¿Por qué aumentaron los arbitrios en la mayoría de distritos de Lima? | INFORME

El cobro de arbitrios en los distritos limeños ha registrado un aumento significativo para este año. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 21 de las 43 municipalidades de la capital estiman un incremento en este rubro por encima del costo de vida en la ciudad (incremento promedio de los precios), expresada a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya variación promedio solo aumentó 1,9% en el 2019. En algunas localidades, las tasas alcanzan su nivel más alto de los últimos cuatro años.

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Las jurisdicciones que reciben más presupuesto presentan marcados contrastes según zonas. El incremento más alto se observa en La Victoria, donde el costo estimado por la municipalidad para la provisión de servicios públicos a sus vecinos aumentará en 51% respecto al 2019. Ese año, la mayor subida por arbitrios se registró en Los Olivos (31%), seguida por Miraflores (9,15%) y San Borja (7,8%).

Los arbitrios son tasas que pagan los residentes de un distrito a cada municipalidad por la prestación y mantenimiento de servicios que usualmente incluyen la limpieza de las calles, el recojo de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines, y el serenazgo.

—Los factores detrás—

¿A qué se debe el incremento en algunos distritos? Si bien los municipios seleccionados han calculado gastos adicionales en las cuatro áreas mencionadas, más de la mitad de estos reportan el mayor aumento en serenazgo, con tasas que superan el 40% en relación al costo del 2019. En La Victoria, que también padece una alta victimización, la inversión en este rubro aumentó casi tres veces: pasó de S/6,33 millones a S/17,8 millones.

José Antonio Roca, gerente del Servicio de Administración Tributaria de La Victoria, señaló a este Diario que la medida obedece a una actualización del costo de estos servicios, los cuales no habían variado en gran escala desde el 2015, cuando subían un monto equivalente al IPC. “En el 2019 había 120 serenos y nosotros necesitábamos unos 800 para poder cubrir de forma óptima las necesidades del distrito”, explica.

Pese a que la morosidad en arbitrios de La Victoria supera el 50%, el funcionario asegura que la subida no ha afectado la recaudación. En enero, mes de vigencia de descuentos por el pronto pago del Impuesto Predial y los arbitrios, la comuna recaudó S/16 millones, cifra por encima de los S/11 millones de enero del 2019. Roca estima que en lo que va de febrero se han recaudado S/10 millones, monto similar al mismo mes del año anterior.

—Sustento requerido—

¿Qué proceso siguen las municipalidades para estimar los incrementos? Según la normativa vigente, la determinación del monto a cobrar por arbitrios se realiza el último trimestre del año previo a su aplicación. Las municipalidades elaboran una estructura de costos por los servicios que van a prestar a través de un informe técnico, que luego es aprobado por el concejo municipal. Este posteriormente emite una ordenanza municipal.

La ordenanza que aprueba los arbitrios debe ser ratificada por la provincia a la que pertenece cada distrito (en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima) y publicada a más tardar el 31 de diciembre para que entre en vigencia por un año. Los municipios que incumplen con el plazo solo podrán cobrar el monto previo más la variación del IPC.

Jhonny Zas Friz, profesor de Derecho Municipal de la PUCP, señala que, si bien no hay límites para el cálculo de los arbitrios, los distritos deben cobrar tasas iguales al costo real de la prestación del servicio.

“Se establece flexibilidad, pero el cobro tiene que estar absolutamente sustentado. La MML debe analizar la consistencia de las subidas. No puede haber aumentos arbitrarios. El mismo Tribunal Constitucional estableció una sentencia obligatoria con criterios para determinar la validez del sustento de los arbitrios”, dice.

El gerente del Centro Legal de la CCL, Víctor Zavala, explicó que frente al aumento, las mismas ordenanzas establecen porcentajes topes a cobrar que varían entre el 10% y el 20%. “Para no afectar a los vecinos se ha establecido un tope que es lo máximo que ellos van a pagar de aumento. Se entiende que el porcentaje restante lo asume cada municipio”, señala.

Para el caso de La Victoria, los contribuyentes solo alcanzarán a pagar una tasa adicional máxima del 20%. “La ordenanza que se aprobó en el SAT era de 51%, pero cuando esta llega al Concejo de Lima le ponen un tope de 20%. Es decir, si a un vecino los arbitrios le costaban S/100 al año, ahora pagará máximo S/120”, detalla Roca.

—Las observaciones—

Para el especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni, el alza no se justifica, dado que está por encima del costo de vida, especialmente en áreas como la seguridad ciudadana, cuyas funciones son competencia exclusiva del Gobierno Central.

“El alza no se justifica porque la inflación no llega siquiera al 1%. En muchos casos, se le quiere pasar al vecino una responsabilidad que no es de las municipalidades. El orden interno le corresponde a la policía, el serenazgo es para apoyar. Creer que las municipalidades van a acabar con la delincuencia aumentando el serenazgo es una mentira”, opina.

Castiglioni añade que si bien las ordenanzas han pasado previamente por el control de Lima Metropolitana, esta comuna no cuenta con los instrumentos adecuados para medir los costos. “Lo que hace es un trabajo administrativo y no de campo para ver si realmente las alzas se justifican”, puntualiza.

Se organizaron protestas vecinales

El incremento en el cobro de arbitrios generó protestas de vecinos del distrito de La Molina durante las primeras semanas de este año. El pasado 22 de enero, un grupo de 77 personas organizó un plantón en el frontis de la sede de esa comuna. Ellos tuvieron que retirarse por no contar con las garantías del Ministerio del Interior.

En una entrevista con este Diario, el alcalde Álvaro Paz de la Barra refirió que el tope del aumento era de 18%. Este equivalía a montos entre S/3 y S/45. El burgomaestre explicó que con estas alzas la seguridad en el distrito se triplicaría.

“Cuando llegamos a asumir la gestión, hicimos todos los intentos para no subir arbitrios [...] Los fenómenos sociales con respecto a la ola de criminalidad en el último año y medio han sido tremendos”, señaló en aquella oportunidad.

Los especialistas consultados sostienen que, si bien las cuponeras donde figuran los cobros no pueden ser impugnadas, los vecinos que consideren reclamar pueden recurrir a instancias como el Tribunal Fiscal, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, o incluso plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.