora es el segundo después del hurto”, refirió Octavio Ramos, presidente de la Junta de Fiscales de Madre de Dios

Allí, el sector de La Pampa registra los más altos índices del país en trata de personas y explotación sexual de menores, como delitos colaterales de la minería ilegal. Ramos considera que la escasez de recursos económicos de su región es la gran valla para enfrentar aquellos ilícitos. Otra, asegura, es que no hay especialización de fiscales en esos temas.

“Madre de Dios depende de la sede central de Lima para lo que necesite. No manejamos un presupuesto propio como las unidades ejecutoras de Piura o Arequipa, por ejemplo. Todo lo tenemos que pedir (mobiliario, personal, movilidades) y es muy difícil que nos atiendan”, indicó.

Una situación similar vive el distrito fiscal de Huánuco, cuya población quedó consternada, el año pasado, con el presunto ultraje sexual de una decena de menores a manos del suboficial PNP Carlos Tumes. 

En los reportes del presidente de la Junta de Fiscales de esa región, John Martel, ese flagelo también es el segundo en recurrencia dentro de Huánuco. Y las taras ahí son las mismas: un presupuesto que consideró irrisorio y falta de personal.

Huánuco como distrito fiscal tampoco es una unidad ejecutora de su propio presupuesto y ello, en una localidad con altas cifras de delitos sexuales, remarcó, es una alarma latente.