(Foto: El Comercio)
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Rodrigo Cruz

Semanas antes de que este Diario diera a conocer los vínculos de una empresa del corredor verde con un presunto clan del narcotráfico, Pro Transporte ya venía lidiando con este concesionario. 

— ¿Qué hizo Pro Transporte cuando supo de presuntos vínculos del narcotráfico en el corredor verde?

Ni bien recibida la información, enviamos cartas a la PNP y a la fiscalía de lavado de activos para que inicien una investigación contra quienes resulten responsables. Pero nosotros ya veníamos realizando acciones administrativas. 

— ¿Cuáles?

Una vez que se le suspendió la ruta 516 [el 5 de enero] por no cumplir una serie de requisitos, como no respetar el recorrido que está en el contrato, les hemos impuesto infracciones por más de S/789 mil. Además, hemos empezado a retirar sus vehículos y llevarlos a los depósitos. Por ahora, tenemos a dos de sus buses internados. Podrían haber sido más pero por una falta de capacidad en los depósitos del SAT no hemos podido. 

— ¿Por qué el narcotráfico estaría interesado en entrar al transporte público?

Porque se han creado las condiciones para que se renueve el parque automotor de Lima y los operadores presentan dificultades para comprar vehículos nuevos. Así, es fácil que se presente un Mesías para decir: tengo buses, te los alquilo o te financio barato.  

(Foto: El Comercio)
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— ¿Qué hará su gestión para prevenir infiltraciones de redes criminales?

Habrá que hacer una investigación mayor del antecedente de la empresa que alquila los buses o de los propietarios de los vehículos. Ha encendido una señal de alarma lo sucedido con el corredor verde

 — ¿Cuánta responsabilidad tiene la gestión anterior, de Luis Castañeda?

Yo creo que hubo una premura en autorizar a último momento una ruta que no debió hacerse. Esa ruta no se debió autorizar, independientemente de si los buses estaban limpios o no.  

— ¿Por qué no se debió autorizar la ruta 516?

Ellos firmaron un contrato de concesión por una ruta [por la que aún no han operado], pero circulan por otra, valiéndose de una autorización de la gestión anterior, que venció el 5 de enero. Si demostraran que la ruta original no sirve, la podrían cambiar, pero, ¿por qué tienen que modificar una ruta si ni siquiera la han probado? Hoy hacen un recorrido ilegal. Para mí, es un error técnico; lo que haya detrás de ello se tendrá que investigar.

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